sábado, 30 de septiembre de 2006

La Movilidad y el uso del vehiculo particular en Bogotá

Una guerra sin estrategia
Mucho se ha debatido sobre las futuras troncales de Transmilenio, la viabilidad del metro, el uso de medios alternativos de trasporte y la moderación que debe existir en el uso del automóvil particular. Este ultimo tema, se ha convertido en una prioridad para el Alcalde Luís Eduardo Garzón, quien recientemente ha decidido declarar la “guerra al carro”, acusándolo de ser el gran culpable de la congestión que sufre la capital colombiana y basándose en que los automóviles sólo mueven el 18% de la población pero generan el 42% de la congestión; todo esto sin considerar que el problema va más allá e involucra la falta de planeación y voluntad política para asumir de una forma integral el tema de la movilidad en Bogotá.
De esta manera, el Alcalde ha anunciado algunas medidas encaminadas a restringir el uso del carro, junto a otras que buscan desestimularlo. Es conveniente hacer la distinción entre estas dos vías, pues la primera usaría la coerción como garante de cumplimiento, mientras la segunda la disuasión, siendo ésta más conveniente ya que involucra educación, compromiso y participación por parte de gobernantes y gobernados; en la medida en que gobernantes puedan persuadir educativamente a gobernados se crean espacios de concertación.
“Para que alguien con los ahorros de gran parte de su vida laboral logró comprar un auto, decida dejarlo en casa para, no sólo debe haber restricciones, sino alternativas…"
Se ha hablado entonces de medidas restrictivas tales como: subir el impuesto a los vehículos, cobro de altas tarifas en los estacionamientos de ciertas zonas y en las bahías (mediante parquímetros), cierre de calles en el centro de Bogotá, cobro de peajes urbanos, sobretasa al gas vehicular y aumentar en tiempo el pico y placa.
Pero aparte del ejercicio del viernes 22 de septiembre, que consistía en mostrar cómo un bus de Transmilenio con 200 personas ocupa menor espacio que 150 carros subutilizados, se han dejado a un lado las medidas educativas acompañadas de un plan estratégico que, si bien pueda desestimular el uso del carro, garantice la movilidad de todos los bogotanos.
Como se puede observar, los anuncios buscan restringir el uso del vehiculo particular, sin tener en cuenta medidas que fomenten el uso de otros medios de transporte. Para que alguien con los ahorros de gran parte de su vida laboral logró comprar un auto, decida dejarlo en casa para, no sólo debe haber restricciones, sino alternativas que le permiten movilizarse con calidad, seguridad y efectividad.
Para nadie es un secreto que las alternativas no siempre invitan a dejar el carro parqueado. El transporte colectivo, como se denomina a los buses tradicionales, es hoy de muy mala calidad: conductores no instruidos, mal estado de los buses, poco control de las autoridades y mala atención al pasajero. Transmilenio, que aunque revolucionó la forma de entender el transporte público, hoy cuenta con muchos más retos que antes, pues su calidad es cuestionada por quienes deben soportar los apretones de los buses rojos.
Es entonces imperante, que se balanceen las cargas para que cada uno de los medios de trasporte ceda espacios y ayude a generar la movilidad que la capital necesita. Los automóviles en particular, han cedido a todas las restricciones existentes: tienen pico y placa dos días a la semana, pagan parqueaderos para garantizar espacios públicos para peatones y movilidad, pagan seguro obligatorio, impuesto de rodamiento, el aumento de los precios de la gasolina, entre otra serie de gastos que su propietario asume con la dicha de pocos de haber podido “hacerse al carrito”.
El automóvil particular ya ha cumplido con gran parte de lo que le corresponde y se ha adaptado a las nuevas necesidades de los ciudadanos. Le ha dado mayor espacio al peatón y al transporte masivo, y los conductores particulares son hoy más concientes de la necesidad de respetar a los demás. De la misma manera lo han hecho varios de los trasportadores, pero si se le declara la “guerra al carro”, tal y como lo concibe la Alcaldía, se estaría perjudicando no sólo a los ciudadanos que hacen uso de éste, sino a toda una industria que genera gran parte del crecimiento y el bienestar para el país; Una industria que mueve, según el diario El Tiempo, 30 billones al año; Una industria de legalidad, que paga tributos, respeta las normas ambientales y sigue estándares de calidad internacionales.
La movilidad en la ciudad no depende de las restricciones y/o los desincentivos que se generen para limitar el uso del automóvil particular. El señor Alcalde puede seguir restringiendo a los particulares, pero mientras no se mejoren los sistemas de transporte público, no se planifiquen los proyectos de troncales para el largo plazo y no se garantice la conectividad con los pueblos aledaños, las medidas seguirán siendo insuficientes e insatisfactorias.
Algunas soluciones inmediatas aplican para zonas como el centro; Tal es el caso de la peatonalización de algunas calles (dejando algunos corredores para acercarse al centro, parquear y continuar a pie). Pero se debe también exigir a los altos funcionarios que -aunque necesitan seguridad- no tienen el derecho a dejar sus filas de carros con todos sus escoltas sobre las vías de importancia. Sus salarios son suficientes para pagar el mismo parqueadero que paga el ciudadano del común que ahorró para su carro y aún lo está debiendo.
Así pues, se deben planear obras y generar estrategias que, junto con el mejoramiento del sistema de transporte público, la malla vial y el compromiso de los transportadores, desincentiven y eduquen a los bogotanos para que gradualmente se desprendan de sus hoy necesarios automóviles, y vean las ventajas de tomar un transporte de calidad, a precios razonables, eficiente, interconectado, como el que podría ser Transmilenio si se extiende a toda la cuidad.
Claramente se trata de un proceso, pero debe ser un proyecto que lleve a imaginar una cuidad con buses rojos por cada autopista y con buses verdes por las calles intermedias y medias. Y lo más importante, si se planea, organiza y ejecuta eficientemente, no sólo llevará a desincentivar el uso del carro, sino que también aumentará la movilidad de todos los sectores sociales de la sociedad colombiana.
Miguel Granados

