viernes, 25 de agosto de 2006

Los inicios de la Policía


La policía fue en la capital desde finales del siglo XVIII y durante casi todo el XIX en extremo precaria. El virrey Ezpeleta creó en 1791 una Junta de Policía presidida por el oidor Juan Hernández de Alba y compuesta por los alcaldes de primero y segundo voto, Antonio Nariño y José María Lozano, y por el regidor Primo Groot. Esta junta, organizó un cuerpo de serenos cuya misión consisitía en ejercer la vigilancia nocturna del sector comercial de la ciudad y era pagada por los comerciantes de la Calle Real. La creación de la ronda del comercio fue prácticamente toda la labor que pudo realizar la Junta de Policía presidida por el oidor Alba, porque la falta de recursos le impidió hacerse cargo de los demás objetos que le encomendara el virrey.
Así nació y murió el primer intento que hubo en Santa Fe de organizar un cuerpo regular de policía de vigilancia y seguridad, pues no resultó posible establecer una renta que pudiera sostenerlo de manera permanente.
Reviste especial interés anotar cómo al conocerse en Bogotá la noticia del triunfo del ejército libertador en Boyacá un grupo de notables de la capital, dirigidos y coordinados por el coronel Francisco Javier González, “Gonzalón”, tomó rápida conciencia de cuán imperioso resultaba precaverse contra los desórdenes, rapiñas y saqueos que fácilmente podía generar el vacío de poder producido por la fuga del virrey Juan Sámano y las autoridades españolas.
El coronel González y sus amigos no andaban equivocados, ya que en efecto se presentaron conatos de asaltos y depredaciones orientados especialmente hacia las residencias y comercios de los chapetones que habian salido en estampida rumbo a Honda y que, por no haber tenido tiempo de llevar consigo la totalidad de sus mercancías y otras pertenencias, las habían dejado abandonadas en casas, tiendas y bodegas.
“Gonzalón” y sus voluntarios se mostraron eficientes y acuciosos en grado sumo, hasta el punto de que pudieron controlar a la perfección el orden en la capital capturando y reprimiendo sin contemplaciones a los cacos y merodeadores que se lanzaron a las calles convencidos de que iban a darse el gran festín.
Una vez que Bolívar hizo su entrada triunfal en Bogotá el 1 de agosto de 1819, el coronel González organizó con sus voluntarios, que eran en su mayoría artesanos, una escolta permanente que asumió la vigilancia de la Casa de Gobierno donde se alojó el Libertador. Al poco tiempo, en noviembre del mismo año, el vicepresidente Santander creó un cuerpo de policía secreta entre cuyas funciones se contaba la de “observar las reuniones de gentes sospechosas y particularmente de mujeres que tengan emigrados a sus padres, hijos o maridos, o tuvieren alguna otra relación con los españoles”.
En los comienzos de 1820 las autoridades empezaron a percibir el auge de un grave problema, subproducto de la guerra libertadora. Era la invasión a Bogotá de ex-combatientes que por diversas razones, entre ellas enfermedades y mutilaciones habidas en el campo de batalla, habían quedado cesantes y sin protección de ninguna naturaleza. En consecuencia el intendente del departamento, señor Estanislao Vergara, promulgó una “Instrucción de alcaldes pedáneos de esta capital”, sumamente severa en materia de policía, por la que mandó a los alcaldes de barrio nombrar en cada manzana de la ciudad un “celador” entre los vecinos que en ella habitaran o trabajaran, para que hiciera el empadronamiento de todos los habitantes del sector con expresión del arte u oficio de cada uno, y poder así detectar “a aquellos que no tuvieren oficio alguno, y que están entregados a la ociosidad y vagabundería... para que se les destine al ejército”.
Este problema vino a intensificarse con caracteres alarmantes a partir de 1825, año en que se produjo la cesación total de la guerra de independencia, coronada definitivamente con la victoria de Ayacucho. Lógicamente la desmovilización de hombres que por lo general habían sido reclutados en los campos determinó su éxodo hacia las ciudades. Bogotá, como es fácil suponerlo, fue uno de los principales focos receptores de esta migración. Los enfermos y tullidos se entregaron a la mendicidad por las calles; los que gozaban de cabal salud se dedicaron al robo y al asalto nocturno. El latrocinio, la inseguridad y la detestable proliferación de limosneros amenazaron entonces con hacer invivible a Bogotá. Sobre la mendicidad informó el periódico El Noticiozote, del 20 de febrero de 1825: “Damos noticia que hemos visto pidiendo limosna por las calles de esta ciudad a soldados jóvenes de 16 a 18 años, arrastrándose por estar tullidos, y cayéndose por estar paralíticos ”. De este mismo mal, y de los robos, había informado en 1823 el francés Mollien, cuando apenas empezaba el problema: “... hay una plaga verdaderamente espantosa que aflige a Bogotá: los pobres. ... En la Calle Real unos vigilantes velan por la seguridad de los comercios, que a pesar de esa vigilancia, suelen ser asaltados”.
