martes, 29 de agosto de 2006

Tras de ladrón, bufón

LA COLUMNA DE OPINET
Aun cuando la Procuraduría General de la Nación no ha encontrado irregularidades en el contrato para adquirir 195 computadores portátiles para la Cámara de Representantes, para el sentido común y el buen juicio es imposible ocultar la extravagancia de este gasto anómalo, comparable con la compra de la famosa vajilla de cien millones que le costó el puesto a la gerente de las Empresas Públicas de Medellín en tiempos del alcalde Luis Pérez.
Está claro que corrupción y despilfarro no es exactamente lo mismo pero la experiencia indica que, en la mayoría de los casos, el despilfarro es una práctica que permite encubrir actos de corrupción. En el caso de la vajilla, por ejemplo, cabe recordar que ésta fue adquirida en un almacén especializado en la venta de motores diesel que, para mayores señas, es propiedad del padre de una alta ex funcionaria de la Alcaldía. Este proceso fue absurdamente sobreseído por los entes de control.
El caso de los computadores de la Cámara de Representantes es injustificable pues no se puede amparar un gasto inadmisible en el vertiginoso auge de la tecnología, la cual casi nunca tiene precios tope.
No hay bolsillo que aguante si alguien decide comprar lo más costoso con todos los accesorios posibles y no simplemente lo que se necesita. Hasta las empresas más opulentas son sumamente cuidadosas en este sentido para no dilapidar recursos propios, con mayor razón debería actuar así el Estado para no malgastar el dinero de los contribuyentes.
La mala intención se nota hasta en las palabras de la directora administrativa del Senado, Selma Zamur, quien indicó que los portátiles eran necesarios para los Representantes y que éstos, por lo menos los nuevos, no tenían dinero para adquirir uno.
Un informe del periódico El Tiempo (agosto 21 de 2006) nos recuerda que cada congresista nos cuesta a los colombianos 40 millones por mes. Su asignación salarial es de 17 millones mensuales, tienen 20 millones para constituir su ‘unidad de trabajo legislativo’ que consta de hasta diez colaboradores entre secretarias, asesores y demás, y tres millones adicionales para pasajes aéreos, celulares y otros.
No se incluyen gastos millonarios como el de la construcción de un túnel entre el Capitolio y el edificio de oficinas, la adquisición de vehículos blindados y los costos permanentes en escoltas y seguridad.
Si un congresista no tuviera computador y fuera a comprar uno de su propio bolsillo, no gastaría más de cinco millones de pesos (menos de un tercio de su primera mensualidad) y se haría a un excelente equipo, más que suficiente para las tareas que necesita realizar con él.
En el sitio de la marca Dell, líder mundial en venta de computadores por Internet, se puede ver que el portátil mejor calificado por ellos mismos en parámetros como velocidad, almacenamiento, movilidad, aplicaciones avanzadas y duración de la batería (en el segmento de soluciones corporativas y sector público) cuesta 4 millones 600 mil pesos —incluyendo las licencias de Windows XP y Office 2003—, mientras que la Cámara los adquirió a casi siete millones y les agregó una costosa impresora, un scanner, un proyector y quién sabe qué otras cosas más. De hecho, comprar por volumen otorga rebajas considerables pero en este caso parece que fue al revés, a más computadores, más caros…
Y los Representantes no son 195 sino 168. ¿Para quiénes son los 27 computadores restantes?
En un país con más del 50 por ciento de sus habitantes en la pobreza, en medio de la discusión de una reforma tributaria que recarga en el IVA los ingresos fiscales y ante transformaciones de fondo en entidades públicas como Ecopetrol, Adpostal y el Seguro Social, un despilfarro de esta naturaleza es malversación y latrocinio, y su perpetrador es el ex presidente de la Cámara, Julio Gallardo, quien, al tratar a los periodistas de ‘sicarios morales’, es tras de ladrón, bufón

lunes, 28 de agosto de 2006

Los Terremotos de 1917


El 29 de agosto de 1917, después de las diez de la noche, se produjo un fuerte movimiento sísmico que causó pánico y llevó a muchos atemorizados bogotanos a dormir en la calle. Al amanecer del día siguiente volvió a temblar la tierra con mayor intensidad causando numerosos daños.
En Chapinero se sintió el sismo con mayor intensidad con un resultado fatal de siete muertos. El total de víctimas del terremoto fue de doce personas.
La iglesia de Guadalupe se vino al suelo, creció el pánico y proliferaron las supersticiones, una de las cuales fue la absurda creencia de que la luna iba a aparecer de un momento a otro con una terrible cola luminosa convertida súbitamente en un cometa mortífero.
Los muros fueron empapelados con carteles que anunciaban las calamidades más atroces y miles de bogotanos pasaron noches enteras hasta el amanecer en las plazas y calles implorando de rodillas la misericordia divina. Los temblores continuaron hasta el 6 de septiembre y el pánico fue mayor cuando, a causa de un incendio forestal, los ciudadanos vieron una gruesa humareda que se elevaba de la cumbre de Monserrate.
El estado de histeria en que vivían los habitantes de esta capital los condujo al convencimiento de que nuestro cerro tutelar se había convertido en un potente volcán que no tardaría en sepultar a Bogotá como lo hiciera casi dos milenios antes el Vesubio con Pompeya y Herculano.