viernes, 29 de septiembre de 2006

Los inicios del Teléfono


La primera línea telefónica que conoció Bogotá fue la que unió a partir del 21 de septiembre de 1881 el Palacio Nacional con las oficinas de correos y telégrafos de la ciudad. Tenía una extensión de medio kilómetro. El Conservador del 26 del mismo mes informó así sobre el trascendental acontecimiento:
“Manifiestaciones de contento patriótico se cambiaron entre los empleados y el Presidente; y una banda de música tocó alternativamente en los extremos de la línea, oyéndose las piezas con toda claridad, pues la transmisión del sonido fue perfecta.
“Próximamente estarán funcionando las líneas que, partiendo del Palacio, deben terminar en las secretarías de Estado y el Estado Mayor General del Ejército”.
Es oportuno advertir que esta línea no era de servicio público sino de uso puramente oficial.
El gran paso se dio el 14 de agosto de 1884, fecha en que el Municipio de Bogotá concedió al ciudadano cubano José Raimundo Martínez el privilegio para establecer el servicio telefónico público en la ciudad.
El contrato estipuló que el beneficiario de la concesión no podría cobrar más de cinco pesos mensuales por el servicio de cada aparato y que a las personas que concurrieran a la oficina central no se les cobraría más de cinco centavos por cada cinco minutos de comunicación. El privilegio se concedió por diez años al cabo de los cuales la empresa revertiría a la ciudad sin el pago de indemnización alguna.
A principios de diciembre del mismo año se instaló en la oficina de los señores González Benito Hermanos el primer aparato telefónico, conectado con otro que se estableció en Chapinero. Los dos estaban separados por una distancia de legua y media. “En vista del pequeño aparato de Bell, -informó El Comercio del 3 de diciembre de 1884-, no pensamos encontrar el resultado de que se nos hablaba, y declaramos que tan luego como nos pusimos en comunicación con la persona que ocupaba la otra estación, quedamos verdaderamente sorprendidos con la perfección con que se produce la traslación del sonido y la claridad con que se oyen las palabras sin que para esto se haga ningún esfuerzo ni haya necesidad de alzar la voz más de lo que cada uno usa y acostumbra ordinariamente... En nuestro concepto el teléfono será una necesidad tan imperiosa en las familias y en los negocios, como el correo y los mandaderos. Merece que todos concurran a ver esta maravilla”.
En el mismo año de 1884 se formó la “Compañía Colombiana de Teléfonos”, de la que hacían parte los señores Carlos Tanco, Nepomuceno Alvarez y Camilo Carrizosa y que en 1887 obtuvo el traspaso y prórroga del contrato concedido al cubano Martínez.
En 1885 ya había 47 líneas operando. En abril de 1887 la ciudadanía recibió la buena noticia de que el cuartel de policía tenía el número telefónico 103, al cual podía acudir en el caso de emergencia.
En 1890 se construyó la primera central telefónica, contigua a la Alcaldía y, tal como informó El Correo Nacional del 16 de enero de 1891, “sabemos que la Compañía está en posibilidad de colocar unos 250 aparatos nuevos, y por nuestra parte recomendamos a los habitantes de la capital se suscriban al servicio telefónico para dar impulso a este elemento de comodidad y civilización”. Según El Correo Nacional del 10 de mayo de 1892, a inicios de ese mes la Compañía repartió el primer directorio telefónico de la capital, en el que aparecían 456 suscriptores. Para ese momento se hacían en Bogotá un promedio de 2.000 llamadas diarias, de acuerdo con El Criterio del 2 de junio.
En octubre de 1900 se produjo otro traspaso. La “Compañía Colombiana de Teléfonos” vendió sus derechos e instalaciones a “The Bogotá Telephone Co.”, firma inglesa que obtuvo su privilegio por cincuenta años. En ese momento ya había 720 suscriptores en la capital.