La prensa de la época se mostró inflexible en sus críticas y denuncias sobre esta aflictiva situación. A diario informó sobre los robos perpetrados por los salteadores en residencias, casas de comercio y hasta iglesias y conventos. Se trató de organizar una lucha más activa contra la ola devastadora de delincuencia, por lo que el intendente Enrique Umaña expidió el 11 de febrero de 1826 un decreto que organizaba con meticulosidad un nuevo sistema de control policivo de mendigos, vagos, desocupados y forasteros en la ciudad. Por este decreto, a más del Jefe Político y de los dos alcaldes municipales, se regularizaron en Bogotá diez alcaldes de barrio, cuatro para la Catedral y dos para cada uno de los otros barrios. El jefe político debía, asimismo, nombrar en cada una de las calles que atravesaban cada barrio un vecino con el cargo de “comisionado principal” de calle, cuyas atribuciones principales serían:
“Nombrar un celador en cada cuadra, a quien encargarán el cuidado y arreglo particular de ella, que deberá vivir en la calle en que fuere nombrado el mismo. Los comisionados principales darán parte diariamente al alcalde de barrio de cuantas novedades ocurran en su calle, de los forasteros que se hayan alojado en ella, de los que hayan mudado de habitación... Cada celador formará un padrón exacto de la calle que le corresponde, ... ”
Tan rigurosa reglamentación no se cumplió cabalmente por la razón de siempre: que los celadores de cuadra, los comisionados principales de calle y los alcaldes de barrio debían laborar sin sueldo. En consecuencia el Intendente elaboró un plan complementario para combatir la inseguridad mediante patrullas itinerantes nocturnas. Sin embargo, para describir la situación, un periódico la resumió así: “Mientras la patrulla está en San Victorino, los ladrones roban en Las Nieves”.
El problema de la guerra contra la inseguridad no tardó en adquirir implicaciones políticas. La Municipalidad, que también estaba fervorosamente empeñada en desarrollar y ejecutar planes contra la delincuencia, dirigió un memorial al Congreso en 1826 en el que hacía duros enjuiciamientos sobre las consecuencias que, según ella, habían tenido en este caso las garantías y libertades propias del nuevo régimen republicano. Del documento de la Municipalidad se infería la necesidad de hacer más rigurosas la legislación y las medidas encaminadas a la represión del delito. Esta y otras medidas similares suscitaron una airada reacción por parte de los sectores gobiernistas, que no vacilaron en calificar de “liberticida” la propuesta de la Municipalidad, lo cual le acarreó una multa de 50 pesos a cada municipal por parte de la Corte Superior de Justicia del departamento.
A pesar de esta polémica, y acaso presionado por la extrema gravedad de la situación que habían creado los malhechores en la capital, el Congreso se vio obligado a expedir en mayo de 1826 una ley que estableció juicios sumarios y la pena capital para salteadores y ladrones a mano armada. Esta ley, que fue sancionada por el vicepresidente Santander, entró en vigencia en momentos en que el caos estaba ya conduciendo a los ciudadanos a tomarse la justicia por propia mano. Poco antes de su expedición se dio el caso insólito de unos ciudadanos que azotaron a un ratero y luego le hicieron firmar un recibo por los azotes.
También por esos días la prensa informó sobre un vecino de la parroquia de San Victorino que sintió ruidos una noche en la caballeriza de su casa. Poseído por la explicable paranoia que se había apoderado de los bogotanos de entonces, el referido personaje no se anduvo con rodeos de preguntar a sus intrusos nocturnos quiénes eran ni qué estaban haciendo en la caballeriza. La verdad es que no eran tales maleantes sino unos pobres y honrados viajeros que se habían guarecido en la caballeriza para protegerse de un aguacero inclemente. Los desdichados trataron de dar explicaciones a gritos pero resultó inútil. Uno de ellos fue atravesado de un lanzazo y murió poco después. El otro alcanzó a escapar.