viernes, 25 de agosto de 2006

Los inicios de la Policía


La policía fue en la capital desde finales del siglo XVIII y durante casi todo el XIX en extremo precaria. El virrey Ezpeleta creó en 1791 una Junta de Policía presidida por el oidor Juan Hernández de Alba y compuesta por los alcaldes de primero y segundo voto, Antonio Nariño y José María Lozano, y por el regidor Primo Groot. Esta junta, organizó un cuerpo de serenos cuya misión consisitía en ejercer la vigilancia nocturna del sector comercial de la ciudad y era pagada por los comerciantes de la Calle Real. La creación de la ronda del comercio fue prácticamente toda la labor que pudo realizar la Junta de Policía presidida por el oidor Alba, porque la falta de recursos le impidió hacerse cargo de los demás objetos que le encomendara el virrey.
Así nació y murió el primer intento que hubo en Santa Fe de organizar un cuerpo regular de policía de vigilancia y seguridad, pues no resultó posible establecer una renta que pudiera sostenerlo de manera permanente.
Reviste especial interés anotar cómo al conocerse en Bogotá la noticia del triunfo del ejército libertador en Boyacá un grupo de notables de la capital, dirigidos y coordinados por el coronel Francisco Javier González, “Gonzalón”, tomó rápida conciencia de cuán imperioso resultaba precaverse contra los desórdenes, rapiñas y saqueos que fácilmente podía generar el vacío de poder producido por la fuga del virrey Juan Sámano y las autoridades españolas.
El coronel González y sus amigos no andaban equivocados, ya que en efecto se presentaron conatos de asaltos y depredaciones orientados especialmente hacia las residencias y comercios de los chapetones que habian salido en estampida rumbo a Honda y que, por no haber tenido tiempo de llevar consigo la totalidad de sus mercancías y otras pertenencias, las habían dejado abandonadas en casas, tiendas y bodegas.
“Gonzalón” y sus voluntarios se mostraron eficientes y acuciosos en grado sumo, hasta el punto de que pudieron controlar a la perfección el orden en la capital capturando y reprimiendo sin contemplaciones a los cacos y merodeadores que se lanzaron a las calles convencidos de que iban a darse el gran festín.
Una vez que Bolívar hizo su entrada triunfal en Bogotá el 1 de agosto de 1819, el coronel González organizó con sus voluntarios, que eran en su mayoría artesanos, una escolta permanente que asumió la vigilancia de la Casa de Gobierno donde se alojó el Libertador. Al poco tiempo, en noviembre del mismo año, el vicepresidente Santander creó un cuerpo de policía secreta entre cuyas funciones se contaba la de “observar las reuniones de gentes sospechosas y particularmente de mujeres que tengan emigrados a sus padres, hijos o maridos, o tuvieren alguna otra relación con los españoles”.
En los comienzos de 1820 las autoridades empezaron a percibir el auge de un grave problema, subproducto de la guerra libertadora. Era la invasión a Bogotá de ex-combatientes que por diversas razones, entre ellas enfermedades y mutilaciones habidas en el campo de batalla, habían quedado cesantes y sin protección de ninguna naturaleza. En consecuencia el intendente del departamento, señor Estanislao Vergara, promulgó una “Instrucción de alcaldes pedáneos de esta capital”, sumamente severa en materia de policía, por la que mandó a los alcaldes de barrio nombrar en cada manzana de la ciudad un “celador” entre los vecinos que en ella habitaran o trabajaran, para que hiciera el empadronamiento de todos los habitantes del sector con expresión del arte u oficio de cada uno, y poder así detectar “a aquellos que no tuvieren oficio alguno, y que están entregados a la ociosidad y vagabundería... para que se les destine al ejército”.
Este problema vino a intensificarse con caracteres alarmantes a partir de 1825, año en que se produjo la cesación total de la guerra de independencia, coronada definitivamente con la victoria de Ayacucho. Lógicamente la desmovilización de hombres que por lo general habían sido reclutados en los campos determinó su éxodo hacia las ciudades. Bogotá, como es fácil suponerlo, fue uno de los principales focos receptores de esta migración. Los enfermos y tullidos se entregaron a la mendicidad por las calles; los que gozaban de cabal salud se dedicaron al robo y al asalto nocturno. El latrocinio, la inseguridad y la detestable proliferación de limosneros amenazaron entonces con hacer invivible a Bogotá. Sobre la mendicidad informó el periódico El Noticiozote, del 20 de febrero de 1825: “Damos noticia que hemos visto pidiendo limosna por las calles de esta ciudad a soldados jóvenes de 16 a 18 años, arrastrándose por estar tullidos, y cayéndose por estar paralíticos ”. De este mismo mal, y de los robos, había informado en 1823 el francés Mollien, cuando apenas empezaba el problema: “... hay una plaga verdaderamente espantosa que aflige a Bogotá: los pobres. ... En la Calle Real unos vigilantes velan por la seguridad de los comercios, que a pesar de esa vigilancia, suelen ser asaltados”.
La prensa de la época se mostró inflexible en sus críticas y denuncias sobre esta aflictiva situación. A diario informó sobre los robos perpetrados por los salteadores en residencias, casas de comercio y hasta iglesias y conventos. Se trató de organizar una lucha más activa contra la ola devastadora de delincuencia, por lo que el intendente Enrique Umaña expidió el 11 de febrero de 1826 un decreto que organizaba con meticulosidad un nuevo sistema de control policivo de mendigos, vagos, desocupados y forasteros en la ciudad. Por este decreto, a más del Jefe Político y de los dos alcaldes municipales, se regularizaron en Bogotá diez alcaldes de barrio, cuatro para la Catedral y dos para cada uno de los otros barrios. El jefe político debía, asimismo, nombrar en cada una de las calles que atravesaban cada barrio un vecino con el cargo de “comisionado principal” de calle, cuyas atribuciones principales serían:
“Nombrar un celador en cada cuadra, a quien encargarán el cuidado y arreglo particular de ella, que deberá vivir en la calle en que fuere nombrado el mismo. Los comisionados principales darán parte diariamente al alcalde de barrio de cuantas novedades ocurran en su calle, de los forasteros que se hayan alojado en ella, de los que hayan mudado de habitación... Cada celador formará un padrón exacto de la calle que le corresponde, ... ”
Tan rigurosa reglamentación no se cumplió cabalmente por la razón de siempre: que los celadores de cuadra, los comisionados principales de calle y los alcaldes de barrio debían laborar sin sueldo. En consecuencia el Intendente elaboró un plan complementario para combatir la inseguridad mediante patrullas itinerantes nocturnas. Sin embargo, para describir la situación, un periódico la resumió así: “Mientras la patrulla está en San Victorino, los ladrones roban en Las Nieves”.
El problema de la guerra contra la inseguridad no tardó en adquirir implicaciones políticas. La Municipalidad, que también estaba fervorosamente empeñada en desarrollar y ejecutar planes contra la delincuencia, dirigió un memorial al Congreso en 1826 en el que hacía duros enjuiciamientos sobre las consecuencias que, según ella, habían tenido en este caso las garantías y libertades propias del nuevo régimen republicano. Del documento de la Municipalidad se infería la necesidad de hacer más rigurosas la legislación y las medidas encaminadas a la represión del delito. Esta y otras medidas similares suscitaron una airada reacción por parte de los sectores gobiernistas, que no vacilaron en calificar de “liberticida” la propuesta de la Municipalidad, lo cual le acarreó una multa de 50 pesos a cada municipal por parte de la Corte Superior de Justicia del departamento.
A pesar de esta polémica, y acaso presionado por la extrema gravedad de la situación que habían creado los malhechores en la capital, el Congreso se vio obligado a expedir en mayo de 1826 una ley que estableció juicios sumarios y la pena capital para salteadores y ladrones a mano armada. Esta ley, que fue sancionada por el vicepresidente Santander, entró en vigencia en momentos en que el caos estaba ya conduciendo a los ciudadanos a tomarse la justicia por propia mano. Poco antes de su expedición se dio el caso insólito de unos ciudadanos que azotaron a un ratero y luego le hicieron firmar un recibo por los azotes.
También por esos días la prensa informó sobre un vecino de la parroquia de San Victorino que sintió ruidos una noche en la caballeriza de su casa. Poseído por la explicable paranoia que se había apoderado de los bogotanos de entonces, el referido personaje no se anduvo con rodeos de preguntar a sus intrusos nocturnos quiénes eran ni qué estaban haciendo en la caballeriza. La verdad es que no eran tales maleantes sino unos pobres y honrados viajeros que se habían guarecido en la caballeriza para protegerse de un aguacero inclemente. Los desdichados trataron de dar explicaciones a gritos pero resultó inútil. Uno de ellos fue atravesado de un lanzazo y murió poco después. El otro alcanzó a escapar.
Era de tales dimensiones la miseria económica que asolaba a Bogotá en aquella época siguiente a la guerra de independencia que, en principio, cuentan las crónicas de entonces, esta ley draconiana no intimidó a los delincuentes. En 1827 se produjo el primer fusilamiento de un ladrón en la capital. Fue ejecutado el día lo. de junio. Era un joven de 26 años, llamado Santos Madrid, que había asaltado a mano armada la residencia de la señora Rafaela Vélez, hiriéndola a ella y a otros miembros de su familia. El reo intentó conmover al tribunal con una patética exposición sobre las numerosas batallas de la gesta libertadora en que había participado y sobre las heridas que había recibido en ellas. Pese a todo los jueces se mostraron inexorables y el bravo guerrero de la Independencia venido a ladrón sufrió ante el pelotón de fusilamiento el máximo rigor de la justicia. A los pocos días un ciudadano llamado Miguel Amaya fue también ejecutado al hallársele culpable de abigeato.
A todas éstas, dentro de la tumultuosa proliferación de versiones, puntos de vista encontrados, teorías y polémicas en torno a la inseguridad, el periódico El Conductor del 12 de septiembre de 1827 descargó la responsabilidad de la situación sobre los jueces, acusándolos de estar obsoletos y tercamente aferrados a vetustas normas jurídicas coloniales ineficaces para combatir el delito.
Además de la pena de muerte vino a contribuir para asestar el golpe mortal a la delincuencia la acción implacable del célebre Buenaventura Ahumada, Jefe de Policía de Bogotá entre 1827 y 1829.
“Don Ventura”, como se le llamaba popularmente, era un funcionario recto y severo en grado superlativo, que consagró todo su talento y sus energías inagotables a librar a Bogotá del flagelo de los malhechores. El señor Ahumada empleó contra ellos todos los medios disponibles con la máxima energía, incluida la recluta de numerosos vagabundos y gentes sin oficio para los ejércitos que marcharon a impedir la anexión de Guayaquil por el Perú, la sublevación de López y Obando en Pasto y el alzamiento del general Córdova en Antioquia.