jueves, 28 de septiembre de 2006

La caridad mal entendida


LA COLUMNA DE OPINET
Un supuesto estudiante de ingeniería realizó una investigación de campo para determinar si mendigar es más rentable que estudiar. Los pormenores han sido divulgados en un simpático mensaje difundido por correo electrónico, donde se establece más o menos lo siguiente: dice el investigador que un semáforo cambia a rojo cada 30 segundos. Así que por cada minuto, un mendigo tiene 30 segundos de tiempo útil para ‘facturar’ tan siquiera 100 pesos, lo que le significaría un ingreso de 6 mil pesos hora, 48 mil pesos por jornada de ocho horas, o $ 1'152.000 mensuales, trabajando de lunes a sábado. Casi tres salarios mínimos legales.
El estudiante se pregunta, sin embargo, si ese será un cálculo absurdo, si es razonable creer que un mendigo pueda obtener 6 mil pesos por hora, si será tanta la generosidad de la gente. Y argumenta que puede ser factible porque muchos ciudadanos dan 200 pesos, otros 500 y no pocos regalan las devaluadas monedas de mil que en muchos comercios no reciben. En gracia de discusión, el investigador asume que el recaudo podría ser de apenas la mitad, casi 600 mil pesos mensuales, lo que equivale —dice— al salario promedio de un practicante de Ingeniería, “que trabaja 48 horas nominales por semana, y aun tiene que ir los domingos a resolver los líos de mantenimiento”.
El estudiante agrega que entrevistó a una indigente que solía cambiar el menudo en una tienda de barrio de Bogotá. Ella le informó que tenía un ingreso que oscilaba entre 35 y 40 mil pesos diarios, o sea de casi un millón de pesos al mes, y le confesó que ‘trabajaba’ menos de ocho horas diarias.
Lamentablemente, estudios más serios muestran resultados muy similares, y es deplorable porque esta solidaridad mal encaminada genera grandes males en nuestra sociedad.
El primero de ellos es el abuso infantil pues es sabido que los ciudadanos se conduelen más fácilmente de niños, ancianos y lisiados. Existe alquiler de niños para ir a pedir a los semáforos o para mandarlos a ‘trabajar’ como vendedores de baratijas, que es otra forma de mendicidad.
Los niños en situación de calle son desescolarizados y transitan hacia la delincuencia y la prostitución.
La mendicidad está organizada en mafias que son ‘dueñas’ de esquinas y semáforos. No puede alguien pedir donde buenamente se le antoje sin permiso previo y debe pagar una suma por hacerlo. Lo mismo ocurre con las ventas de semáforo (no sólo de alucinógenos) y con los vigilantes de ‘trapo rojo’. Además, hay estudios que dan cuenta de que la finalidad del recaudo es, en buena medida, para asegurar el consumo de drogas psicoactivas pues gran parte de los habitantes de la calle son enfermos de los que se aprovechan los inescrupulosos distribuidores de droga.
Otra realidad bien conocida es el hecho de que la generosidad de los habitantes de las principales ciudades es un gancho que atrae a indígenas y campesinos, empeorando el clima general de convivencia.
Muchos ‘desplazados’ no son víctimas del conflicto armado sino de las candilejas de las ciudades, donde es relativamente fácil sobrevivir y medrar al abrigo de la caridad. De otro lado, las organizaciones indígenas han señalado que condenan la mendicidad porque lleva a los nativos al desarraigo y a la pérdida de su cultura. Han sido reiterativos al solicitar que nadie le dé limosna a los nativos.
El pordioseo abunda porque no hay un compromiso social ni gubernamental para solucionar el problema. Con una moneda, las personas se quitan un peso de su conciencia creyendo que contribuyen a la solución cuando, en realidad, empeoran el asunto. Se consolida una cultura de aversión por el trabajo: quien tiene sisbén no acepta puestos formales porque lo pierde y no se consiguen recolectores de café porque el jornal de 30 mil pesos es inferior a lo que se consigue en una esquina y el trabajo en los surcos es pa’ machos.
No entienden los alcaldes los beneficios que arrojaría el prohibir la mendicidad de tajo y atenderla con programas oficiales. No lo entienden tampoco los ciudadanos que pagan voluntariamente este ‘impuesto’. Es perentorio dejar de transmitir la señal de que es mejor la mendicidad que el esfuerzo de estudiar o trabajar con dignidad. No basta con una campaña publicitaria que invite a evitar las limosnas. Es preciso hacer las transformaciones necesarias en la ley para abolir esta práctica.

