martes, 6 de junio de 2006

Por una justicia eficaz

COLUMNA DE OPINET
Mientras los trabajadores de la justicia piden plata, lo que el pueblo quiere es una justicia pronta y sensata

Lo que se ha puesto en evidencia con el largo paro de trabajadores de la justicia colombiana es que las mismas imperfecciones del aparato judicial lo han convertido en un ente insulso, del que no importa mucho si está en paro o no.
Si bien es aceptable que todo trabajador aspire a mejorar sus condiciones laborales y salariales, a los empleados de la Rama Judicial lo que les hace falta es presentar un pliego de ofrecimientos -al estilo japonés- en el que se comprometan con el mejoramiento de algunos temas que hacen de ésta la rama más ineficaz del Estado en Colombia.
Hay que enfatizar, sin embargo, que la Justicia no es total responsable de la impunidad en el país, aunque sí en gran parte.
Tampoco es la completa responsable de que un proceso pueda durar más de 15 años y que la confianza de la ciudadanía sea tan pobre que la mayoría de los delitos ni se denuncien, pero hay un gran número de jueces y magistrados que tienen un concepto de Justicia retorcido por la ideología que, aunado a ese santanderismo que impone leyes para todo, muchas de difícil cumplimiento, han convertido este agente esencial de la democracia en algo tan inocuo como tener o no tener un zoológico municipal.
En el mundo, varios filósofos de las ciencias políticas han esparcido la idea de que las condenas judiciales no pueden ser un castigo sino un medio de resocialización de los criminales y que si el sistema penitenciario no puede ofrecer condiciones para tal efecto -como ocurre en Colombia-, no tiene sentido la imposición de una pena.
Según esa vertiente utópica (con amplio arraigo en nuestro país), el castigo no puede ser tal ni tener visos de venganza.
Consideran así que las condenas largas que no ofrecen esperanza al reo de regresar al seno social y tener allí una nueva oportunidad de realización, constituyen actos de represión y escarmiento inhumanos que no tienen justificación.
Esta corriente de pensamiento está íntimamente ligada a otra que considera impráctico administrar la justicia de los códigos mientras no exista justicia social. Entonces, en los estrados judiciales se toman decisiones políticas en pro de una ideología que detesta los códigos por servir a la economía de mercado, a los detentadores del capital, a la burguesía y al establecimiento pero no a la causa popular (¿la revolución?).
Y vemos con frecuencia fallos absurdos que liberan temibles delincuentes por su ‘buen comportamiento’, les dan detención domiciliaria a personas que han cometido graves daños a la sociedad o eximen de responsabilidad a las guerrillas por casos de los cuales los mismos subversivos han dado fe, como el magnicidio del Eln en Machuca.
Pero sería absurdo, por supuesto, creer que estas corrientes de pensamiento sólo germinan entre los jueces, los legisladores tienen una inmensa responsabilidad por la inoperancia de nuestra justicia al dictar o mantener normas que van contra del sentir popular como la inimputabilidad de los menores, la reducción de penas, el exagerado garantismo y la estricta vigilancia del respeto a los derechos humanos de los criminales mas no de los ciudadanos inermes.
Aquí sale a relucir la moralina de quienes dicen que para qué meterle diez años de prisión a un violador si a los paramilitares, autores de masacres, les van a meter sólo ocho (así sea por el bien supremo de la paz y ponderando que a las guerrillas siempre se les da amnistía).
De tan sinuosas opiniones y viendo los casos de todos los días, cabe argumentar que en Colombia no se está administrando justicia con el mismo rasero pero ya no en favor de los ricos, como se decía antes, sino en favor de los delincuentes, que más tardan en ser capturados que en volver a sus andanzas.
La congestión carcelaria no puede ser disculpa para que muchos jueces apliquen su ‘iluminada’ filosofía y se ahonde en el caos.
En vez de pedir sólo dinero deberían aportar soluciones que devuelvan la confianza en esa institución como lo está haciendo el sistema oral: el rápido avance en los casos del crimen de Liliana Gaviria y la masacre de policías en Jamundí demuestran la eficacia de un sistema más transparente donde los jueces no pueden tomar decisiones absurdas que no son más que otra injusticia.
Les debería interesar a los trabajadores de la Rama mostrar que sus actuaciones son altruistas y que no están ahí sólo por la plata

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