Pero no solamente fueron los ladrones y los vagos víctimas de los severos zarpazos de Don Ventura Ahumada. También las prostitutas, que por causas análogas abundaban en las calles bogotanas, fueron capturadas y orientadas hacia menesteres más limpios y honestos. Decía a este respecto Don Ventura en un informe que pasó al Intendente del Departamento: “Tengo también la satisfacción de haber arrancado de la inmoralidad y el escándalo a 110 mujeres que hacían comercio público e infame, las cuales he destinado al servicio de algunas familias que pueden asegurarles subsistencia y sujeción “. Y ahí no paraba la actividad arrolladora del infatigable policía. También su largo brazo alcanzó a los esclavos cimarrones que huían de sus amos. Sus hombres atraparon a 25 de ellos y se los devolvieron a sus legítimos propietarios. Lo mismo hicieron con 19 esclavas que también escapaban. En suma, al finalizar su gestión Don Ventura Ahumada pudo experimentar la complacencia y la ufanía de haber limpiado de vagabundos y antisociales a la capital de la República, reclutándolos para el ejército y “concertándolos” en los talleres de artesanos “en donde bajo la responsabilidad de los maestros o directores aprenden un oficio que los ponga a cubierto de la indigencia y de la ocasión al crimen, que ofrece la ociosidad”.
Sin embargo, al poco tiempo los estragos de los conflictos armados que acompañaron la disolución de la Gran Colombia volvieron a aumentar el número de prostitutas en Bogotá. De ahí que la campaña contra la inseguridad se dirigió ahora contra ellas. “El mejor medio para evitar tantos males, editorializó al respecto el Constitucional de Cundinamarca del 6 de noviembre de 1831, sería arreglar bien los padrones de la población, saber la ocupación de tanta mujer escandalosa, y hacer gravitar la responsabilidad de su mal comportamiento sobre sus padres, parientes o deudos, haciéndolas desde temprano abrazar alguna ocupación. ¿ Y cómo se consigue esto? Por medio de una vigilancia constante, de una policía severa ...”.
Ese mismo periódico publicó un decreto de policía del gobernador Rufino Cuervo por el que, “faltando fondos para salariar agentes”, mandó de nuevo a los alcaldes de barrio nombrar en cada manzana de la ciudad un celador “de los habitantes más activos y capaces de la misma manzana ... que cuide en ella del orden, aseo y tranquilidad pública”.
Estos celadores, entre otras atribuciones, debían hacer el padrón de su sector e informar al alcalde de barrio sobre las novedades de personas que llegaran a vivir, o se ausentaran de la manzana. En el periódico oficial de la provincia, del 11 de diciembre siguiente, apareció publicada la lista de los 58 celadores de manzana nombrados en el barrio de la Catedral.
Después de la Guerra de los Supremos (1840-1842) y hasta principios de 1845, Agustín De Francisco, el jefe político municipal, y Alfonso Acevedo, el gobernador provincial, realizaron a su turno una intensa campaña de limpieza de vagos, prostitutas, antisociales y desocupados en la ciudad, como la que efectuaron años atrás Buenaventura Ahumada y Rufino Cuervo, y como la que en adelante siempre se realizaría luego de cada guerra civil. Sobre la situación que se vivía cuando estaba por concluir la Guerra de los Supremos se refirió así el Constitucional de Cundinamarca del 10 de julio de 1842: “Como consecuencia precisa del estado de revolución en que se ha encontrado el país aparecieron en Bogotá después de la guerra una multitud de ladrones... La calle del comercio se encontraba infestada de vagos que recorriéndola en todas direcciones acechaban el momento de efectuar el robo ratero; la policía ha ordenado su persecución y está formando un depósito de esta gente para enviarla a la costa en reemplazo de las bajas del ejército”.
Por esa misma época se generalizó otra medida muy drástica e innegablemente muy cercana, por sus características, a la esclavitud neta.
Fue el llamado “Concierto” para vagos y prostitutas. Los primeros eran “concertados” en casas de familia, maestros artesanos, comerciantes o hacendados de la Sabana, lo cual en otras palabras consistía en una condena a trabajo obligatorio en beneficio de patronos particulares por un período fijo que oscilaba entre uno y seis años, a cambio de techo y comida. La diferencia entre un concertado y un esclavo era realmente mínima. Fuera de los destinados al ejército ascendió a más de 200 el número de los catalogados como vagos y prostitutas que fueron condenados a concierto obligatorio en Bogotá en los dos años tres meses transcurridos entre octubre de 1842 y enero de 1845, según informaciones aparecidas en el Constitucional de Cundinamarca de ese período, y a otras 200 el de prostitutas “destinadas al fomento de nuevas poblaciones”.
Avisos como el siguiente eran publicados en la prensa de esos años: “Los señores antioqueños y demás personas que necesiten muchachos para conducir fuera de esta provincia, pueden ocurrir a la policía donde se entregarán a concierto por cinco años los que hay”.
El concierto de las prostitutas en las casas de familia ya venía desde los tiempos de Don Ventura Ahumada, pero hacia 1842 se estableció una nueva modalidad con estas desventuradas consistente en remitirlas sin apelación posible a lugares apartados con el fin de “fomentar las nuevas poblaciones”. La prensa de entonces publicaba informaciones como esta: “El 6 de octubre de 1842 han salido de esta capital para la Provincia de Mariquita, destinadas a las nuevas poblaciones de la montaña del Quindío, 20 mujeres reputadas públicamente como de mala conducta. Muy pronto saldrá otra partida igual y en lo sucesivo toda mujer que haga público alarde de su desmoralización será destinada infaliblemente al fomento de nuevas poblaciones.” Otra información daba a conocer a los lectores piadosos un hecho de notable relevancia: antes de que estas mujeres de vida desordenada salieran a sus respectivos destinos, tendrían que someterse a nueve días de ejercicios espirituales a fin de purificarse e iniciar su nueva vida de una manera más apropiada.
Las leyes dirigidas a reprimir la delincuencia se siguieron aplicando con extrema dureza. Hacia 1841 se puso en práctica la humillante y oprobiosa pena de la “vergüenza pública”, cuya peor consecuencia era que el que la padecía quedaba “infame”. En los archivos de esa época existen insólitas sentencias de este tenor: “A trabajos forzados en Chagres (Panamá) por un período de 11 años, 26 días, 9 horas y 36 minutos”. Hay otra por la cual se condenó a un infeliz a tres años de presidio e infamia por haber robado unas yucas y algunas piñas y cebollas. Y otra que impuso dos meses de prisión a un raterillo por haber hurtado 10 centavos de plátanos.
En otro campo bien distinto llegó a tales extremos la manía moralizante de legisladores y jueces, que impusieron duros castigos a quienes, en vez del santo sacramento del matrimonio, elegían otros sistemas de convivencia. La unión libre era cruelmente penada con un año de confinamiento de los amantes ilícitos en lugares separados por una distancia mínima de 100 kilómetros que, dada la situación de las comunicaciones entonces, era una distancia realmente sideral. Pero si al producirse el amancebamiento el hombre era casado, el castigo era más severo aún. El varón sufría ocho meses de prisión y la mujer un año y cuatro meses de confinamiento en algún lugar que distara los consabidos 100 kilómetros de aquel en que se encontraba preso el marido furtivo.
En un informe dirigido a la Cámara Provincial en 1846, el gobernador Pastor Ospina planteaba la dramática situación de la ciudad en cuanto a servicios de policía, anotando que sólo había muy pocos agentes y muy mal pagos. Dos años más tarde, el gobernador Mariano Ospina Rodríguez denunciaba el hecho gravísimo de haber sido suprimido del todo este cuerpo de policía provincial y ponía de presente el alto grado de inseguridad en que se hallaba la ciudad desamparada. Bogotá llegaba a mediados del siglo sin agentes de policía.
Al iniciarse el nuevo régimen liberal en 1849, esta situación continuó igual hasta que en 1850 el gobernador Mantilla se dirigió al Cabildo presentando el panorama en toda su extrema gravedad y exigiendo fondos para la creación de un contingente de policía. Pero el dinámico gobernador no se sentó a esperar la respuesta de la corporación, sino que procedió a hacer patrullar la ciudad con soldados del Ejército acantonados en Bogotá.
La Cámara Provincial recogió esta justa preocupación general y procedió a crear un pequeño destacamento de policía para operar en Bogotá. Al cabo de poco tiempo, El Constitucional de Cundinamarca del 21 de diciembre de 1850 daba cuenta de una serie de delitos, especialmente robos y asaltos, cuyos autores habían sido aprehendidos, juzgados y penados, gracias a la actuación del nuevo cuerpo de policía. Entre otros, el periódico informó que “Se descubrió la existencia de una compañía de muchachos, de muy corta edad la mayor parte de ellos, que de concierto y auxiliados mutuamente, se ocupaban de robar pequeñas cantidades y objetos de corto valor, fueron aprehendidos, se les comprobó su mala conducta, y se les ha concertado con particulares, ganando cómodamente su subsistencia”. Como se ve, el gobierno liberal continuaba la práctica de concertar, o contratar con particulares a los vagos y pequeños delincuentes. Los así concertados debían trabajar para su patrono obligatorio durante el tiempo señalado por la autoridad, o de lo contrario eran remitidos a la cárcel a pagar una condena regular.
Por efecto de la disolución de los resguardos indígenas que en corto tiempo desalojó a los aborígenes de sus últimas tierras comunales, entre 1850 y 1851 la ciudad capital sufrió el azote de una nueva ola de crímenes y delitos contra la propiedad. Todas las casas bogotanas se convirtieron en auténticas fortalezas y los ciudadanos se armaron para hacer frente a los malhechores y desocupados. Algunos atribuyeron entonces al abogado de pobres y secretario de la Sociedad Democrática de Artesanos, José Raimundo Russi, la dirección y organización de los facinerosos que asolaban la ciudad.
El caso de Russi ha sido motivo de infinitas controversias. El misterioso abogado cayó en manos de la justicia, se le procesó como autor de varios delitos, entre ellos un asesinato, y se le fusiló el 4 de Junio de 1851 junto con otros cuatro reos. El hecho es que nunca ha podido ser desmentida del todo la versión según la cual Russi era inocente y que fue víctima de una retaliación política para escarmentar a sus amigos los artesanos democráticos, a quienes se atribuían las fechorías cometidas por la supuesta “banda de Russi”.
El Gobernador Provincial, por decreto del 17 de marzo de 1853, regularizó la contribución denominada de “Serenos”, que se venía recaudando desordenada e irregularmente, y determinó que con ella se contrataran 16 serenos para la parte céntrica de la ciudad. La contribución debía pagarla todo comerciante, boticario, librero y dueño de establecimiento de especulación pública ubicado en las calles que se irían a vigilar.
Estos serenos entraron en servicio el 12 de abril siguiente, y muy seguramente su nombramiento debió estar relacionado con los enfrentamientos que por entonces empezaban a protagonizar “guaches” y “cachacos” en Bogotá, como una forma de protegerse los comerciantes de posibles ataques de los primeros. En igual sentido, a comienzos de 1854, fueron creados “Cuerpos Auxiliares de Policía”, que el Gobernador Gutiérrez Lee confesó paladinamente tenían como objetivo contrarrestar el poder del ejército, al cual se consideraba como sospechosamente adicto a la causa de los artesanos golpistas.