miércoles, 27 de septiembre de 2006

Los inicios del Telégrafo


En 1865, bajo el gobierno del doctor Manuel Murillo Toro, se empezó a conformar la primera empresa de telégrafos de la actual Colombia. En ese momento, el único estado de la Unión que contaba con algo de servicio telegráfico era Panamá con 85 kilómetros de alambrado. En los Estados Unidos había a la sazón 90.000 kilómetros de líneas telegráficas, en la Gran Bretaña 70.000, en México 400, en Chile 250 y en Venezuela 100.
La Compañía del Telégrafo, que era mixta entre capital del gobierno y privado, bogotano y norteamericano, inició sus actividades en 1865. Las obras avanzaron con tal rapidez que el lo. de noviembre del mismo 1865 fue recibido en Bogotá el primer telegrama de la historia, enviado desde Cuatro Esquinas, a doce millas de la capital. El 10 de noviembre la línea ya estaba en Facatativá, a 24 millas. De allí también se envió un expresivo telegrama a Bogotá. Sin embargo, este extraordinario paso de progreso no se pudo dar sin tener que pagar su tributo a las clásicas manifestaciones del atraso.
El 20 de enero de 1866, El Cundinamarqués publicaba dos comunicaciones que había enviado el gobierno del Estado de Cundinamarca al Alcalde de Fontibón quejándose de que el telégrafo eléctrico “ha sido objeto de daños continuos tan sólo en ese distrito ... En esa parte de la línea ha sido roto el alambre y robadas algunas porciones de éste por más de ocho veces; los aisladores han sido rotos a pedradas, hasta los postes han sido derribados alguna vez... Usted se servirá excitar al cura párroco de ese pueblo para que en las pláticas doctrinales explique a las gentes ignorantes que el telégrafo es un agente natural, y que en él no se usa de hechicería o arte diabólico, como la gente sencilla y fanática se imagina”.
Las líneas telegráficas siguieron avanzando con una rapidez incontenible. El 27 de abril de 1866 la línea llegó a Ambalema y en mayo a Honda. No había duda: el aislamiento de la capital colombiana empezaba a desaparecer. El correo con Honda tomaba entre tres y cinco días, en tanto que por telégrafo se podía enviar un mensaje de la capital al puerto y recibir la respuesta el mismo día.
Entre los años de 1873 y 1874, ya Bogotá se comunicaba por telégrafo con Cúcuta al Oriente, con Buenaventura al Occidente y con Purificación al Sur. En esa época las líneas telegráficas totalizaban una extensión de 1.388 kilómetros.
En 1886 Colombia quedó comunicada directamente con el mundo por medio del cable submarino. Se organizó entonces un periódico en Bogotá, El Telegrama, que se encargó de comunicar a los capitalinos las noticias internacionales del día anterior. Los bogotanos acostumbrados a enterarse de la marcha de la historia con semanas y meses de retraso recibieron indiferentes el gran adelanto.
El Telegrama anotó con desaliento:
“Bogotá, indudablemente, ha presentado un raro caso de aislamiento; tan singular, que varias personas - esto no es exageración- que se precian de cultas, y que en realidad lo son, nos han preguntado, con el mayor candor y buena fe, que qué tanto interés pueden tener los acontecimientos de Bulgaria, ni de Rusia, ni los temblores de todo el mundo y mucho menos en la Oceanía, ni las ovaciones de Sara Bernhardt, ni la libertad de los esclavos, ni la huelga en Cuba, ni el Santo Padre, ni tanta noticia descarnada e incoherente, para darse la pena de hacerla comunicar por cable, cuando días después se pueden obtener más detalladas por el correo; que ¿para qué tanto afán y tanta prisa para saber hechos que nada nos interesan?
“Tan grande indiferencia por la suerte del mundo y de nuestros semejantes, proviene de nuestra completa incomunicación. Nos hemos quedado estacionarios, mientras que todo se movía”

