martes, 5 de diciembre de 2006

El fin de los Resguardos Indigenas

El viajero francés Bous singault anotaba en 1823 que los aborígenes de Bogotá y la Sabana “generalmente viven fuera de la ciudad, en chozas circulares de techo cónico, en la misma forma en que los encontraron los españoles.
La única diferencia que se nota entre el muisca actual y sus antepasados es que ha perdido su idioma autóctono. El indio vive más o menos como vivía tres siglos atrás, con su familia no muy numerosa. Cultiva su chacra y cría gallinas. Es asiduo y paciente en el trabajo. En los caminos se le encuentra hilando algodón con huso al mismo tiempo que camina y vigila los ganados”.
Una vez establecido el gobierno republicano fue preocupación de los legisladores convertir a los indígenas en propietarios individuales desmontando el viejo sistema de resguardos que había creado y puesto en vigencia la corona española siglos atrás. La figura jurídica del resguardo tenía como finalidad esencial proteger a los naturales contra el poder y los abusos de los latifundistas agrupándolos en parcelas comunitarias que ellos podían cultivar mas no enajenar.
Colocado el asunto en términos de lenguaje popular, los resguardos impedían que el pez grande se comiera al chico.
Vientos nuevos soplaron sobre los resguardos con el triunfo de la independencia. Los legisladores republicanos juzgaron limitante y opresivo el régimen de propiedad comunitaria y se propusieron desde los comienzos de la nueva era la finalidad de desmontarlo.
Conforme con su criterio los indígenas no tenían por qué ser ciudadanos de segunda categoría, sujetos a cortapisas en sus derechos de comprar y vender la tierra con libertad irrestricta. Pensaban que obligarlos a vivir dentro del régimen de resguardos era algo así como mantenerlos parcialmente aherrojados. La libertad era para todos y en igual proporción. En consecuencia, ya en octubre de 1821 se promulgó la primera ley dirigida a demoler la antigua armazón de los resguardos; leyes de marzo de 1832 y junio de 1834 completaron la realización de este objetivo.
La verdad es que nada pudo ser más funesto para la vida y condición general de los aborígenes que la demolición de los resguardos. La idea de los legisladores republicanos de crear por la simple virtud de la ley una inmensa multitud de felices propietarios y acomodados minifundistas resultó ser una absoluta utopía. Cuando los indígenas usufructuaban en comunidad las tierras de los resguardos nada les faltaba y vivían dentro de un nivel aceptable. Pero al ser autorizados por el legislador para repartir y luego enajenar las tierras comunales se hizo patente el desnivel entre los recursos políticos y económicos de los poderosos enfrentados al desamparo de los indígenas.
En el momento en que el legislador repartió las tierras de los resguardos y entregó a cada aborigen su parcela con plena potestad para hacer de ella lo que quisiese, los más pudientes cayeron sobre ellos como aves rapaces, les compraron sus tierras, por lo general a precios viles, y de la noche a la mañana los convirtieron en asalariados, arrendatarios y concertados en el campo, y en mendigos y aun maleantes en la ciudad.
Dejemos que sea un destacado testigo directo de esta situación quien nos trace un cuadro patético y veraz de los efectos que produjo la disolución de los resguardos. Se trata del Gobernador de Bogotá, Alfonso Acevedo, quien dirigió una comunicación al Secretario del Interior, la cual publicó el Constitucional de Cundinamarca el 3 de abril de 1842. En el documento del señor Acevedo se aprecia de manera impresionante el cúmulo de tropelías y depredaciones de que fueron víctimas los aborígenes a partir del momento en que empezaron a gozar de la dichosa “libertad” de propietarios individuales de tierras. Veamos el texto de este valioso testimonio:
“Por desgracia el mal es ya irreparable y en unas partes la avaricia, y en otras la ignorancia ha reducido a centenares de indígenas a la más completa mendicidad. Es un dolor que las disposiciones que se dictan para elevar a los indígenas a la clase de propietarios haya servido de instrumento para reducirlos a la miseria. En algunas parroquias han sido despojados de sus terrenos exigiéndoles por los curas las pequeñas porciones que les han cabido en pago de entierros.
En otras han vendido sus porciones a pesar de la prohibición para hacerlo pues algunos jefes políticos por interés personal, han dado licencia para la venta, verificándose ésta en reducidas cantidades que se entregan a los indios poco a poco y que sólo sirven para fomentar en ellos el vicio de la embriaguez; en otras, no pudiendo conseguirse licencia para ventas se han inventado el que los indígenas empeñen indefinidamente sus terrenos a los propietarios vecinos que de este modo los adquieren a pesar de las disposiciones legales; y en todas las parroquias hay una tendencia constante a apoderarse de los resguardos de indígenas y estos infelices, sin capacidad para defender sus derechos y engañados constantemente por los mismos que debieran protegerlos, no pueden conservar su propiedad...
“En el estado en que hoy se encuentran los repartimientos no pueden ya suspenderse; pienso que antes de 4 años ningún indígena poseerá porción alguna de terreno, resultando el grave inconveniente de que todos ellos se conviertan en mendigos y holgazanes, dejando la útil profesión de la agricultura de que hoy viven proporcionando a la raza blanca víveres abundantes y baratos, pues como usted habrá observado los terrenos que estos poseen son en general los más bien cultivados, y los indígenas son los que proveen todos los mercados de la provincia de Bogotá de los víveres necesarios”.