jueves, 24 de agosto de 2006

Los Voladores de Papantla


Los Voladores de Papantla brindaron uno de los espectáculos más admirados en las jornadas deportivas y culturales del cierre del X Festival de Verano de Bogotá, el cual reunió a miles de personas.
El grupo de los cinco voladores, dirigido por el caporal Ricardo Villanueva, presentó el tradicional rito de los indígenas totonacas en el capitalino parque El Lago, donde fueron ovacionados en cada uno de los rituales celebrados entre el sábado y Doming.
Hombres, mujeres y niños pudieron disfrutar del espectáculo que se inició con el canto al Dios del Monte, a quien se le solicita permiso para subir a la cúspide del tronco del árbol clavado en el centro del parque, rodeado de un pequeño lago y plantas silvestres.
El ritual, que se presentó en ese lugar tres veces por día, continúa con la danza "Son de la calle y son del perdón" de los cuatro puntos cardinales, que se hace alrededor del árbol de más de 16 metros de altura, antes de subir a la cima.
El sonido de una pequeña flauta de carrizo y un tamborcito hecho de cedro le otorga un toque mágico-religioso a este acto, que con más de dos mil años de antigüedad se presentó por primera vez en la capital colombiana.
El silencio sólo fue interrumpido por el viento, mientras cinco voladores escalaron, uno por uno, el mástil hasta llegar al cuadrante ubicado en la cúspide, donde cuatro de ellos se amarraron a la cintura, con el tradicional nudo del ocho.
El quinto, que es el caporal, vestido de rojo y blanco, con un mandil cruzado, es el único que permanece sin amarras y está encargado de dirigir el lanzamiento al vacío de los voladores, así como de invocar a los dioses.
La danza y el canto a los dioses requiere de la más estricta concentración; de lo contrario, el caporal puede caer al vacío.
Cuando el caporal baila, dice la tradición, sus pisadas son llevadas hacia la tierra y los sonidos de la flauta se van al cielo, y durante el canto, el hombre se para en las cuatro direcciones: norte, sur, este y oeste.
Los sonidos del tambor en la parte más alta del tronco representan el latido de la Tierra, y los sonidos de su pequeña flauta tienen como significado los relámpagos.
Las 13 vueltas que da cada uno de los cuatros voladores suman 52, cifra que representa a Venus, la estrella de la mañana y su influencia sobre la Tierra, simbolismo que se encuentra registrado en el calendario azteca. En los intermedios de cada presentación, los voladores se dedicaron a explicar a pequeños grupos el significado de la ceremonia y a vender artesanías con sus pequeños voladores.

martes, 22 de agosto de 2006

Jornada de trueque de Libros en Bogotá el 3 de Septiembre

Bogotá se prepara para realizar en septiembre una nueva jornada de trueque de libros para que miles de personas se reúnan a intercambiar textos clásicos y desconocidos, en una oportunidad de fortalecer la cultura.
Con el lema "Alguien tiene el libro que usted busca. Alguien busca el libro que usted tiene", el Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT) organizó el encuentro para el próximo 3 de septiembre.
La invitación fue abierta para toda la familia a fin de que asista ese domingo al tradicional Parque Nacional, lleve sus libros en buen estado y los intercambie por otros, sin la interferencia del dinero. El plan de la Alcaldía es completo porque normalmente estos trueques los hacen en parques y uno puede buscar con tranquilidad los libros y luego tomar algo, llevar a los niños a jugar, es un plan de todo el domingo.
La nueva jornada de libros de intercambio tendría actividades como las zonas temáticas de intercambio y una maratón de lectura, bajo el auspicio del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. La cita buscará promover entre los bogotanos la lectura como una práctica social que logre, a través del intercambio de libros, la cooperación de la comunidad con las instituciones educativas públicas de la capital.
Este mismo encuentro se realizó el año pasado con gran éxito en el Parque Nacional como parte de la Semana de la Lectura, con el apoyo de editoriales, librerías, centros educativos y de la empresa privada. Quienes asistan podrán llevarse una grata sorpresa porque encontrarán volúmenes interesantes y además espectáculos de poesía, teatro, lecturas dramáticas, música y una maratón de lectura con personajes del arte, el deporte y la farándula.
El IDCT programó diversas zonas temáticas como la literatura infantil y juvenil; idiomas extranjeros, además de novela, cuento, crónica, ensayo, poesía, ciencias sociales, humanidades, entre otras.
Los organizadores recomendaron que para participar en el intercambio se evite llevar libros piratas, volúmenes fotocopiados, ejemplares en mal estado o usar dinero para comprarlos pues se trata de dar vida a la vieja prácticas del trueque.

lunes, 21 de agosto de 2006

Las Chicherias



Las chicherias fueron acaso la más repugnante lacra, no sólo de la Santafé colonial, sino de gran parte de la Bogotá republicana, incluidas varias décadas iniciales del siglo pasado. Y lo más denigrante de esta historia sórdida es la total impotencia que mostraron en forma sistemática, tanto las autoridades virreinales como las de la República, para erradicar e incluso controlar este pertinaz hábito.
Es un hecho real que prácticamente todas las quejas de las gentes respecto a toda suerte de anomalías y delitos estaban conectadas con las chicherías. De manera cotidiana sus empresarios desaguaban los detritus en las calles atentando en forma grave contra la precaria salubridad ciudadana. Por otra parte, era en sus siniestros recintos donde se originaban las pendencias y toda clase de tratos y abusos sexuales.
Además, las chicherías modificaban el paisaje urbano con la presencia de las ollas panzudas que rebosaban del brebaje funesto.
En torno de la chicha se movían fuertes intereses económicos, que fueron el principal obstáculo ante los reiterados intentos de las autoridades civiles y eclesiásticas por abolir el consumo de la mortífera bebida. Los intentos de prohibir el consumo de chicha fracasaron, así como el de los arzobispos que lanzaron la temible pena de la excomunión sobre los chichómanos.
Ya en el siglo XVIII, el gobierno virreinal se dio por vencido y termino aceptando el consumo de la chicha, sólo que gravándolo y tratando de reglamentar el funcionamiento de los expendios.
En los tiempos prehispánicos la chicha no tuvo la connotación de vicio que adquirió después de la Conquista. Antes de la misma fue una bebida esencialmente ceremonial y, con ligeras variantes, se consumió en toda América precolombina.
La palabra es de origen quechua. Dice el padre Acosta en su Historia Natural y Moral de las Indias:
“No les sirve el maíz a los indios sólo de pan sino también de vino, porque de él hacen sus bebidas con que se embriagan hasta más presto que con vino de uvas. El vino de maíz, que llaman en el Pirú “azúa”, y por vocablo común de indios ‘chicha’, se hace de diversos modos. El más fuerte, a modo de cerveza, humedeciendo primero el grano de maíz hasta que comience a brotar, y después, cociéndolo con cierto orden y fermentándolo, sale tan recio que a pocos lances derriba. Esto lo llaman en el Pirú “sora “, y es prohibido por la ley por los graves daños que trae, emborrachando bravamente. Más la ley sirve de poco, que así como así lo usan y están bailando y bebiendo días y noches enteros”.
La afición a la chicha, fermentada en múcuras de barro, era para los Muiscas un elemento esencial de la vida cotidiana. Vale anotar que también la producían en niveles bajos de fermentación, logrando así que sirviera como elemento alimenticio. Fermentada en mayor grado y en ingentes cantidades sólo la bebían en las grandes celebraciones religiosas y comunitarias. En estas ocasiones, que los españoles llamaban “bebezonas”, sí se embriagaban hasta rodar por el suelo.
En los comienzos de la era colonial, la chicha estaba íntimamente asociada a las celebraciones clandestinas que practicaban los indios de la ciudad en un esfuerzo desesperado por no dejar extinguir sus ritos y creencias ancestrales frente a la pujante invasión cultural española. Estos festejos tenían lugar en patios y solares traseros de las casas. Sin embargo, estos usos fueron cambiando, y en la medida en que los indios fueron inevitablemente abandonando a Chiminigagua y a Nemqueteba para aproximarse más a los misterios cristianos, el consumo de la chicha fue trocando su carácter ceremonial por un simple hábito alcohólico.
A fines del siglo XVIII, el diezmero Fernando Pavón, escribía una relación para dejar constancia de la “continua embriaguez y holgazanería en que viven los indios” debido al intenso consumo de chicha y a las facilidades que se les brindaban para comprarla y beberla.
La chicha, que en un principio fue una bebida que se circunscribió en forma taxativa a la población indígena, se fue extendiendo paulatinamente a otras capas de la población (mestizos y aun blancos), convirtiéndose en la bebida urbana y popular por excelencia.
Las chicherías se extendieron rápidamente por todo Santafé. Su proliferación estribaba en sus bajos costos y en el conocimiento generalizado de su “tecnología”. Sin control efectivo, ni tarifa alguna, cualquier casa podía ofrecer la chicha a un precio muy bajo.
Ignacio Cabero, funcionario del Cabildo, hace el análisis de la producción de chicha (1791):
“... como para poner las chicherías que son las tabernas de este país, no se pide licencia ni se paga contribución alguna, resulta que la mujer que no quiere trabajar ni vivir con sugeción se dedica a este género de tráfico, que si ha de hablar con caridad cristiana, lo es más del vicio, que a su sombra se entretiene que por la utilidad que reportan en la venta de la chicha, porque su misma abundancia y la multitud de expendedoras hace que sea muy barata y que contra la máxima de buena política cueste poco el embriagarse”.
Pronto se convirtió en elemento indispensable en las fiestas principales como el Corpus, las chirriaderas de San Juan, las fiestas del Polvillo, las carnestolendas de Egipto y La Peña, etc. La proliferación de los expendios de chicha en Santafé llegó a tales extremos que, a comienzos del siglo XVIII, esta pequeña ciudad llegó a tener 800 chicherías en plena actividad, según el informe de cierto funcionario. La cifra ha parecido exagerada a algunos investigadores, sobre todo dado el hecho de que para 1639 México sólo contaba con 250 pulquerías.
Con una población mucho mayor, nos arroja una tasa de cien habitantes por pulquería. En una cédula real de 1675 para Santafé, que intenta reglamentar el funcionamiento de las chicherías, se ordena reducir su número a 120. Con base en esta cifra tendríamos una proporción de 83.3 habitantes por chichería, lo cual muestra a Santafé con una vocación alcohólica más pronunciada que Ciudad de México.
Bien vale anotar cómo el negocio de la chicha extendió sus tentáculos en diversas formas hacia todas las clases sociales de Santafé. La intensa demanda de espacios para las chicherías motivó a los acaudalados propietarios a acondicionar sus casas de dos pisos, habilitando los bajos para convertirlos en “tiendas” aptas para chicherías y percibir así buenos arriendos. Pero no eran sólo los particulares laicos quienes se beneficiaban de los alquileres procedentes de las chicherías. Eran también, y en número y volumen nada despreciables, las órdenes religiosas, buena parte de cuyas propiedades se convirtieron en chicherías, cuyos arriendos pasaban a las comunidades o se destinaban para sufragar misas por las almas de los piadosos difuntos que habían legado estas propiedades a los ministros del culto.
En 1693, el arzobispo Fray Ignacio de Urbina, un prelado severo e inflexible, echó por la calle del medio y prohibió el consumo de chicha bajo penas temibles. Grande debió de ser su sorpresa, cuando el propio Cabildo Eclesiástico se pronunció para aconsejarle moderación con el argumento de que la chicha era el mejor y más adecuado “alimento” para las clases menesterosas. Obviamente, detrás de esa generosa preocupación por la dieta de los pobres, se agitaban los intereses que representaban los innumerables locales de chicherías que rendían sus proventos a los eclesiásticos de Santafé.
Sin embargo, llegó a ser tan elevada la cantidad de locales y tiendas alquiladas por la Iglesia con destino a chicherías, que el caso fue haciéndose motivo de escándalo, hasta que llegó el momento en que el Cabildo Secular, por conducto del procurador Francisco González Manrique, solicitó a las autoridades eclesiásticas abstenerse de seguir arrendando locales para chicherías.
Hay abundantes pruebas de que el hábito de la chicha alcanzó tal arraigo, que se bebía todos los días y a todas horas. Y, lo que es más grave, se llegó al extremo inaudito de desafiar la pena de excomunión decretada por el arzobispo Urbina. Los chichómanos santafereños preferían irse a los infiernos ebrios del inmundo licor que ascender sobrios a la bienaventuranza eterna.
Hay datos fidedignos y aterradores como que en Santafé las reservas de chicha llegaron a ser mayores que las de agua. Esta desproporción aberrante dio lugar a hechos dignos de la mejor picaresca como el caso de un incendio que estalló en junio de 1752 en la casa del cronista Vargas Jurado, quien posteriormente relató que, a falta absoluta de agua, y gracias a a la solidaridad y el altruismo de las chicherías vecinas, “se gastaron cien y más botijas de chicha para apagarlo”.
En otra oportunidad, los vecinos también combatieron el incendio del claustro de Santo Domingo sepultándolo en chicha. Estos dos casos nos deparan una certidumbre consoladora: que la chicha no sólo sirvió para recrear al pueblo santafereño, sino que también fue útil para finalidades tan nobles como hacer frente a grandes conflagraciones urbanas.
La virtualidad nutritiva de la chicha se impuso hasta el punto de que en el Hospicio Real era administrada moderadamente a los internos a manera de alimento. Pero ese no era el único embeleco creado en torno a la chicha. Los alquimistas de la indecente pócima le agregaban a menudo ají para “mantener buen ánimo en el trabajo ”. También le añadían cal con finalidades similares. Y lo peor era que uno de los ingredientes más apetecidos eran los huesos humanos macerados, a los cuales se atribuían potentes cualidades afrodisíacas. Los más afamados expendios del brebaje competían duramente entre sí en cuanto a la variedad y sofisticación de los elementos adicionales que agregaban a la chicha. En una de las cédulas, que en vano trataron de erradicar la chicha, se mencionaba con evidente repugnancia el uso de mezclar huesos humanos con la chicha para poner a los bebedores “amatorios”.
Las chicherías invadieron toda la ciudad. Hubo esfuerzos para segregarlas y adjudicarles determinados espacios, pero todo fue inútil. El vicio campeaba en Santafé sin límites ni restricciones. Había expendios de chicha en las plazas principales, en toda el área céntrica, en los barrios de la periferia. Había numerosas de ellas en Santa Bárbara, en Las Nieves, en San Victorino, en las salidas de la ciudad, al lado de los puentes, en fin, donde quiera que circularan las gentes con alguna profusión. Por su importancia comercial, la Calle de Florián (actual carrera 8a. entre calles 11 y 12), estaba saturada de chicherías.
En 1757, el arzobispo Aráuz ordenó modificar el curso de la Procesión de Corpus, desviándola de la Calle de Florián por ese motivo.
Los lugares más solicitados por los chicheros para instalar sus negocios fueron siempre los más cercanos a los mercados públicos, a donde afluía la población rural los viernes y los sábados, en que tenía lugar el mercado. Lógicamente, la Plaza Mayor fue su principal escenario, especialmente en el costado Norte, el costado popular, aquél que según Martínez “es el único sin arquitectura y sin historia”.
Aun el costado Sur, el costado de la autoridad real, contiguo a la mismísima Casa de la Real Audiencia, conservó, hasta entrada la época republicana, dos afamadas chicherías.
A los ojos de hoy las chicherías eran antros de la más nauseabunda suciedad y de la peor sordidez. Eran recintos cerrados y oscuros en los que se destacaban las enormes tinajas de barro donde se fermentaba la bebida. Algunas tenían trastienda, la cual estaba separada de la zona pública por un tabique precario. Allí dormía la propietaria o administradora y por lo general era alquilada a los parroquianos para el ejercicio de toda laya de concupiscencias. Desde entonces se hablaba en Santafé del hedor característico que emanaba de estas pocilgas, mezcla irrespirable de los vapores de la fermentación con todas las inmundicias que generaban las gentes que allí se daban cita para hacinarse y embriagarse. En las chicherías cohabitaban, en la más repulsiva promiscuidad, clientes, propietarios y bestias. Estas cuevas eran descritas así por el virrey Mendinueta en 1798:
“. . . infectos e inadecuados cuartos de habitación que por lo general sólo reciben luz y aires por una estrecha puerta, y que carecían de servicio de agua y albañal, donde se agrupaban numerosas familias, las cuales arrojan al caño descubierto de la calle todos los desperdicios e inmundicias... aumentados con los del perro, el gato, las gallinas y las palomas, parte integrante de los morado res de aquellos desventurados antros…”.
La lucha contra esta costumbre por parte de las autoridades coloniales fue encarnizada, aunque sus resultados no fueran los mejores. En 1628 el presidente Manrique prohibió la chicha sin atenuantes e impuso penas de 200 pesos conmutables por azotes para expendedores y consumidores. Fue este el primer ataque a fondo contra la chicha. En un documento de notable elocuencia, el dicho presidente se expresaba con angustia sobre los efectos desastrosos de la chicha sobre las costumbres y la salud de los consumidores, atribuyendo a la nefasta bebida hasta la causa de que los bebedores contrajeran “dolores de costado, tabardillos y otros contagios”.
En 1650 el Cabildo solicitó al Rey licencia para ejercer un control más severo sobre las chicherías, gravándolas con impuesto especial y redistribuyéndolas por toda el área urbana, incluidos los arrabales. Sin embargo, los habilidosos chicheros se pusieron a salvo de las medidas restrictivas vendiendo en sus establecimientos otros artículos, con lo cual escapaban a la clasificación de las chicherías.
El inflexible arzobispo Urbina estuvo encargado del gobierno civil por un año (1701-1702). Durante su breve mandato lanzó una nueva ofensiva contra la chicha prohibiéndola bajo graves sanciones que incluían la excomunión. Y nuevamente estas medidas fracasaron ante el fuerte arraigo popular del vicio y los intereses que movilizaba.
Independientemente de los nocivos efectos de la chicha sobre la población consumidora, es preciso anotar las funciones marginales que cumplían las chicherías, tales como ser el centro obligado de reunión de los indígenas e incluso el lugar de alojamiento de muchos de los que llegaban del campo. Por otra parte, eran los únicos sitios de esparcimiento y jolgorio con que contaban estas gentes sojuzgadas.
La chichería se convirtió en el canal de entrada a la ciudad, donde se obtenían información, conexiones y orientación en la ciudad. En cierta forma eran una embajada de la “República” rural e indígena. Los aborígenes de un mismo grupo, por afinidad étnica, mantenían relación permanente con una chichería en particular.
“Es patente que una india o indio que avite una tienda se arrastran a aquella vida todos los que aquel pueblo de lo que pudiera mostrarse ejemplo y que es ciertisimo que este en un medio por el que se ocurre a la total cuasi aniquilacion de tan perniciosas avitaciones de las tiendas de chichería...”
Y por último, fueron, por supuesto, el lugar de holgamiento y diversión. Allí no sólo se bebía en exceso, sino también eran posibles los acercamientos sentimentales y sexuales. La chichería aportó una de las pocas condiciones de expansión a un pueblo oprimido en muchos órdenes.
Las mujeres, indias y mestizas, por su mismo estatuto y de manera particular a su género, acompañaban a los hombres en las “juntas” y “cuadrillas” de diversión, teniendo franco acceso a las chicherías. Su presencia le añadía un ingrediente especial al esparcimiento. Precisamente para contrarrestar este especial atractivo y sus consecuencias en 1790 el Cabildo de Santafé propuso chicherías exclusivamente para mujeres “aparte donde no puedan entrar los hombres”.
En fin, las chicherías fueron los lugares de sociabilidad por excelencia en la Santafé colonial. Allí se reafirmaron los lazos de amistad y parentesco de los grupos urbanos más importantes, indígenas y mestizos.
Es decir, que muy a pesar de su difamada trayectoria, las chicherías se convirtieron en un privilegiado espacio de identidad social y cultural.