Era de tales dimensiones la miseria económica que asolaba a Bogotá en aquella época siguiente a la guerra de independencia que, en principio, cuentan las crónicas de entonces, esta ley draconiana no intimidó a los delincuentes. En 1827 se produjo el primer fusilamiento de un ladrón en la capital. Fue ejecutado el día lo. de junio. Era un joven de 26 años, llamado Santos Madrid, que había asaltado a mano armada la residencia de la señora Rafaela Vélez, hiriéndola a ella y a otros miembros de su familia. El reo intentó conmover al tribunal con una patética exposición sobre las numerosas batallas de la gesta libertadora en que había participado y sobre las heridas que había recibido en ellas. Pese a todo los jueces se mostraron inexorables y el bravo guerrero de la Independencia venido a ladrón sufrió ante el pelotón de fusilamiento el máximo rigor de la justicia. A los pocos días un ciudadano llamado Miguel Amaya fue también ejecutado al hallársele culpable de abigeato.
A todas éstas, dentro de la tumultuosa proliferación de versiones, puntos de vista encontrados, teorías y polémicas en torno a la inseguridad, el periódico El Conductor del 12 de septiembre de 1827 descargó la responsabilidad de la situación sobre los jueces, acusándolos de estar obsoletos y tercamente aferrados a vetustas normas jurídicas coloniales ineficaces para combatir el delito.
Además de la pena de muerte vino a contribuir para asestar el golpe mortal a la delincuencia la acción implacable del célebre Buenaventura Ahumada, Jefe de Policía de Bogotá entre 1827 y 1829.
“Don Ventura”, como se le llamaba popularmente, era un funcionario recto y severo en grado superlativo, que consagró todo su talento y sus energías inagotables a librar a Bogotá del flagelo de los malhechores. El señor Ahumada empleó contra ellos todos los medios disponibles con la máxima energía, incluida la recluta de numerosos vagabundos y gentes sin oficio para los ejércitos que marcharon a impedir la anexión de Guayaquil por el Perú, la sublevación de López y Obando en Pasto y el alzamiento del general Córdova en Antioquia.
Pero no solamente fueron los ladrones y los vagos víctimas de los severos zarpazos de Don Ventura Ahumada. También las prostitutas, que por causas análogas abundaban en las calles bogotanas, fueron capturadas y orientadas hacia menesteres más limpios y honestos. Decía a este respecto Don Ventura en un informe que pasó al Intendente del Departamento: “Tengo también la satisfacción de haber arrancado de la inmoralidad y el escándalo a 110 mujeres que hacían comercio público e infame, las cuales he destinado al servicio de algunas familias que pueden asegurarles subsistencia y sujeción “. Y ahí no paraba la actividad arrolladora del infatigable policía. También su largo brazo alcanzó a los esclavos cimarrones que huían de sus amos. Sus hombres atraparon a 25 de ellos y se los devolvieron a sus legítimos propietarios. Lo mismo hicieron con 19 esclavas que también escapaban. En suma, al finalizar su gestión Don Ventura Ahumada pudo experimentar la complacencia y la ufanía de haber limpiado de vagabundos y antisociales a la capital de la República, reclutándolos para el ejército y “concertándolos” en los talleres de artesanos “en donde bajo la responsabilidad de los maestros o directores aprenden un oficio que los ponga a cubierto de la indigencia y de la ocasión al crimen, que ofrece la ociosidad”.
Sin embargo, al poco tiempo los estragos de los conflictos armados que acompañaron la disolución de la Gran Colombia volvieron a aumentar el número de prostitutas en Bogotá. De ahí que la campaña contra la inseguridad se dirigió ahora contra ellas. “El mejor medio para evitar tantos males, editorializó al respecto el Constitucional de Cundinamarca del 6 de noviembre de 1831, sería arreglar bien los padrones de la población, saber la ocupación de tanta mujer escandalosa, y hacer gravitar la responsabilidad de su mal comportamiento sobre sus padres, parientes o deudos, haciéndolas desde temprano abrazar alguna ocupación. ¿ Y cómo se consigue esto? Por medio de una vigilancia constante, de una policía severa ...”.
Ese mismo periódico publicó un decreto de policía del gobernador Rufino Cuervo por el que, “faltando fondos para salariar agentes”, mandó de nuevo a los alcaldes de barrio nombrar en cada manzana de la ciudad un celador “de los habitantes más activos y capaces de la misma manzana ... que cuide en ella del orden, aseo y tranquilidad pública”.
Estos celadores, entre otras atribuciones, debían hacer el padrón de su sector e informar al alcalde de barrio sobre las novedades de personas que llegaran a vivir, o se ausentaran de la manzana. En el periódico oficial de la provincia, del 11 de diciembre siguiente, apareció publicada la lista de los 58 celadores de manzana nombrados en el barrio de la Catedral.