Anotábamos anteriormente que la policía bogotana tomó la medida de “concertar” vagabundos y pordioseros en casas particulares de la ciudad y el campo. Es triste verificar cómo muchos de esos pobres “concertados” habían sido antaño tranquilos y apacibles beneficiarios de las tierras comunales de los resguardos que, como consecuencia de la “libertad” que les había otorgado el reparto de los mismos, se veían ahora sumidos en la más negra indigencia.
En 1847 se hallaba en plena marcha la política de desmonte de los resguardos indígenas. El 1. de septiembre de ese año Pastor Ospina, Gobernador de Bogotá, presentó a su sucesor Mariano Ospina un informe en el que le decía que ya se había repartido el resguardo de Facatativá y que se habían tomado las medidas para hacer lo propio con los de Nemocón, Fúquene, Fómeque, Zipacón, Tabio y Tocancipá. Mariano Ospina, a su turno, informó a la cámara provincial el 21 de septiembre siguiente, que en los pocos días que llevaba desempeñando la Gobernación “es muy raro aquel en que no se hayan presentado en ella algunos indígenas poniendo quejas y haciendo reclamaciones relativas a sus resguardos; algunos son de los distritos en que ya se hizo la distribución y la mayor parte de aquellos en que está aún por hacerse ”.
Durante 1849 se repartió el resguardo de Suba. Poco después, en septiembre de 1851, el gobernador Patrocinio Cuéllar informó a la Cámara Provincial que en los últimos cuatro años también se habían repartido los resguardos de Fómeque, Nemocón y otros, agregando que consideraba que si la prohibición a los indígenas de vender las parcelas recibidas era perjudicial a ellos y a la riqueza agrícola de la provincia, la existencia de resguardos todavía sin distribuir “agrava el mal hasta donde es posible”. Cuéllar solicitó de manera encarecida a la Cámara otorgar a los indios facultades tan amplias como las de los demás ciudadanos para negociar en todo sentido y enajenar sus parcelas luego de que los resguardos les hubieran sido repartidos.
La corporación accedió y fue así como el 4 de octubre de 1851 se produjo el golpe definitivo a los aborígenes de la Sabana y en general a los de la provincia de Bogotá, por medio del decreto que dispuso la libre enajenación de las tierras que les fueron asignadas luego de repartidos los resguardos. Algún influjo debió tener esta medida en el recrudecimiento de las luchas populares que vivió Bogotá en 1853-54, que adelante veremos, aunque es difícil precisar en qué forma concreta.
Los resguardos de Bosa, Engativá, Soacha, Fontibón, Cota y Zipacón se distribuyeron entre 1856 y 1858. En sus Memorias, Salvador Camacho Roldán sintetizó admirablemente las consecuencias de esta medida:
“Los indígenas inmediatamente vendieron las parcelas que les fueron asignadas a vil precio a los gamonales de sus pueblos, y se convirtieron en peones de jornal, sus tierras de labor fueron convertidas en dehesas de ganado, y los restos de la raza poseedora siglos atrás de estas regiones se dispersaron en busca de mejor salario a las tierras calientes.”
No había que poseer facultades proféticas para presagiar los resultados que traería consigo la disolución de los resguardos. De inmediato la mendicidad y la miseria se extendieron por toda Bogotá de una manera impresionante, ya que esta capital se convirtió en el refugio elegido por los indígenas que, luego de malvender las tierras de sus resguardos y no encontrar trabajo como peones de los latifundios ganaderos, recalaron en Bogotá en procura de mínimos medios de supervivencia.
Decía sobre este particular el gobernador Ospina en un informe a la Cámara Provincial cuando el problema apenas empezaba, vale decir, en 1846, que hacía algún tiempo que el número de menesterosos mantenidos en la Casa de Refugio de la ciudad no bajaba de 220 diarios, y que sus rentas estarían alcanzadas “si no se hubiese procurado el que salieran, a cargo de personas de responsabilidad, casi todos los jóvenes que han llegado a estado de poder ser concertados. También en poco más de tres años se ha duplicado el número de expósitos, y es de temerse que el aumento siga en progreso”.
Al desmantelamiento de los resguardos se agregaron las tres guerras civiles ocurridas entre 1851 y 1863 para agravar más aún esta situación de indigencia colectiva en Bogotá.
Informaba el periódico La Opinión del 23 de septiembre de 1864 que la afluencia de indigentes a la ciudad estaba tomando propociones de calamidad pública, que en sólo la mañana del sábado anterior se habían recogido 237 mendigos y que si a esa cifra se agregaba la de los presos por hurto y robo que atestaban la cárcel pública, “si nos ponemos a investigar el número de familias miserables que viven angustiadas por el hambre, y si a tales datos agregamos lo que se desprende de la lectura de los anales de la Policía que publica el Diario Oficial, tendremos formulada la estadística más abrumadora de las miserias morales y físicas de esta ciudad”.
Hay una obra imprescindible para la correcta apreciación de este fenómeno. Se trata de La miseria en Bogotá, de Miguel Samper, de la cual extraemos el siguiente aparte que sintetiza de manera admirable la situación en 1867:
“Los mendigos llenan calles y plazas, exhibiendo no tan sólo su desamparo, sino una insolencia que debe dar mucho en qué pensar, pues la limosna se exige y, quien la rehuse, queda expuesto a insultos que nadie piensa en refrenar... Las calles y plazas de la ciudad están infestadas por rateros, ebrios, lazarinos, holgazanes y aun locos. Hay calles y sitios que hasta cierto punto les pertenencen como domicilio, La inseguridad ha llegado a tal punto, que se considera como acto de hostilidad el ser llamado rico...”
Tal fue la situación que vivió Bogotá inmediatamente después de la disolución de los resguardos de indígenas. Los efectos de esta medida no pudieron ser más funestos.


2 comentarios:

Anónimo dijo...

Hola, muy interesante el articulo, saludos desde Chile!
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Anónimo dijo...

LOS RESGUARDOS SON MUY INTERESANTE ME GUSTO MUCHO CON ESTO QUE LEI Y ESCRIBI APRENDI´MUCHAS COSAS.