sábado, 19 de agosto de 2006

El Magnate de Antaño


Este es uno de los episodios más extraordinarios e inusitados de la historia bogotana del siglo XIX el cual, si bien pertenece exclusivamente a los anales económicos y financieros de la ciudad y del país, presenta ciertos ingredientes de narración picaresca que lo hacen interesante en grado sumo.
Se trata del escándalo financiero, desmesurado para el modesto escenario bogotano de 1842, que protagonizó el señor Judas Tadeo Landínez.
Lo primero que sorprende al entrar en el conocimiento de este caso es que en esa Colombia atrasada y rural de la primera mitad del XIX; en ese país sin vías de comunicación, en que las pocas y rudimentarias industrias se movían aún con fuerza hidraúlica, y en que en materia bancaria sólo empezaban a oírse voces que clamaban por la creación de un banco, irrumpiera como nacido de un fenómeno de generación espontánea un auténtico brujo de la especulación financiera que bien habría podido competir sin desfallecimientos con los más brillantes y avezados de los tiempos actuales.
Ese personaje, que en el marco de la Bogotá provinciana y marginal de entonces fue un inmenso promontorio insular se llamaba Judas Tadeo Landínez.
El extraño protagonista de esta historia se había dedicado en años anteriores con muy buen suceso a los quehaceres de la política pero en un momento dado, en el año de 1839, resolvió dar un viraje radical consagrando todo su talento, pericia y energías a los negocios en el campo financiero con un capital inicial de $22.000.
Landínez fue sin duda el primer magnate, el primer auténtico millonario que hubo en Colombia. Empezó a especular de una manera tan desaforada en el campo financiero, en la forma que ya veremos más adelante, que al cabo de tres años sus activos ascendían a un millón de pesos y sus pasivos a dos millones cien mil, en momentos en que el presupuesto global de la nación era de dos millones de pesos.
El sistema de Landínez consistió en la creación de una institución financiera en la cual recibía dinero a interés que garantizaba no sólo con hipotecas, sino con letras y pagarés que, por ser negociables y endosables, circulaban entre los bogotanos como auténticos billetes de banco.
El establecimiento de Don Judas Tadeo se llamó “Compañía de Giro y Descuento” y se fundó en abril de 1841, época en la cual su fundador ya había consolidado al amparo de la Guerra de los Supremos un capital muy respetable especulando con bonos y otros papeles oficiales, en negocios de tipo mercantil y en bienes inmuebles.
Recién fundada la compañía, la Gaceta de la Nueva Granada del 25 de abril de 1841 anunció que la empresa financiera del señor Landínez ofrecía descuentos de obligaciones al uno y medio por ciento mensual y depósitos a término con intereses y plazos que el inversionista pactaría con los interesados ofreciendo, desde luego, avales plenamente satisfactorios por su dinero. Fue este el punto de partida de un genuino vértigo. Landínez llegó a pagar a sus depositantes un 2% mensual, tasa extraordinariamente alta para la época. La consecuencia fue que la ciudad empezó a girar como un tiovivo enloquecido alrededor de aquel eje magnético que era Landínez.
Nadie, con independencia de la magnitud de sus recursos, resistió a la poderosa atracción que ejercía sobre todos la “Compañía de Giro y Descuento”.
Igual los ricos que las gentes de clase media y los de muy estrechas posibilidades económicas acudían al hacedor de milagros con la vehemente esperanza de multiplicar sus ahorros en el más corto tiempo. Las comunidades religiosas no quedaron al margen de este aluvión frenético, de modo que órdenes tales como El Carmen, Santo Domingo y La Tercera volcaron sobre las arcas insaciables de Judas Tadeo Landínez sus reservas monetarias.
Transacciones de toda índole, desde comerciales hasta simplemente personales, se hacían endosando los papeles que emitía Landínez y pagando con ellos toda clase de especies. Sobra decir que estos papeles eran recibidos sin vacilaciones como papel moneda y con una total sensación de seguridad. Numerosísimos capitales improductivos y ociosos fueron captados rápidamente por Landínez en una bolsa de millones en que las palas y las piquetas abrieron huecos en los muros y fosas en los solares para extraer las pesadas cajas y las arcas cuyo contenido de morrocotas, patacones y variadas monedas fluyó torrencialmente hacia la “Compañía de Giro y Descuento”.
En esa forma Don Judas Tadeo Landínez estaba, en el sentir de las gentes, llenando el vacío que desde años atrás los bogotanos venían percibiendo por la ausencia de una institución bancaria respetable y sólida que diera plenas garantías a la comunidad.
Varios fueron los factores determinantes del prestigio de Landínez en Bogotá. A él acudieron las gentes sin reservas de ninguna naturaleza con sus capitales y sus grandes y pequeños ahorros, llenas de confianza en un hombre cuya destreza en las manipulaciones mercantiles y financieras con bonos de deuda pública y bienes nacionales ya se había hecho legendaria. Además, esta fama creció y se fue consolidando en la medida en que Don Judas Tadeo demostraba ante su nutrida clientela una puntualidad irreprochable en el pago de los réditos.
Landínez ideó un sistema que, puesto en práctica, contribuyó poderosamente al crecimiento vertiginoso de su imperio financiero. Propietarios urbanos y rurales empezaron a venderle masivamente toda clase de propiedades inmuebles por un procedimiento muy original. Los vendedores le entregaban a Landínez el bien raíz adicionándole una suma en efectivo que se denominaba dote. Don Judas Tadeo recibía el inmueble y a trueque del mismo entregaba un documento que acreditaba la compra y que estipulaba para el vendedor un interés mensual elevado. Se establecía, obviamente, que el vendedor recibiría el producto total de la transacción en un plazo determinado. Entre tanto, podía entregarse a la más exquisita ociosidad con las rentas que cobraba en la “Compañía de Giro y Descuento”.
Los tentáculos de Landínez no solamente se extendieron por Bogotá y alrededores, sino por un área más extensa de la geografía nacional, llegando hasta Neiva por el Sur y Tunja por el Norte. Resulta interesante enumerar los nombres (algunos de ellos todavía conocidos en la actualidad) de las enormes haciendas adquiridas por Landínez mediante el procedimiento descrito. Entre ellas se contaron “Novillero “(que fuera de propiedad del Marqués de San Jorge), “San Pedro”, “La Majada”, “Tibaitatá”, “Merinda”, “La Esperanza”, “Hatos de Funza”, “Palo Quemado”, “Tunjuelo”, “La Fiscala”, “Buenavista”, “Alto de Furca”, “El Salitre”, “Tilatá”, “Contreras”, “Santa Bárbara”, “San Juan de Matima”, “La Mesa de Juan Díaz”, “Cayunda”, “Chaleche”, “Paime”, “Chicaque”, “El Retiro”, “La Barrera”, “San Nicolás”, “El Vínculo”, “San Miguel”, “Los Micos”, “El Cerezo”, “Amborco”, “Las Siechas”... y siguen más nombres.
La voracidad de este tiburón insólito no conocía límites. A estas alturas ya era uno de los más acaudalados ganaderos y cultivadores de caña de todo el país.
Escribía Rufino Cuervo por estos días a un amigo: “Los negocios de la bolsa están aquí en mucho auge. Landínez es el Rotschild de esta tierra. Morales ha vendido todo lo que tiene y hasta Don Ramón de La Torre se ha despojado de Tilatá; pero admírese Ud., Don Francisco Suescún está de bolsista y sus propiedades han pasado a poder de Landínez. Vicente Lombana le vendió su botica y las tierras que tenía en Neiva. En fin, esto es otro Londres en miniatura... Landínez es dueño del comercio y se han puesto las cosas de modo que nadie puede hacer un trato sin tocar con él. ... Todo lo que tenemos mi hermano y yo está en obligaciones de aquella casa.”
Con sagacidad impresionante Landínez le puso la garra al renglón de abastos en Bogotá y se dio el caso de que a pesar de la guerra y una epidemia de viruela, Landínez se las ingenió para abastecer en forma abundante la plaza de mercado obteniendo así estupendos beneficios. Igualmente se convirtió en el proveedor esencial de mantas, bayetas y otras prendas para el ejército del gobierno en guerra. Como es lógico suponerlo, se apoderó también de la incipiente industria manufacturera bogotana, concretamente de la fábrica de tejidos de algodón, de la fábrica de loza y de la ferrería de Pacho.
Pero aún ahí no se detenía. Puede decirse que cada una de estas certeras dentelladas estimulaba su apetito en vez de aplacarlo. Cuatro importantes minas de sal quedaron bajo su control; se hizo propietario de los más ricos yacimientos carboníferos de Zipaquirá y su contorno, y, además, llegó a poseer las mejores recuas y los más diestros arrieros, lo cual, en un país de caminos de herradura, era tan decisivo como sería hoy la posesión simultánea de todas las aerovías y de todo el transporte terrestre.
Pero al fin la codicia desmesurada de Landínez lo llevó a empezar a morderse la cola. Ya sus agencias cubrían casi todos los puntos estratégicos del territorio nacional. El siguiente objetivo que pasó a la mira de Landínez fue la promisoria factoría de tabacos de Ambalema, cuyo espléndido futuro avizoró el ojo aquilino de nuestro personaje. Crecía el volumen de sus especulaciones pero a la vez sus obligaciones con los acreedores crecían también con una velocidad cancerosa. La primera consecuencia del fenómeno fue que los pagarés, letras y demás papeles que expedía Landínez y que en los tiempos de esplendor circulaban tranquila y pausadamente a ritmo de papel moneda, empezaron a pasar de mano en mano con tan creciente rapidez que empezó a considerarse como un primer síntoma inquietante de recelo y desconfianza por parte del público.
Pero es forzoso que veamos en detalle el porqué empezó a tambalearse la confianza de las gentes y, lógicamente, el porqué Landínez empezó a malvender propiedades.
Entre noviembre de 1841 y junio de 1842, Landínez tenía que cubrir obligaciones por algo más de un millón de pesos. Sin embargo, simultáneamente, su imaginación afiebrada y su codicia sin límites lo orientaron hacia dos negocios descomunales que, si bien prometían espléndidas utilidades a mediano plazo, a su vez exigían cuantiosas erogaciones inmediatas que el potentado no podía hacer sin realizar en forma apresurada ventas de inmuebles y otros bienes.
El primero de estos negocios fue la propuesta que le hizo al gobierno de tomar en arriendo las salinas de Zipaquirá (las mayores del país), junto con las de Nemocón, Tausa, Chita y Chinebaque. Este negocio, brillante en sí, le exigía a nuestro tiburón un desembolso inmediato de $50.000. Por otra parte, Landínez de tiempo atrás había venido comprando los depreciados bonos de deuda pública a veteranos menesterosos de la independencia y a otras gentes necesitadas a un promedio del 20% de su valor. En suma, reunió bonos que le habían costado $100.000 y cuyo valor nominal era de $600.000. Sin vacilar propuso al gobierno que le reconociera este valor nominal. El poder ejecutivo, que estaba en apuros por las catastróficas erogaciones de la guerra, le respondió que lo haría con gusto a condición de que Landínez le prestara $200.000 en metálico en cuotas que debería abonar entre el 15 de diciembre de 1841 y el 31 de mayo de 1842. El negocio, visto escuetamente era favorable para Landínez hasta extremos verdaderamente leoninos, ya que convertiría $100.000 en $600.000. Pero la contracara del negocio era el esfuerzo ingente que tenía que realizar para reunir los $200.000 que debía prestarle al Estado y los $50.000 del arriendo de las minas de sal.
A esto se agrega que el gobierno le prometió a Landínez extenderle por cinco años el arriendo de las salinas con la condición de que le prestara $200.000 más. Los nubarrones se hacían cada día más negros. Por los $600.000 de los bonos y los $200.000 del préstamo Landínez recibía un 4.5% de interés anual pero ya entonces tenía vencimientos por los cuales pagaba 24% anual.
Fue entonces cuando empezó a vender a precio vil toda suerte de bienes muebles e inmuebles tratando desesperadamente de luchar con buen suceso en tres frentes esenciales a saber: pagar a los viejos acreedores más de un millón de pesos; conseguir $250.000 para el arriendo de las salinas; y $200.000 más para el empréstito que había prometido al gobierno a trueque de los bonos valorizados.
En total casi millón y medio de pesos a desembolsar en pocos meses. La desconfianza aumentaba. Trascendió que el negocio de las salinas con el Estado había estado a punto de irse a pique por las dificultades que tuvo Landínez en reunir los $50.000 iniciales requeridos.
A todas éstas continuaba la vorágine de las ventas de sus propiedades, pese a lo cual empezó a presentarse una situación que aumentó la inquietud del público. Los pagos de intereses que antaño se producían con una puntualidad intachable, empezaron a sufrir aplazamientos que, si bien eran de pocos días, constituían al fin y al cabo demoras y generaban por lo tanto zozobra entre los inversionistas. Luego se firmó y se publicó el ya mencionado contrato de Landínez con el gobierno relacionado con el empréstito de los $200.000 a cambio del reconocimiento de los $600.000 por los bonos. Por un lado se sabía que el contrato seguramente sería magnífico para Landínez. Pero por otra parte la noticia incrementó la desconfianza y la angustia puesto que las gentes, con muy buen discernimiento, se plantearon una pregunta escueta y contundente: ¿De dónde iba a sacar Landínez el metálico para abonarle al mismo tiempo al gobierno y a sus acreedores antiguos?
Mal podía pensarse que tan combativa y veterana ave de rapiña se diera por vencida fácilmente. La siguiente estrategia de Landínez consistió en montar a sus acreedores en su barco en la fase más crítica de la borrasca y convertirlos en tripulantes. Con habilidad consumada les hizo ver que si lo dejaban naufragar se ahogaban todos con él. En consecuencia los persuadió para que le financiaran las cuotas que debía hacerle periódicamente al gobierno. Landínez había hecho directamente los dos primeros abonos y los acreedores lo respaldaron cancelando al gobierno la tercera cuota que se venció el 25 de diciembre de 1841. El recelo contra el financista había crecido porque los acreedores percibían una realidad alarmante: Don Judas Tadeo ya había enajenado las propiedades más líquidas y valiosas y sólo le estaban quedando las de menos valor y más difícilmente vendibles. Por consiguiente empezaron a sentirse precariamente respaldados y su angustia creció. Sobrevino entonces la insurrección general. Los acreedores no abonaron la cuota del 30 de diciembre y se precipitó la calamidad.
El historiador José Manuel Restrepo en su Diario Político y Militar toma nota de la realidad inminente de la quiebra el lo. de enero de 1842.
Cuenta el citado Diario que en esa fecha ya se habían reunido 80 acreedores y designado una junta especial para que revisara a fondo el estado de las finanzas de Landínez. Dice más adelante: “Si Landínez quiebra, casi no hay familia en Bogotá y sus alrededores que no pierda o quede arruinada. “ La estimación que hizo Restrepo en su Diario sobre el monto de las deudas de Landínez fue de un millón cuatrocientos mil pesos. Pero posteriormente, el 21 de febrero, siendo ya un hecho irreversible la bancarrota de Landínez, escribía Restrepo: “Más de 200 familias quedan reducidas a la miseria por las maniobras atrevidas y mal avisadas de Landínez, cuya memoria será en Bogotá de funesta recordación. Sus deudas alcanzan a dos millones de pesos y sus propiedades apenas valen quinientos mil. Ha comenzado el pleito de concurso que durará muchos años”.
El duro golpe asestado por la bancarrota de Landínez a la naciente industria nacional está reflejado en estas palabras de Don Mariano Ospina Rodríguez en la Memoria de Hacienda que presentó al Congreso de 1842, cuando aún se sentían de manera dramática las consecuencias de esta calamidad: “Nuestro porvenir se halla en la producción de frutos tropicales para la exportación y en la explotación de las minas de metales preciosos. Son estos ramos de la industria los que pueden adquirir sin inconvenientes una inmensa extensión; y es por lo mismo en favor de estos objetos que deben hacerse los mayores esfuerzos.”
Ospina enterraba así por los próximos 45 años la política de fomento estatal al sector manufacturero nacional.