Después de la Guerra de los Supremos (1840-1842) y hasta principios de 1845, Agustín De Francisco, el jefe político municipal, y Alfonso Acevedo, el gobernador provincial, realizaron a su turno una intensa campaña de limpieza de vagos, prostitutas, antisociales y desocupados en la ciudad, como la que efectuaron años atrás Buenaventura Ahumada y Rufino Cuervo, y como la que en adelante siempre se realizaría luego de cada guerra civil. Sobre la situación que se vivía cuando estaba por concluir la Guerra de los Supremos se refirió así el Constitucional de Cundinamarca del 10 de julio de 1842: “Como consecuencia precisa del estado de revolución en que se ha encontrado el país aparecieron en Bogotá después de la guerra una multitud de ladrones... La calle del comercio se encontraba infestada de vagos que recorriéndola en todas direcciones acechaban el momento de efectuar el robo ratero; la policía ha ordenado su persecución y está formando un depósito de esta gente para enviarla a la costa en reemplazo de las bajas del ejército”.
Por esa misma época se generalizó otra medida muy drástica e innegablemente muy cercana, por sus características, a la esclavitud neta.
Fue el llamado “Concierto” para vagos y prostitutas. Los primeros eran “concertados” en casas de familia, maestros artesanos, comerciantes o hacendados de la Sabana, lo cual en otras palabras consistía en una condena a trabajo obligatorio en beneficio de patronos particulares por un período fijo que oscilaba entre uno y seis años, a cambio de techo y comida. La diferencia entre un concertado y un esclavo era realmente mínima. Fuera de los destinados al ejército ascendió a más de 200 el número de los catalogados como vagos y prostitutas que fueron condenados a concierto obligatorio en Bogotá en los dos años tres meses transcurridos entre octubre de 1842 y enero de 1845, según informaciones aparecidas en el Constitucional de Cundinamarca de ese período, y a otras 200 el de prostitutas “destinadas al fomento de nuevas poblaciones”.
Avisos como el siguiente eran publicados en la prensa de esos años: “Los señores antioqueños y demás personas que necesiten muchachos para conducir fuera de esta provincia, pueden ocurrir a la policía donde se entregarán a concierto por cinco años los que hay”.
El concierto de las prostitutas en las casas de familia ya venía desde los tiempos de Don Ventura Ahumada, pero hacia 1842 se estableció una nueva modalidad con estas desventuradas consistente en remitirlas sin apelación posible a lugares apartados con el fin de “fomentar las nuevas poblaciones”. La prensa de entonces publicaba informaciones como esta: “El 6 de octubre de 1842 han salido de esta capital para la Provincia de Mariquita, destinadas a las nuevas poblaciones de la montaña del Quindío, 20 mujeres reputadas públicamente como de mala conducta. Muy pronto saldrá otra partida igual y en lo sucesivo toda mujer que haga público alarde de su desmoralización será destinada infaliblemente al fomento de nuevas poblaciones.” Otra información daba a conocer a los lectores piadosos un hecho de notable relevancia: antes de que estas mujeres de vida desordenada salieran a sus respectivos destinos, tendrían que someterse a nueve días de ejercicios espirituales a fin de purificarse e iniciar su nueva vida de una manera más apropiada.
Las leyes dirigidas a reprimir la delincuencia se siguieron aplicando con extrema dureza. Hacia 1841 se puso en práctica la humillante y oprobiosa pena de la “vergüenza pública”, cuya peor consecuencia era que el que la padecía quedaba “infame”. En los archivos de esa época existen insólitas sentencias de este tenor: “A trabajos forzados en Chagres (Panamá) por un período de 11 años, 26 días, 9 horas y 36 minutos”. Hay otra por la cual se condenó a un infeliz a tres años de presidio e infamia por haber robado unas yucas y algunas piñas y cebollas. Y otra que impuso dos meses de prisión a un raterillo por haber hurtado 10 centavos de plátanos.
En otro campo bien distinto llegó a tales extremos la manía moralizante de legisladores y jueces, que impusieron duros castigos a quienes, en vez del santo sacramento del matrimonio, elegían otros sistemas de convivencia. La unión libre era cruelmente penada con un año de confinamiento de los amantes ilícitos en lugares separados por una distancia mínima de 100 kilómetros que, dada la situación de las comunicaciones entonces, era una distancia realmente sideral. Pero si al producirse el amancebamiento el hombre era casado, el castigo era más severo aún. El varón sufría ocho meses de prisión y la mujer un año y cuatro meses de confinamiento en algún lugar que distara los consabidos 100 kilómetros de aquel en que se encontraba preso el marido furtivo.