viernes, 22 de septiembre de 2006

La Mita urbana


Durante los años del siglo XVI posteriores a la fundación y buena parte del XVII fue constante la pugna entre los vecinos de Santafé, representados por sus autoridades, y los encomenderos por el control del trabajo indígena, tan necesario para unos y otros.
Visto en una perspectiva más amplia se puede apreciar que la lucha entre funcionarios y encomenderos por reglamentar el trabajo indígena y aminorar los servicios personales, no sólo enfrentaba a la Corona en su intento por hacer efectiva la soberanía sobre sus vasallos. En términos más precisos, era un enfrentamiento entre la ciudad y el campo, entre sus vecinos y sus necesidades y los intereses encomenderos, principalmente en torno a la disposición sobre los indios.
En la última década del siglo XVI, después de una larga querella que tuvo dimensiones continentales, la Corona quebró en lo esencial el poder absoluto de los encomenderos; así se logró extender el “alquiler individual” de indígenas para que también los habitantes de Santafé tuvieran derecho a usufructuar la mano de obra aborigen.
Esta institución de servicio obligatorio a Santafé, en una precisa proporción, se llamó mita urbana.
En muchos aspectos la ciudad del siglo XVI no podía funcionar ni crecer sin el aporte indígena. La puesta en operación de sus funciones básicas o su mismo crecimiento dependía de aquél. Los indios eran requeridos con apremio para un sinnúmero de actividades tales como obras públicas, abasto de alimentos y leña, conducción de agua, servicios domésticos y construcción de casas, edificios, iglesias, conventos y puentes.
Durante buena parte del siglo XVI los encomenderos, conocedores de la importancia del trabajo indígena en el abastecimiento de la ciudad, chantajearon repetidamente a las autoridades municipales. Cada vez que se imponían providencias que intentaban disminuir el peso del servicio personal, argüían que la liberación de la carga sobre los indígenas conduciría a una escasez de alimentos. Como durante un buen trecho del siglo XVI los tributos se pagaban en especie, los encomenderos tuvieron un control decisivo sobre la oferta de alimentos para Santafé. La prohibición de utilizar los indígenas como “bestias de arria” sirvió para que los encomenderos afirmaran que no había cómo conducir los víveres a la ciudad.
Poco a poco las condiciones políticas cambiaron y la autoridad real añadió a las providencias actos de verdadera afirmación. A principios del siglo XVII, bajo el gobierno del presidente Sande, ante la necesidad imperiosa de construir el primer puente sobre el río San Agustín, el oidor Luis Enríquez ordenó que de Usme, Chipaque, Une, Tunjuelo y Ubaque se trasladaran indios a Santafé para trabajar en la obra. El prepotente encomendero Alonso Gutiérrez Pimentel, ensoberbecido, se negó a acatar la orden.
Sin vacilar, la Audiencia le abrió causa y lo condenó a la horca. Algo similar ocurrió en Tunja, donde los vecinos tuvieron que declarar una virtual guerra al poderoso encomendero de Iguaque, Juan González, quien se negaba obstinadamente a “prestar” 200 indios de su encomienda para trabajar en la ciudad.
Desde los años 70 del siglo XVI se conoce la institución del “alquiler individual” de indígenas para trabajos urbanos. La Audiencia, interpretando la real voluntad de que los indios fuesen tratados como vasallos libres de la Corona, estableció perentoriamente la obligación de pagarles por su trabajo. Inclusive se designó un funcionario especial para vigilar la contratación de indígenas en la ciudad.
Finalizando el siglo XVI y comenzando el XVII, el alquiler de indios para la ciudad se reglamentó y se hizo obligatorio, convirtiéndose así en el sistema que fue conocido como “mita urbana” o “alquiler general”.
La mita significaba el debilitamiento del poder encomendero al permitir traer a Santafé cantidades de indígenas que llegaron a representar porcentajes elevados (50 %) de la fuerza de trabajo de la Sabana.
Por supuesto, esta vigorosa afluencia de mano de obra indígena hacia Bogotá afectó muy positivamente ramas tan importantes como la construcción.