miércoles, 16 de agosto de 2006

Vida cotidiana de antaño


La vida cotidiana de los santafereños a principios de siglo era en extremo sobria y sencilla. Asistían a misa todos los días, regresaban a sus casas a desayunar y después salían a ocuparse de sus actividades y negocios. Volvían a sus casas entre las doce y la una para la comida del mediodía, cerraban las puertas y cumplían con el ritual de la siesta durante por lo menos una hora. Regresaban a su trabajo y a la hora vespertina solían darse un paseo por el atrio de la Catedral, por la Alameda (actual carrera 13) o por el aserrío.
Nuestros antepasados eran unos grandes glotones. Al regresar a casa hacia el final de la tarde tomaban invariablemente el “refresco”, que consistía en chocolate con abundante dulce y colaciones.
A continuación venía el rosario en familia, después del cual se hacía o recibía alguna visita o se charlaba en familia. Entre las 9 y las 10 de la noche se servía la cena. Concluida esta última sesión gastronómica, los bogotanos se acostaban.
Esta rutina variaba sustancialmente el domingo. El desayuno se hacía más opíparo con el refuerzo de los tamales. Se intensificaba el intercambio de visitas y de paseos por San Victorino, en los cuales damas y caballeros lucían sus mejores galas. Ese día de la semana se veían desfilar por las calles los tres únicos coches que había en la ciudad: el del Virrey, el del Arzobispo y el de la familia Lozano (Marqueses de San Jorge).
A veces se representaban dramas y comedias en el Coliseo y se sabe por los testimonios de la época que su ejecución por lo general dejaba mucho que desear. Era frecuente también que en las casas principales se celebraran bailes o reuniones para jugar cartas, principalmente el juego llamado de ropilla.
El chocolate fue desde los primeros tiempos de Bogotá una bebida básica entre los bogotanos. El cacao era molido y amasado en forma de bolas o pastillas y se le mezclaba maíz en proporción al rango social del consumidor. El chocolate destinado a la servidumbre solía contener mayor cantidad de maíz. Cuando las familias aristocráticas querían brindar un agasajo memorable a un grupo de invitados, el convite se realizaba esencialmente a base de chocolate mezclado con canela aromática y vino, lo cual le daba un sabor exquisito. Algunas familias cultivaban la costumbre de añejar el chocolate envolviéndolo cuidadosamente en papel y guardándolo en arcones durante períodos que podían llegar hasta los ocho años.
La conformación y dotación de las cocinas santafereñas, en cuyo interior oficiaba la criada a cuyo cargo había sido encomendada esta dependencia fundamental de la casa funcionaba asi: En primer término había una gran piedra que se utilizaba exclusivamente para moler y aderezar el chocolate. Luego un trípode de piedras donde se hacía el fuego para colocar sobre él las ollas y calderos de hierro y arcilla para el típico puchero y otras viandas; más adelante una parrilla donde se colocaban las sartenes para freír y asar las carnes. Completaba esta dotación la tradicional paila de cobre en que se preparaban los dulces. Albergaba también la cocina la enorme tinaja barrigona en la que se almacenaba el agua potable.
Para la comida de mediodía, uno de los platos más apetecidos era la antigua olla española, mezcolanza heterogénea de muy diversas viandas a las que se añadían caldo, verduras, longanizas y morcillas. El postre generalmente consistía en dulce de guayaba. Los artesanos preferían el ajiaco, o, en su defecto, la carne cocida con maíz, papas, plátanos, yuca y legumbres. También apetecían la mazamorra y las arepas de maíz. Por su parte, los indígenas que habitaban en zonas extraurbanas en bohíos idénticos a los que halló Jiménez de Quesada, no solían consumir mucha carne, con la única excepción de la de curí; en cambio consumían abundancia de papas, arracachas, legumbres secas y arepas. Todas sus comidas se acompañaban de generosas libaciones de chicha.
Otro elemento relacionado con la comida que marcaba nítidamente las diferencias entre las clases sociales era la vajilla. En los estamentos altos, las vajillas eran de plata o de loza importada; en los bajos eran de barro cocido boyacense. En las clases altas los cubiertos eran de quincallería y los vasos y copas de plata. En todas las clases sociales la clásica arepa tuvo casi totalmente desplazado al pan hasta 1840, año en que según los informes de Le Moyne, ya se habían instalado en Bogotá unos panaderos franceses que, gracias a la calidad de su producto, estaban logrando con muy buen éxito que los bogotanos se aficionaran al consumo del pan.
El primerísimo quehacer de los bogotanos en el día era, como se ha indicado, la asistencia a misa. Después, cada cual a su oficio. Artesanos, aguateras, mozos y criadas iniciaban labores al alba; la burocracia a las siete de la mañana, y los comerciantes, menos madrugadores, a las nueve. Las señoras y amas de casa de las clases altas, de acuerdo con el Tratado de economía doméstica de Doña Josefa Acevedo de Gómez, después de la misa dedicaban las primeras horas de la mañana al arreglo de la casa, luego al de su persona y finalmente al desayuno. El resto del día las damas se dedicaban a las ocupaciones propias de su condición y de su sexo tales como el dibujo, el bordado, la costura y la enseñanza de los niños.
Era claro que ninguna mujer trabajaba fuera de su casa con la única salvedad de las escasas maestras que ejercían sus menesteres pedagógicos en centros de enseñanza primaria y de unas pocas viudas que habían heredado de sus maridos establecimientos de comercio que ellas mismas atendían. Cuando se daba el caso de que por estrecheces de fortuna las mujeres debían contribuir con algún trabajo productivo al presupuesto del hogar, su actividad se orientaba hacia la modistería, cortando y cosiendo los trajes de las damas acaudaladas, o a la repostería, aderezando platos especiales, postres y pasteles para fiestas y veladas. Muy otra era la suerte de las mujeres pertenecientes a los estratos bajos, que sí tenían que trabajar y cuyos quehaceres eran principalmente el del servicio doméstico, lavanderas, aplanchadoras, aguateras y expendedoras en el mercado.
Las incomodidades y estrecheces en la conducción, provisión y manejo del agua, por una parte, y por otra, el clima de la ciudad, se constituyeron en factores determinantes para que los santafereños no fueran exactamente unos paradigmas del aseo personal. En general, todo el aseo consistía en una rápida ablución de cara y manos en la jofaina o aguamanil de la alcoba. Y ahí paraba todo, aunque ni siquiera éste era un uso muy generalizado. En cuanto al baño de cuerpo entero, se trataba ya de otro problema que era preciso manejar en forma diferente y con otros elementos. Algunos bogotanos lo realizaban semanalmente o cada 15 días en los ríos San Cristóbal, Tunjuelo, Bogotá y Arzobispo, o en algunos chorros y quebradas, siempre que hubiera buen tiempo.
Se abstenían de hacerlo en los ríos San Francisco y San Agustín, que desde época muy temprana de la ciudad ya eran utilizados como basureros, albañales y retretes públicos. Otros preferían no hacer de su baño un paseo y cuando se decidían a tan intrépida acción aguardaban la llegada de un domingo soleado y ponían en el segundo patio de la casa un enorme platón de agua para que se tibiara al sol. Esta agua era reforzada por el contenido de numerosas olletas que se ponían a calentar en el fogón de la cocina. Era una costumbre muy arraigada no pasar bocado desde tres horas antes de lavarse porque la contravención de esta norma podía, según la convicción generalizada, acarrear graves trastornos de salud. Igualmente, otra creencia muy antigua consistía en que en el día del baño no se podía probar el aguacate ni el plátano manzano.
Luego de proceder a esta audaz y peligrosa operación de bañarse, era de rigor tomar una copa de mistela para entrar en calor nuevamente. Otra práctica invariable de las mujeres el día del baño era la de pasarse el resto del día con el cabello suelto con el fin de que estuviera perfectamente seco antes de la noche ya que, según una superchería aceptada por unanimidad, “irse a la cama con el pelo mojado daba coto”. El francés Le Moyne dejó constancia de su admiración por las bellas y lustrosas cabelleras de las bogotanas en las cuales, según decía el viajero, venían a aparecer las canas mucho más tarde que en las de las europeas. ¿Las causas? Le Moyne no podía señalarlas con absoluta certeza. Pero lo cierto es que un día, estando de visita en una residencia muy distinguida, encontró a una de las señoritas de la casa humedeciendo en forma abundante su cabellera con orines. Le Moyne no pudo establecer la razón inicial de este repugnante champú natural que vio aplicar a la damita en cuestión con la mayor naturalidad. Pero lo que sí pudo verificar plenamente fue que varias bogotanas se deshicieron en elogios de este tónico supuestamente infalible para fortalecer y embellecer el cabello femenino. A continuación pudo averiguar Le Moyne, por los testimonios de otros viajeros, que este era un uso muy generalizado en toda Hispanoamérica. El viajero Paul Marcoy anotó en sus apuntes de viaje por Suramérica que las peruanas se rociaban el cabello con orina abundante y luego le daban lustre con grasa de cordero.
Lo que no nos revelaron Le Moyne y Marcoy, acaso porque no pudieron averiguarlo, fue si las lindas bogotanas, peruanas, etc., utilizaban algún remedio o perfume adicional para contrarrestar las emanaciones producidas por su saludable tónico capilar.
Por directa herencia española los santafereños, como ya lo anotamos atrás, hicieron de la siesta un ritual inmodificable y sagrado. Si bien algunos destinaban solamente una hora para este reposo diurno, había quienes lo prolongaban hasta tres y cuatro horas. Cualquiera que fuera la índole de su profesión u oficio, los bogotanos se las ingeniaban para disponer y organizar sus actividades de tal modo que no interfirieran con la siesta. Todo se cerraba hacia la una de la tarde y sólo a las tres empezaban a reabrirse puertas de despachos, almacenes, tiendas y talleres. En ese lapso la ciudad se sumía en un marasmo total. Y lo más curioso es que los extranjeros que llegaban a la ciudad sin haber practicado nunca el hábito de la siesta no tardaban en contraerlo y en disfrutarlo con verdadero deleite. Después de la siesta se reanudaban las actividades y luego se hacía el habitual paseo por la Alameda, o los hombres concurrían a la tertulia que tenía lugar en el Altozano de la Catedral.
Era frecuente que las familias bogotanas, dada la oscuridad que imperaba en el ámbito urbano durante la noche, aprovecharan las lunas llenas para “pagar” alguna visita pendiente. Se organizaban entonces verdaderas caravanas en las que participaban párvulos de todas las edades y la servidumbre en masa que se repartía el trabajo de cargar a los niños, llevar el clásico farol con la vela de sebo y portar paraguas y zapatones en previsión de una lluvia repentina a la hora del regreso. Esas alegres caravanas encontraban a menudo en su ruta tropiezos desagradables tales como indios ebrios de chicha, variedad de mendigos y “una que otra vieja vergonzante que ataja sin vergüenza alguna al pasajero pidiéndole limosna para un marido que hace diez años agoniza todas las noches y nunca acaba de morir”.
La extrema lentitud de esta vida cotidiana tenía su razón de ser en el aislamiento que separaba a Bogotá del mundo exterior, y en la actividad económica de ritmo lento por las escasas posibilidades de lucro económico de un país poco ligado al mercado internacional y con un mercado interno en que dominaban la autosubsistencia y la baja capacidad de demanda. Una economía con tales características no exigía actividad en las transacciones entre los particulares, en los trámites de la administración pública ni en las comunicaciones. De ahí que la capital, al sólo disponer de los pésimos caminos de herradura que ya conocemos, pasó el siglo sin usar el viejo invento de la rueda en sus contactos con el resto del país. Sólo tendríamos que exceptuar las ruedas que a partir de 1847 comenzaron a impulsar regularmente los vapores del río Magdalena.
Todo esto determinaba que la percepción del tiempo por parte de los bogotanos fuera muy peculiar, hasta el punto de que las gentes lo medían no por horas ni por días, sino por semanas y meses. Resulta, por lo tanto acertado el cronista que decía que a los habitantes de Bogotá “no les importaba esperar ni hacer esperar”.

lunes, 14 de agosto de 2006

Arquitectura Repúblicana en Bogotá


Bogotá, en su carácter de capital de la República, fue un centro de difusión de ideas en todos los campos de actividad cultural en Colombia. En la segunda mitad del siglo XIX se estableció la creencia en el refinamiento y en la elegancia de los bogotanos y en su cultura proverbial.
La casa republicana bogotana se asocia especialmente con el mundo particular del fin del siglo en el que la cultura "centenarista" produjo desde literatura hasta formas de hablar.
La casa republicana bogotana fue contemporánea de la pintura de Ricardo Acevedo Bernal o de Epifanio Garay, de la poesía de José Asunción Silva y de la narrativa sabanera de don Tomás Rueda Vargas.
Fue la suya una arquitectura encerrada en sí misma, en la cual la calidez visual de los espacios interiores compensó el frío de las calles capitalinas o de las noches sabaneras. La transformación efectiva de la vieja Santafé colonial se inició a mediados del siglo XIX y se acentuó bruscamente en los primeros años del siglo XX.
Dos influencias culturales distintas, la de Francia y la de Inglaterra, se disputaron los gustos y preferencias en la vida doméstica de los bogotanos. En el campo del gusto social no puede hablarse aquí de influencias demasiado profundas, puede más bien hablarse de "modas".
El afrancesamiento se reflejó en la preferencia por ciertos gestos arquitectónicos, la mansarda por ejemplo, y por los objetos y trajes femeninos traídos de París.
Inglaterra suministró imágenes culturales de comportamiento y de vestuario masculino. Con esos aportes, la casa republicana bogotana de clase alta fue, a su manera, un lugar lleno de detalles que evocaban, al menos a ojos de la época, las maneras refinadas y elegantes de unos mundos distantes.
Las casas republicanas construidas en el casco antiguo de la ciudad fueron variaciones de las tipologías coloniales de zaguán y patio. Ejemplos bastante tardíos introdujeron novedades tales como una entrada lateral amplia para permitir el ingreso de vehículos, la que a su vez se transformó en un aislamiento lateral. La "casa-quinta" fue una tipología nueva para la casa republicana bogotana.
En su origen, las quintas se construyeron como casas de recreo, especialmente en los alrededores del antiguo poblado de Chapinero. De tamaño relativamente modesto en un comienzo, las casas-quintas luego se convirtieron en palacetes lujosos o en las "villas" que poblaron el sector norte de la ciudad y del cual sobreviven algunos pocos ejemplos.
Con la adopción, después de 1930, de nuevos patrones urbanísticos con las casas rodeadas por jardines, la casa-quinta evolucionó en los nuevos tipos residenciales que se construyeron en los barrios bogotanos.
El neoclasicismo se afianzó en Bogotá, mucho más que en otras ciudades del país, como el estilo más apropiado para la ornamentación de la casa, y se combinó con las modas afrancesadas ya mencionadas. La ciudad entera se revistió con motivos neoclásicos, tanto en su exterior como en sus espacios interiores. Esta hegemonía estilística perduró hasta finales de los años 20 cuando una nueva influencia, la del "estilo inglés", se hizo sentir en la arquitectura residencial bogotana. Traída esta arquitectura a la ciudad por los arquitectos chilenos Julio Casanovas y Raúl Mannheim, se impuso en los nuevos barrios residenciales periféricos La Merced y Teusaquillo y luego se extendió por todo el norte de la ciudad. Su influencia se hizo sentir después en barrios de vivienda de clase media e incluso en algunos sectores populares.
La arquitectura "inglesa", con sus fuertes muros de ladrillo a la vista, con sus pequeñas ventanas y con sus cubiertas fuertemente inclinadas, se convirtió en el sustituto preferido de la arquitectura republicana que la precedió.
Las primeras construcciones modernas de cierta importancia se erigieron en Bogotá a mediados de la década de los años 30, las primeras casas modernas aparecieron hacia 1940 y se codearon durante algunos años con las casas inglesas. El republicano gradualmente fue quedando atrás, como un capítulo más en la historia de la arquitectura de la ciudad.