En un informe dirigido a la Cámara Provincial en 1846, el gobernador Pastor Ospina planteaba la dramática situación de la ciudad en cuanto a servicios de policía, anotando que sólo había muy pocos agentes y muy mal pagos. Dos años más tarde, el gobernador Mariano Ospina Rodríguez denunciaba el hecho gravísimo de haber sido suprimido del todo este cuerpo de policía provincial y ponía de presente el alto grado de inseguridad en que se hallaba la ciudad desamparada. Bogotá llegaba a mediados del siglo sin agentes de policía.
Al iniciarse el nuevo régimen liberal en 1849, esta situación continuó igual hasta que en 1850 el gobernador Mantilla se dirigió al Cabildo presentando el panorama en toda su extrema gravedad y exigiendo fondos para la creación de un contingente de policía. Pero el dinámico gobernador no se sentó a esperar la respuesta de la corporación, sino que procedió a hacer patrullar la ciudad con soldados del Ejército acantonados en Bogotá.
La Cámara Provincial recogió esta justa preocupación general y procedió a crear un pequeño destacamento de policía para operar en Bogotá. Al cabo de poco tiempo, El Constitucional de Cundinamarca del 21 de diciembre de 1850 daba cuenta de una serie de delitos, especialmente robos y asaltos, cuyos autores habían sido aprehendidos, juzgados y penados, gracias a la actuación del nuevo cuerpo de policía. Entre otros, el periódico informó que “Se descubrió la existencia de una compañía de muchachos, de muy corta edad la mayor parte de ellos, que de concierto y auxiliados mutuamente, se ocupaban de robar pequeñas cantidades y objetos de corto valor, fueron aprehendidos, se les comprobó su mala conducta, y se les ha concertado con particulares, ganando cómodamente su subsistencia”. Como se ve, el gobierno liberal continuaba la práctica de concertar, o contratar con particulares a los vagos y pequeños delincuentes. Los así concertados debían trabajar para su patrono obligatorio durante el tiempo señalado por la autoridad, o de lo contrario eran remitidos a la cárcel a pagar una condena regular.
Por efecto de la disolución de los resguardos indígenas que en corto tiempo desalojó a los aborígenes de sus últimas tierras comunales, entre 1850 y 1851 la ciudad capital sufrió el azote de una nueva ola de crímenes y delitos contra la propiedad. Todas las casas bogotanas se convirtieron en auténticas fortalezas y los ciudadanos se armaron para hacer frente a los malhechores y desocupados. Algunos atribuyeron entonces al abogado de pobres y secretario de la Sociedad Democrática de Artesanos, José Raimundo Russi, la dirección y organización de los facinerosos que asolaban la ciudad.
El caso de Russi ha sido motivo de infinitas controversias. El misterioso abogado cayó en manos de la justicia, se le procesó como autor de varios delitos, entre ellos un asesinato, y se le fusiló el 4 de Junio de 1851 junto con otros cuatro reos. El hecho es que nunca ha podido ser desmentida del todo la versión según la cual Russi era inocente y que fue víctima de una retaliación política para escarmentar a sus amigos los artesanos democráticos, a quienes se atribuían las fechorías cometidas por la supuesta “banda de Russi”.
El Gobernador Provincial, por decreto del 17 de marzo de 1853, regularizó la contribución denominada de “Serenos”, que se venía recaudando desordenada e irregularmente, y determinó que con ella se contrataran 16 serenos para la parte céntrica de la ciudad. La contribución debía pagarla todo comerciante, boticario, librero y dueño de establecimiento de especulación pública ubicado en las calles que se irían a vigilar.
Estos serenos entraron en servicio el 12 de abril siguiente, y muy seguramente su nombramiento debió estar relacionado con los enfrentamientos que por entonces empezaban a protagonizar “guaches” y “cachacos” en Bogotá, como una forma de protegerse los comerciantes de posibles ataques de los primeros. En igual sentido, a comienzos de 1854, fueron creados “Cuerpos Auxiliares de Policía”, que el Gobernador Gutiérrez Lee confesó paladinamente tenían como objetivo contrarrestar el poder del ejército, al cual se consideraba como sospechosamente adicto a la causa de los artesanos golpistas.

1 comentario:

Patton dijo...

Como siempre, muy interesante ... explica muchas cosas sobre las costumbres de las mujeres de la zona cafetera ... ;)

(es en broma, por si acaso)

Muy curioso que varias de las medidas de ese tiempo ... hoy en día han vuelto a ser puestas en práctica.