La migración forzosa de trabajadores indígenas multiplicó por cuatro la población de una ciudad tan pequeña como era Santafé y ocasionó problemas muy serios que fueron afrontados en principio con la construcción de tambos rudimentarios en los arrabales para alojarlos. Fue preciso nombrar un “Administrador de Mitayos” cuyas funciones eran en lo fundamental coordinar la conducción de los indios a la ciudad, su distribución entre los vecinos y vigilar su justa remuneración. El salario de este administrador era una cuota de la paga total que recibían los mitayos, la cual oscilaba entre un 7.5% y un 8%.
Hacia fines del siglo XVI el flujo de indios a Santafé se estimaba entre 800 y 1.000 mensuales. Aun así, este número se juzgaba insuficiente para las necesidades de la urbe.
Eventualmente se presentaban en el Reino otras necesidades que obligaban a la Audiencia a reducir el número de indios en la ciudad para poder atenderlas.
La mita urbana duró hasta 1741 cuando fue definitivamente abolida por el Rey. Sin embargo, en términos prácticos, el aporte de indios a la ciudad fue disminuyendo a lo largo de la primera mitad del siglo XVII y, todavía más pronunciadamente, durante la segunda. Para cuando se derogó el servicio, muy pocas comunidades estaban en condiciones de aportar indígenas. En 1707 el Administrador de Mitayos reportó que el servicio a la ciudad había declinado a tal punto que tan sólo un pequeño número de tributarios lo cumplían.
Con base en una serie que empieza en 1615 sabemos que la cuota anual estaba por encima de los 2.000 tributarios al año. A partir de 1617 empezó a bajar drásticamente el aporte. Llegó a su punto más bajo en 1638-1639, en el cual tan sólo se cumple con un 40% de lo estipulado en 1615. La atención sobre la disminución creó un incremento para la década del 40, aumentando en un 10%. En términos generales, del comienzo al fin de la serie, el número de indígenas sirviendo dentro del trabajo forzoso disminuyó en un 50%, es decir, alrededor de 1.200 tributarios al año. Esta tendencia a la disminución debió pronunciarse durante la segunda parte del siglo XVII, tanto por la reducción absoluta de la población indígena, como por las dificultades logísticas para hacer efectivo el servicio.
Además del alquiler general, algunas comunidades de la Sabana y del Oriente, estuvieron obligadas a aportar su porción de trabajo a la ciudad en el suministro de leña. Esta contribución más específica se llamó “Mita Leñera”.
Durante 1606 tan sólo la comunidad del Tunjuelo juntaba 24 caballos/mes para aportar 288 caballos al año a Santafé. En conjunto según afirma el Administrador de Mitayos, en 1673 se traían 9.042 caballos de leña al año. Más estable fue el aporte de los indios comprometidos en el aporte de leña.
La cuota se volvió a fijar en 1676 y en 1718 todavía se cumplía en un 87% del monto.
Sobre los indígenas recaían tres sistemas de trabajo forzoso: el concierto agrario (trabajo en haciendas), la mita minera y la mita urbana. Entre las labores a que estaban obligados figuraba el trabajo en las salinas de Zipaquirá y Nemocón, el de bogas en el Magdalena, el de guías y cargueros y el de apoyo a las expediciones de conquista.
Durante la primera sección del siglo XVII casi todo tributario tenía que servir en cualquiera de los tres sistemas. Para 1657 con la disminución de la población indígena las autoridades redujeron las obligaciones, especialmente en cuanto al porcentaje de indígenas asignables al concierto agrario y al durísimo trabajo minero. Este nuevo panorama permite ver un hecho no estudiado cual es el avance relativo de Santafé con respecto al campo en la utilización de la mano de obra indígena.
Los mitayos tenían asignados períodos de servicio de manera considerable. En trabajos urbanos debían servir un mes cada dos años. El servicio en las minas era más prolongado: un año por cada tres a diez años. Y en el concierto agrario, entre seis meses y un año por cada tres. Los salarios de los indios fueron calculados en función de que les quedara un remanente para cubrir sus tributos.