sábado, 12 de agosto de 2006

Bogotá y el Líbano


Ante los crímenes de guerra que comete el Estado de Israel en medio de su agresión a Líbano y Palestina, y como muestra de solidaridad con los pueblos de estas naciones, cientos de miles de personas desarrollan, alrededor del mundo, actividades de protesta contra la política sionista en Oriente Medio.
Por ello, el pasado jueves 3 de agosto, alrededor de 600 manifestantes colombianos, libaneses y palestinos marcharon en Bogotá, exigiendo el cese inmediato de la ofensiva israelí.
La concentración, convocada por la Plataforma de colombianas y colombianos en solidaridad con Palestina y Líbano en la que participan distintas organizaciones y partidos políticos de izquierda, sindicatos y toda suerte de organizaciones populares, se inició alrededor de las 4:00 p.m. en el Planetario Distrital, para luego avanzar hacia la embajada israelí.
En su recorrido por la Carrera Séptima de Bogotá, representativa avenida de esta capital, la marcha se desarrolló de manera ordenada hasta que, al llegar a la sede diplomática ubicada a la altura de la calle 35, se presentaron los primeros altercados, cuando el teniente de la policía diplomática encargado de la seguridad del edificio da la orden a dos de sus hombres de derribar a un manifestante que intentaba pintar sobre la fachada la frase “liberar a Palestina y al Líbano”. Allí, en medio de gritos de protesta, se presentan forcejeos entre los participantes de la movilización y los uniformados, que cesan sin mayores complicaciones hasta que arriban al lugar un grupo de carabineros –policías antimotines sobre caballos– y una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), los cuales arremetieron contra los manifestantes usando chorros de agua y gases lacrimógenos.
Minutos más tarde, hacia las 5:05 p.m., la Carrera Séptima se convertiría en testigo mudo de un fuerte enfrentamiento entre la policía, que llamaba refuerzos para evitar que se continuara con la actividad de denuncia pacífica, y participantes de la protesta que, con piedras y palos, defendían su derecho a manifestarse en la vía pública.
Aproximadamente a las 5:20 p.m., arribaron al lugar los refuerzos de la Fuerza Disponible y dos grupos del Esmad, que procedieron a reprimir violentamente con chorros de agua, gases lacrimógenos y persecuciones por los barrios aledaños a las personas que hacían presencia frente a la embajada israelí.
Pese a las actuaciones de los uniformados y a los desórdenes generados, que produjeron la detención de 3 personas –entre quienes se encontraba un ciudadano palestino y la ex candidata del Polo Democrático Alternativo al Senado, Gloria Cuartas– que serían liberadas una hora más tarde, la manifestación no se disolvió totalmente y distintos grupos de marchantes se mantuvieron en el lugar o se dirigieron a los puntos neurálgicos del centro de Bogotá para denunciar las agresiones de la policía y para seguir demostrando su rechazo a los crímenes de guerra que comete el sionismo del otro lado del mundo.
Mientras tanto, se completan más de cuatro semanas de la amplia ofensiva de Israel contra los pueblos de la región. Según las autoridades de ese país, su accionar se justifica por la detención de dos de sus soldados, el pasado 12 de julio, por parte del grupo chiita Hezbollá. Pero este conflicto viene de décadas atrás.
En 1947 la ONU declara la partición de Palestina y seguidamente, entre 1947 y 1967, el recién creado Estado de Israel ocupa militarmente los territorios árabes, generando así una cadena de hechos que han violado los derechos fundamentales de la población árabe y generando una cadena de continua violencia.
En 1982, Hezbollá nace como una organización libanesa que combate la ocupación Israelí en territorios árabes.
Hoy por hoy, Hezbollá –o el Partido de Dios, por su traducción al español– se ha constituido en una organización política que apoya la lucha palestina y que, por ello, es hoy nuevamente blanco de ataques israelíes.
En dicho enfrentamiento, la población civil libanesa ha sido la más afectada, pues Israel no distingue entre población combatiente y no combatiente, llegando a cometer terribles crímenes de guerra.
Aunque ya se sumen más de 1000 víctimas mortales en estas acciones, Israel no quiere ceder y se sigue justificando bajo la premisa de que sólo está combatiendo el terrorismo, mientras hace caso omiso de las peticiones mundiales de dar fin a la guerra, sin que parezca importarle el cuantioso número de víctimas y las continuas violaciones a los derechos humanos que ha propiciado.

Los acueductos de antaño


Los mecanismos de provisión de agua en Bogotá fueron en extremo primitivos, rudimentarios y deficientes durante la mayor parte del siglo XIX. La ciudad se abastecía con las corrientes que bajan de oriente a occidente, principalmente del San Francisco, el Arzobispo y el Manzanares, afluente este último del San Agustín. De allí salían cañerías que llevaban el agua a las pilas, de donde a su turno la tomaban las aguadoras que las llevaban a las casas.
Algunas familias pudientes gozaban del privilegio conocido como las “mercedes de agua”, atanores que, desviándose de las cañerías principales, conducían el líquido hasta las casas que disfrutaban de esta prerrogativa.
En 1829 eran 132 las viviendas que disfrutaban en Bogotá de “mercedes de agua” y en 1843 eran 198, ubicadas casi todas en la parroquia de la Catedral.
Desde luego, las irregularidades de toda índole que afectaban este elemental sistema de acueducto hacían especialmente difícil la vida de los bogotanos e inclusive eran frecuente causa de graves problemas higiénicos.
Resulta interesante recordar el memorial que en marzo de 1807 dirigió al Cabildo de Bogotá el señor Gabriel Manzano, Alcalde de segundo voto y diputado de aguas. En dicho documento el señor Manzano exponía con todos los detalles un problema que él juzgaba gravísimo y que objetivamente debía de serlo.
Informaba don Gabriel que para todos los múltiples menesteres relacionados con el mantenimiento y reparación de las cañerías, atanores, “mercedes”, pilas, etc., la municipalidad contaba con los servicios de un solo fontanero que respondía al nombre de Pedro Ramírez. La queja del señor Manzano se basaba en que el fontanero Ramírez estaba cargado de años y, como si esto fuera poco, era holgazán, borracho habitual y víctima permanente de toda suerte de achaques y dolencias.
Lógicamente el señor Manzano exigía al Cabildo sustituir a Ramírez cuanto antes, quien además, “cuando necesita dinero, descompone conductos y quita el agua para exigirlo a los respectivos interesados”. Esta solicitud fue aceptada, Ramírez recibió una pensión de $25 mensuales y el nuevo fontanero empezó a recibir $75 con la promesa de que se le aumentaría su asignación en $25 una vez que falleciera Ramírez, quien mientras tanto debía instruir a su reemplazo en el conocimiento del intrincado sistema de cañerías generales y conductos que constituían los acueductos de la ciudad y de los cuales no existía un solo plano.
En el momento en que esto ocurría, el abastecimiento de agua de la capital procedía de seis pilas y 24 chorros. Entre los numerosos problemas que afrontaban cotidianamente los sufridos bogotanos se contaban las pérdidas de agua debidas a la chapucería con que se construían los atanores y las filtraciones en los mismos de toda clase de basuras e inmundicias.
Hasta 1831 el ramo de aguas estuvo administrado por el Cabildo, pero la inveterada penuria del tesoro municipal llevó al gobierno a ceder su manejo a un rematador que recibía los cinco pesos de la tarifa anual que pagaban los que gozaban del privilegio de la merced de aguas. Por su parte, las obligaciones del rematador consistían básicamente en el mantenimiento de las cañerías, las cajas de reparto y las fuentes públicas.
No es difícil adivinar que este sistema de ceder la administración de las aguas a los rematadores resultó absolutamente funesto y acentuó el deterioro de los acueductos, ya que los rematadores, abdicando del mínimo criterio de servicio a la comunidad, se dedicaron a lucrarse abandonando por completo sus deberes en cuanto a mantenimiento y refacción de pilas, cajas y cañerías. Esta situación, ciertamente intolerable, obligó al Cabildo a suspender el sistema de remates y a asumir de nuevo la administración de las aguas en 1838.
En un acuerdo relacionado con el ramo de aguas, que el Cabildo aprobó el 12 de febrero de 1842, se dice que las cañerías principales por su antigüedad y mala construcción se estaban deteriorando de día en día, y que el agua corría por ellas a fuerza de tener ese cauce y gracias a los innumerables pegotes de greda que se le colocaban. “Los arrendadores no hacían ninguna composición que mejorase los acueductos, pues se contentaban con mantener el agua corriente a fuerza de pegotes de greda que con facilidad y sin costo alguno renovaban cada vez que era menester...
Toleraban la comunicación de pajas de agua de una a otra casa con tal de coger los $5 anuales, y he aquí el origen de la desmoralización de esta renta. En las listas de los que se les cobra el derecho de aguas, aparecen más de 200 casas disfrutándola, y en el registro de mercedes concedidas no hay quizá la mitad... El estado actual de los principales acueductos es ruinoso: por todas partes se extravía de ellos el agua, no hay cajas que repartan con igualdad legal las aguas, en todos ellos se ve entrar con facilidad la inmundicia, lo antiguo y despedazado de ellos hace que las aguas se filtren, humedeciendo las casas y habitaciones de la mayor parte de la ciudad”.
Promediando el siglo XIX la capital de Colombia seguía padeciendo el viacrucis del agua. En 1847 el ramo de aguas de Bogotá fue cedido de nuevo a dos particulares, los señores José Ignacio París y Valerio Ricaurte. El compromiso de los concesionarios consistía básicamente en la construcción de nuevas cañerías y la reparación de las ya existentes, que se hallaban casi todas deterioradas. El contrato se celebró por 99 años pero hubo de ser rescindido en 1851 por incumplimiento de los herederos.
En 1852, la Administración Municipal volvió a poner en pública subasta el manejo de las aguas, advirtiendo que sería considerado como el mejor postor aquel que se comprometiera con el Municipio a reconstruir, en hierro, los conductos que ya existían. La propuesta, en principio lógica y sensata, fracasó pues no surgió un solo empresario que quisiera asumir este compromiso.
Encima de la escasez crónica de agua y de lo primitivo y precario de los medios con que se contaba para abastecer a los usuarios, esta sufrida capital tenía que afrontar todos los problemas inherentes a la mala fe de las gentes.
Un informe del Cabildo fechado en 1856 hablaba de que los fontaneros por lo general eran deshonestos, pues en lugar de ayudar al mejoramiento de las cañerías y acueductos públicos lo que hacían era producir daños para que los llamaran de nuevo; igual ocurría con los dueños de molinos hidráulicos existentes en la ciudad, como los de trigo, que permanentemente desviaban el agua que debía surtir la ciudad, o monopolizaban gran parte de la misma, con perjuicio de los habitantes. Además, muchos de los que tenían derecho a una sola paja de agua sobornaban a los fontaneros para sustraer de los caños dos o tres hacia sus casas, disminuyendo las de sus vecinos.
Y como si todo esto fuera poco, los bogotanos seguían padeciendo el azote de las aguas negras que continuamente se filtraban con las potables.
Cedámosle en este punto la palabra a Don José María Cordovez Moure, quien se refiere a varios casos que conoció entre 1860 y 1870:
“En la casa que hace ángulo con la carrera 7a. y la calle 17, ... el día menos pensado la taza del surtidor apareció llena de materias sospechosas, ... Averiguada la causa de tan repugnante aparición en el agua de la cual se bebía, se obtuvo la prueba de que el caño que conducía los desagües de los albañales de la calle 17 se introducía de tiempo atrás entre los atanores que conducían el agua potable a la citada casa.
“En el año de 1870 se desarrolló una violenta epidemia de tifoidea en el barrio de San Victorino, que se surtía de agua conducida del río Arzobispo, cuyos atanores pasaban por debajo del caño inmundo que bajaba por la calle de las Bejares. Al construirse la alcantarilla de la calle 12, se intimó a los respectivos dueños de casas que hicieran quitar el agua con el propósito de facilitar los trabajos. Todos obedecieron pero el agua continuaba saliendo, y examinada la causa de tan extraño fenómeno, se descubrió que los desagües de la conocida botica de Medina Hermanos se introducían de tiempo inmemorial en la cañería de agua potable que surtía la casa de don Mariano Tanco”.
Durante el tiempo que Ambrosio López fue inspector y administrador del ramo de aguas de Bogotá (1862-1865), dirigió al Cabildo memoriales en los que, con notable precisión, señalaba el hecho de que los acueductos con que contaba la capital eran insuficientes para la población de ese momento. De igual manera, denunciaba el señor López las numerosas y muy graves deficiencias técnicas de que adolecían nuestros precarios acueductos, así como el espantable y frecuentísimo caso de la mezcla de aguas potables con toda laya de inmundicias.
Informó que al ir a componer el acueducto de Agua Nueva, que abastecía de agua al barrio de la Catedral, encontró que cuatro de las cinco cuartas de profundidad de la cañería estaban repletas de piedra, cascajo y arena. “Hay en la ciudad además muchas casas en que los dueños han tenido la peregrina ocurrencia de hacer letrinas secas, y con la mayor imprudencia dan salida al excremento por las calles públicas sin ninguna preocupación, y son tan desgraciadas nuestras aguas potables que algunos de estos descensos pasan por encima de nuestros acueductos, y otros están en contacto con algunas cajas de reparto ”.
En 1869, por acuerdo del 15 de junio, la Municipalidad creó una junta administradora de aguas compuesta por seis ciudadanos poseedores de mercedes de agua en sus casas. Con la constitución de dicha junta de usuarios, el Municipio esperaba mejorar el servicio, confiando en el interés que pondrían sus miembros en atender tan apremiante necesidad. Por entonces se presentó también un caso ciertamente insólito: la Municipalidad acordó vender las aguas sucias a quien las solicitara.
Aquí, por supuesto, cabría una obvia pregunta: ¿a quién y para qué podrían servirle las aguas sucias? Pues a quienes las utilizaban para la limpieza de sus albañales secos. A los interesados les colocaban las respectivas pajas de agua contaminada y se les cobraba una tarifa. Hasta ese punto llegaba la escasez de agua en el Bogotá de aquella época.
En 1875 el dirigente liberal Juan de Dios Riomalo dirigió al Cabildo una elocuente memoria sobre la patética situación de las aguas capitalinas, en la que insistía con especial énfasis en la grave contaminación que sufrían dichas aguas desde sus propias fuentes.
En 1877 se abrió un horizonte de esperanzas para los bogotanos. El Municipio firmó con el norteamericano Thomas J. Agnew un contrato promisorio en sumo grado, por el cual Agnew se comprometía a la construcción de un acueducto moderno que incluía conducción de aguas a presión, tuberías metálicas y un gran depósito con capacidad para siete millones de galones. Sin embargo, las ilusiones no tardaron en esfumarse con el total incumplimiento del convenio por parte del Sr Agnew.
Decía el Diario de Cundinamarca el 28 de septiembre de 1880:
“En virtud de un examen reciente hecho en la fuente establecida en la plaza de Santander, se notó que por el mal estado en que se encuentra la cañería que conduce el agua a dicha fuente entran a ésta los desagües de las casas vecinas, convirtiendo así el agua potable en agua de albañal”. En esta fuente se abastecían para el consumo doméstico parte de los habitantes de los barrios de la Catedral y de Las Nieves, pues el abasto de aguas para la ciudad dependía aún, como a principios de siglo, principalmente de las pilas y fuentes públicas, y de la labor de acarreo de multitud de aguateras para proveer de agua las casas que contrataban sus servicios, que eran la mayoría de la ciudad.
A este respetable gremio se refirió el argentino Miguel Cané, quien llegó a Bogotá en 1882: “La primera impresión que recibí de la ciudad - escribió- fué más curiosa que desagradable. En la plazuela de San Victorino, encontré un cuadro que no se me borrará nunca. En el centro, una fuente tosca, arrojando el agua por numerosos conductos colocados circularmente. Sobre una grada, un gran número de mujeres del pueblo, armadas de una caña hueca, en cuya punta había un trozo de cuerno que ajustaba al pico del agua que corría por el caño así formado, siendo recogida en una ánfora tosca de tierra cocida. Todas esas mujeres tenían el tipo indio marcado en la fisonomiá”.
El problema del agua en Bogotá no encontraba todavía una solución cabal. Sólo 300 inmuebles en 1882 contaban con el servicio de mercedes o “pajas” de agua; en otras palabras, con servicio particular del líquido vital. Comentaba el periódico El Pasatiempo, en marzo de 1882:
“En el acueducto antiguo que pasa por la aguanueva, ... se practicó una limpia y refacción en su mayor parte, desarenándolo y sacando una capa de lodo de un metro de espesor, trabajo efectuado con ayuda de una sección del presidio”. Esto explica por qué el agua para consumo doméstico en la capital era turbia, y de color terroso cuando llovía. Los acueductos-acequias perdían en filtraciones y fugas la mayor parte del líquido, y como éste corría por tales conductos sin ninguna presión, sólo los lugares bajos de la ciudad y los primeros pisos de las edificaciones podían proveerse, no así las partes ni pisos altos, pues el agua no tenía la fuerza suficiente para llegar hasta ellos. De ahí que en la Guía ilustrada de Bogotá, editada en 1881 por Francisco Javier Vergara y Velasco, se dice que, “Bogotá está insuficientemente abastecida de agua encontrándose sitios en que la ciudad no puede desarrollarse por falta de este vital elemento “. La falta de agua detenía el desarrollo urbanístico de la capital. “Lástima da ver a la gente pobre escarbando en las ‘manas para proveerse de agua”, decía un artículo titulado “Agua, Agua”, que publicó El Comercio del l de octubre de 1884.
Para 1885 la Municipalidad cobraba una matrícula de $200 por cada paja de agua para servicio particular y $10 anuales de tarifa por continuar disfrutando de este privilegio. Las aguateras cobraban un peso mensual por dos múcuras o cántaras de 25 litros de agua que diariamente llevaban de las fuentes públicas a las casas. Las familias que no disfrutaban de agua en su hogar pagaban a las aguateras $12 al año para poder disponer de la cantidad mínima requerida para el servicio doméstico.
Por supuesto 50 litros diarios sólo alcanzaban para cocinar, lavar los pisos, beber y, si acaso, para un somero aseo matinal. El lavado de la ropa se le encomendaba a lavanderas, quienes recogían la ropa de la semana para ir a lavarla en corrientes de agua ubicadas fuera de la ciudad, y que cobraban por pieza lavada; si no era posible contratar a una lavandera, alguien de la casa tenía que realizar este oficio llevando semanalmente la ropa sucia a las corrientes de agua de las afueras de la ciudad. Muy poca agua se utilizaba en el aseo personal general y en el lavado de las bacinillas que cada noche se vaciaban en los caños de la mitad de las calles, por lo que se podía decir que Bogotá y los bogotanos en general poco se distinguían por sus condiciones de aseo. Esta situación continuó hasta la llegada del acueducto de hierro.