Debemos anotar que las periódicas ausencias de los indígenas y sus familias de sus campos y comunidades tuvieron una incidencia altamente desfavorable sobre la producción agrícola y sobre el abasto de víveres para Santafé.
La afluencia de indígenas a la ciudad determinó el hecho de que gradualmente se fueran capacitando en oficios de estirpe española. Pero en cuanto empezó a producirse la disminución de indios tributarios en la ciudad, los mercaderes y artesanos blancos empezaron a resentirse por la falta de mano de obra, por lo cual hubieron de apelar a esclavos o a retener ilegalmente a los indios tributarios. Los indios que permanecieron en la ciudad aprendieron a la perfección los oficios artesanales, se ejercitaron en ellos y recibieron ingresos mayores, por lo que pudieron pagar sus tributos con mayor holgura. Así, los indígenas reemplazaron a los blancos pobres en el ejercicio de oficios artesanales. El frente de trabajo que contaba con todos los privilegios en cuanto a la asignación de mano de obra era el de las obras públicas y edificios religiosos.
Dentro del sistema de mita urbana las gentes necesitadas de mano de obra indígena debían apelar al Administrador de Mitayos, presentándole listas con el número de trabajadores requeridos y los correspondientes oficios. Por disposición real de 1601, el alistamiento de los trabajadores debía realizarse en la Plaza Mayor del respectivo municipio, pactando de una vez el tiempo de duración de las vinculaciones laborales. El administrador debía llevar listas detalladas de los indios que habían trabajado en el mes, así como de sus patronos, de los oficios que estaban ejecutando y de los jornales que estaban recibiendo.
A manera de ejemplo, citaremos el caso de mayo de 1602, mes en el cual 1.088 indios trabajaron en Santafé, distribuidos entre 591 patronos entre personas naturales e instituciones como el Cabildo, la Audiencia y las órdenes religiosas. Estas tres últimas entidades eran, lógicamente, las que captaban la mayor parte del trabajo indígena.
Las casas contrataban un promedio de un indio por cada una. Por lo general eran mujeres, aunque también se recibían varones para trabajar como hortelanos en los solares que tanto abundaban en Santafé, como acarreadores, como aguateros, y también en labores de reparaciones domésticas. Las mujeres que eran propietarias de panaderías, pastelerías, tiendas de comercio, etc., contrataban el mayor porcentaje.
Las estadísticas de tributarios de 1602 muestran elocuentemente la dedicación prioritaria del trabajo indígena en obras públicas. Este rubro acaparaba una quinta parte del total de indígenas. Los encontramos trabajando en las casas reales y en otras obras como el puente de San Francisco, la Carnicería y el Empedrado.
Sin embargo en todo momento surgió la dificultad inherente al repudio que los indígenas sentían por el trabajo de construcción, al que se consideró, inclusive entrado el siglo XIX, como una labor pesada y degradante, más propia de presidiarios.
Las órdenes religiosas fueron, por su parte, el otro grupo social privilegiado según la cuantía de trabajo absorbido no sólo para la construcción de sus templos y conventos, sino para el trabajo en huertas y panaderías y el suministro de agua y leña. En los comienzos del siglo XVII las órdenes religiosas eran el 17.5% de la población blanca de Santafé, mientras el clero episcopal o secular era el 7.5%. Salta a la vista que la población sacerdotal era una cuarta parte de los moradores blancos de Santafé. En cuanto al trabajo mitayo que acaparaban, se sabe que por esa época (principios del XVII), laboraban para ellos un 21 % de, los tributarios.
Se resalta la preeminencia lograda por la Compañía de Jesús, recién llegada al Nuevo Reino, que entonces alcanzó a tener a su servicio un 30.1 % de toda la cuota religiosa, dedicada en su mayoría a la construcción de la Casa de la Compañía, del templo y del colegio.
Por esos tiempos se reglamentó el número de indígenas a que tendrían derecho las principales personas e instituciones de la ciudad. Así, el Presidente, el Visitador y los Oidores disponían de seis indios-mes; los conventos, doce; los monasterios, seis; los miembros del Cabildo, entre dos y cuatro, y el alto clero igual cupo.