El Acueducto de Hierro

El año de 1886 puede considerarse como el comienzo de una nueva etapa en el proceso del abastecimiento de agua en Bogotá. El 24 de julio de ese año la Municipalidad suscribió un contrato con los señores Ramón B. Jimeno y Antonio Martínez de la Cuadra por el cual les concedió el privilegio exclusivo para establecer en Bogotá y Chapinero un acueducto con tubería de hierro y el derecho a usufructuarlo por el término de setenta años.
El Municipio les traspasó todos los derechos sobre las corrientes de agua que abastecían la ciudad, así como sobre los acueductos públicos (acequias de atanores) que estaban en servicio. La nueva empresa quedó exenta de impuestos municipales y autorizada para cobrar tarifas entre una mínima de tres pesos mensuales y una máxima de diez. El Municipio entregó a la compañía 325 pajas de agua de servicio doméstico y todos los acueductos, pilas y fuentes públicas servidas por el viejo sistema de acequias. Los empresarios se obligaban a suministrar en forma gratuita el agua para las antiguas fuentes y pilas públicas de la ciudad, lo mismo que para las nuevas que se establecieran, con el fin de seguir haciendo posible el abastecimiento público.
La empresa trabajó con diligencia y celeridad en la colocación de las tuberías. Sin embargo, estas obras causaron graves dificultades en el abastecimiento ya que, mientras entraba en servicio la nueva red a presión, era preciso interrumpir la antigua, debido a lo cual se produjeron innumerables protestas especialmente por medio de la prensa. Al respecto escribió El Comercio, del 22 de septiembre de 1887: “¡AGUA! Fuentes públicas muy abundantes, donde nunca había faltado el agua, están hoy agotadas o han venido tan a menos que con dificultad se alcanza a recoger en ellas un cántaro de agua; por eso vemos a las aguadoras correr del chorro del Fiscal al del Padre Quevedo, al de la Regadera y al del Carmen, diciendo pestes contra el acueducto, obra a la cual atribuyen esas desgraciadas gentes la falta de agua”.
A los pocos días comentó El Telegrama, No. 281: “Ya hemos visto en la Plaza de Bolívar un abundante chorro de agua del nuevo acueducto, fuente que provisionalmente se ha puesto para que el público tome de allí agua”. Por fin, el 2 de julio de 1888, los empresarios del nuevo acueducto hicieron entrega a las autoridades de dos cañerías de hierro, que atravesaban las calles 9a. y 11 de Oriente a Occidente distribuyendo agua limpia y a presión a varias casas particulares y fuentes públicas.
El acueducto por tubería de hierro quedaba oficialmente inaugurado. No obstante, al poco tiempo, en el Registro Municipal del 14 de septiembre siguiente, el gerente del acueducto se quejó de los robos que gentes malintencionadas hacían por la noche de tuberías y llaves de las fuentes públicas, mal que se originaba en el rumor que corría de que pronto se “estancaría el agua”, y que además las aguadoras y fontaneros se quedarían sin trabajo, todo por culpa del nuevo acueducto.
Dos años más tarde un derrumbe en la parte oriental de la ciudad, por donde pasaba la tubería madre del acueducto, pareció dar la razón al rumor de que éste “estancaría el agua”. Efectivamente, a causa de la magnitud del hundimiento del terreno la capital estuvo sin agua durante siete meses, desde agosto de 1890 hasta marzo de 1891.
Sobre la situación que vivieron entonces los bogotanos comentó El Correo Nacional del 14 de enero de 1891: “Entre tanto continúan los derrumbes de los cerros, haciéndose cada día más difícil la reparación del daño, continúa la población sumida en el mayor conflicto, pululando por las calles en busca del agua, agrupándose en verdaderos enjambres alrededor de las únicas fuentes antiguas” [manas o aljibes naturales de aguas subterráneas que afloraban a la superficie en algunos lugares de la ciudad], “que afortunadamente han escapado a las ávidas manos de los acueductistas; allí se lucha, se combate, se estropean las gentes, se rompen las vasijas, se ensucia el agua, y al fin los que salen mejor librados de tal batalla, llenan sus vasijas con la lavaza de los pies de los combatientes, y esta agua, así y todo, es la que hoy consume Bogotá, y se vende y se paga a real y medio la mucurada.
Entre tanto los excusados de los hospitales, de los cuarteles, de los hoteles, de los conventos, de las oficinas públicas, de todas las casas particulares, y por último las alcantarillas, se hallan estancados y en fermentación ”.
Finalmente el problema pudo solucionarse mediante una ingeniosa construcción de puentes sobre el terreno que se había hundido, de los que se colgó la tubería sobre un tramo como de cien metros. Este sistema de acueducto aéreo permitió que continuara el abastecimiento de agua a la ciudad durante varios años. La empresa había construido un estanque de cuatro millones de litros de capacidad en Egipto y, a raíz de la crisis, hizo otro entre la Quinta de Bolívar y el Molino de Esguerra con trece millones de litros de capacidad. Pero la capital requería soluciones de mayor envergadura.
En cuanto a los usuarios, la mayor parte de ellos poco cuidadosos con el manejo del agua, la derrochaban sin tasa debido esencialmente a que se les cobraba tarifa fija y no de acuerdo con el consumo. En 1897 ya había en servicio en la ciudad 2.763 plumas particulares de agua, y 38 más en Chapinero. Estas cifras indicaban un progreso notable, ya que al suscribir el contrato con el Municipio la empresa había recibido sólo 325 pajas de agua en funcionamiento. También en 1897 había 115 plumas en las pilas y fuentes públicas con destino a las gentes que carecían de servicio particular de agua, lugares a los que seguían concurriendo las aguateras para llenar sus cántaros y venderlos a domicilio.
Es importante anotar que en 1890 el Municipio hizo una modificación en el contrato que había suscrito con la empresa del señor Jimeno, por la cual se establecía que una vez que hubiera en servicio cinco mil plumas particulares de agua la compañía revertiría al Municipio reconociendo, por supuesto, una indemnización adecuada a los propietarios.
En 1897, el Cabildo de Bogotá conoció un informe positivo sobre el abasto de agua, rendido por el vocero de la comisión que se había designado para el efecto, el ingeniero José Segundo Peña:
“Una de las mejoras positivas que en su administración ha recibido la ciudad, ha sido el servicio de aguas por tubería de presión porque el agua ha podido llevarse a cualquier punto de la ciudad, desde el tanque de Egipto hasta abajo de la estación del Ferrocarril de la Sabana, y desde el Panóptico, al norte de la ciudad, hasta la Plaza de Armas, en Las Cruces, y el Hospital Militar, en Tres Esquinas. Hoy puede tenerse agua en cualquier alcoba, encima del fogón, sobre el baño, en el jardín, en cualquier sitio, por excusado que sea, en la casa que esté servida por el acueducto. (Y sabemos que esa agua no va mezclada con inmundicias, pues el sistema de tubería así lo exige indefectiblemente”.

El Cuerpo de Bomberos

En 1887 se leían todavía en la prensa quejas relacionadas con la falta prácticamente absoluta de bombas adecuadas para apagar incendios. Sin embargo, al amparo del nuevo acueducto de hierro, el 18 de diciembre de 1889 El Heraldo pudo publicar la siguiente nota:
“Por invitación de los Señores Rafael Reyes, Manuel F. Samper, Carlos José Espinosa, Roberto Urdaneta, Luis G. Ribas y Rafael Espinosa Guzmán, se reunió el domingo pasado, en la casa de habitación del Sr. Espinosa, una junta de jóvenes deseosos de organizar una compañía de bomberos que tenga los elementos necesarios para combatir con orden y eficacia en el caso desgraciado de nuevos incendios”. Se trataba de 41 jóvenes de las más prestantes familias capitalinas, quienes a continuación procedieron a organizarse en seis secciones, con sus respectivos capitanes al frente de cada una de ellas, y que, luego de tomar el nombre de “Bomberos de Bogotá” y designar capellán, nombraron como comandante de la compañía al general Rafael Reyes.
El cuerpo bomberil de la capital era una entidad que se iniciaba bajo muy buenos auspicios; pese a ello, no se trataba más que de una nueva actitud “snob” de los jóvenes cachacos de Bogotá, pues el flamante cuerpo de bomberos nunca llegó a funcionar.
Finalmente en 1895 una sección de la Policía Nacional fue convertida en cuerpo de bomberos permanente de Bogotá.
Desgraciadamente la gran oportunidad que tuvo para entrar en acción y mostrar su eficacia concluyó en un fracaso aparatoso. Esa ocasión fue el deplorable incendio de Las Galerías (costado occidental de la Plaza de Bolívar) que tuvo lugar a mediados de 1900 y contra el cual fueron impotentes los precarios equipos con que contaban los bomberos de la ciudad.
Esta conflagración causó pérdidas irreparables como la del Archivo Municipal de Bogotá, que desapareció casi en su totalidad. Igualmente debemos recordar que en ese incendio se perdió el original de nuestra Acta de Independencia.