lunes, 18 de septiembre de 2006

Caminos e inicio del ferrocarril

Ya nos referimos anteriormente al aislamiento del mundo que caracterizaba a Bogotá y que los viajeros foráneos percibían y anotaban en sus apuntes de viaje con verdadera sorpresa. Es pertinente destacar el hecho de que a principios del siglo XIX la ciudad disponía de los mismos caminos de comunicación externa de comienzos de la Colonia pero ahora sostenidos, malamente, por peajes.
El de mayor importancia, por ser el único que realmente conectaba a Bogotá con el mundo exterior, era el de Honda, ya que este puerto estaba sobre el río Magdalena, que era, a su vez, la única vía de comunicación con el mar y por lo tanto con el resto del mundo. Disponía también la capital del camino a Neiva, que pasaba por La Mesa; del camino a Vélez, que pasaba por Zipaquirá, y del camino a Tunja, que pasaba por Chocontá.
Por supuesto, los únicos medios con los cuales se podía transitar a lo largo de estas vías eran los caballos y las mulas pues el camino de Honda sólo era carretero hasta Facatativá y el del norte hasta el río Arzobispo (actual cra. 13 con Av. 39).
Con ser, por las razones anotadas, el de mayor importancia el camino de Honda era precario y azaroso en extremo. Había épocas en que las lluvias dificultaban el tránsito hasta el punto de que los viajes entre Bogotá y Honda podían durar tres días o más. Pero por lo general las penalidades del viajero no sólo no terminaban en Honda sino que a partir de allí empezaban a hacerse más agobiantes aún.
El mal tiempo era factor decisivo en toda clase de contratiempos enojosos durante la navegación fluvial. El Barón de Humboldt se refirió pormenorizadamente al tormento de los mosquitos, al calor asfixiante y, en suma, a todos los azares adversos que asediaban al viajero por el río Magdalena. Todavía para 1845 ir y volver a la Costa Atlántica desde Bogotá requería un mínimo de dos meses.
La precaria situación en que vivía Bogotá por su carencia crónica de vías adecuadas de comunicación determinó que algunos dirigentes capitalinos pensaran en toda clase de proyectos, incluyendo algunos tan descabellados como el de la navegación a vapor por el río Bogotá.
En 1858 la Asamblea Constituyente del Estado de Cundinamarca concedió un privilegio para tal efecto a los señores Carlos Sáenz y Alejandro Caicedo. Lógicamente el proyecto no pasó del papel.
En 1862 la Asamblea volvió a conceder un privilegio por treinta años al señor Domingo Peña. “Para el efecto -dictaminó la Asamblea- de canalizar el río, enderezar su cauce o allanar los obstáculos que ... puedan oponerse a su navegación, se considera la empresa como de utilidad pública, y en consecuencia podrán expropiarse los terrenos que con tales objetos fueren necesarios ... Caduca el privilegio si dentro de cuatro años..., no se tiene en el río Funza o Bogotá, por lo menos, dos buques de vapor, capaces de transportar cargamentos y en buen estado de servicio”.69
En 1851 se refaccionó el camino de Bogotá a Facatativá por el sistema carretero de Mac Adams. El costo de esta obra resultó tan exorbitante que los bogotanos lo bautizaron “El camino de terciopelo”. Escribía entonces Salvador Camacho Roldán en sus Memorias que esta obra, unida a la bonanza tabacalera, contribuyó poderosamente al alza notable de los salarios en la Sabana de Bogotá y la zona central del país. Igualmente estimuló la primera empresa de transporte colectivo intermunicipal con cinco carruajes importados, servicio que se perfeccionó en 1854 con cuatro carretas parisienses. Informa Carlos Martínez que la aceptación unánime que tuvo la carretera de Bogotá a Facatativá avivó el interés regional, con lo que de inmediato se inició la calzada carreteable a Zipaquirá, y también a Bosa y a Soacha. En total, hacia la década del 70, de Bogotá irradiaban 150 Kmts. de carreteras macadamizadas.
Sin embargo, a pesar de estas carreteras y de que ya se había regularizado la navegación a vapor en el Magdalena, los fletes de las mercancías extranjeras que llegaban a Bogotá seguían siendo altos, y lo que era increíble, entre Londres y Honda se cancelaba por cualquier mercancía una suma en fletes equivalente a la que se pagaba entre Honda y Bogotá. Camacho Roldán respalda esta afirmación con cifras concretas. En 1858 una carga de mercancía extranjera pagaba en transporte $2.40 de Londres a Santa Marta y $4.80 de Santa Marta a Honda para un total de $7.20. De Honda a Bogotá, a lomo de mula, esa misma mercancía pagaba otros $7.20
La calamitosa situación de vías y caminos está descrita por Aníbal Galindo:
“Para la generalidad de los habitantes de Bogotá son artículos de lujo los frutos del río Magdalena; y para la generalidad de los habitantes de tierra caliente son artículos de imposible consumo las papas, la mantequilla y las legumbres de la altiplanicie. Los gastos de transporte nos anulan la parte gratuita de fecundidad que nuestra exuberante naturaleza puso en la creación de esos productos, pues cuando llegan a su destino esa parte está consumida por la transportación que es un servicio negativo.
“Una arroba de plátanos que en las orillas del Magdalena podría obtenerse por $0.20, vale en Bogotá $0.80. Una arroba de yuca que allá vale $0. 10, aquí vale $0.40. El azúcar es un artículo que hoy no pueden consumir sino las clases acomodadas; los pobres sólo la usan como remedio... La mantequilla que la Sabana podría producir cuanta quisiera a $0. 10 o $0.15 la libra, vale en el Magdalena a $0.60. Por término medio, pues, los productos agrícolas que forman la base de la alimentación pública no pueden caminar con los actuales medios de transportación más de veinte leguas, para que su precio de mercado no toque al término en que el cambio deja de ser provechoso; más allá de ese radio, a cada pueblo le tendría más cuenta privarse del artículo que se le ofrece o producirlo artificialmente y a alto costo en su propio suelo” .
Esta situación reflejaba la regionalización que caracterizó a la economía colombiana en el siglo XIX. Era tan preocupante que en época tan avanzada no diera trazas de desaparecer, que en 1865 el estado de Cundinamarca otorgó un privilegio al británico Alfredo Meeson para la construcción de un ferrocarril que uniera a Bogotá con el río Magdalena. Ya en ese mismo año se había concedido un privilegio similar a Don Antonio María Pradilla para la construcción de un ferrocarril entre Bogotá y Facatativá.
Ninguna de estas concesiones llegó a concretarse por falta de capital. Bajo el gobierno del doctor Santiago Pérez (1874-76) se dio a conocer el fabuloso proyecto del Ferrocarril del Norte, que debía unir a Bogotá con la desembocadura del río Carare en el Magdalena para numerosas poblaciones de Boyacá y Santander. El Gobierno Nacional, los de los estados de Cundinamarca, Santander y Boyacá, varias municipalidades, entre ellas la de Bogotá, y algunos empresarios privados suscribieron acciones. Pese a lo anterior, el proyecto fue un fracaso rotundo que contribuyó en buena parte a desprestigiar al régimen radical.
Por consiguiente, nuestros gobiernos tuvieron que contentarse con ir mucho más despacio, construyendo tramos más cortos para, en otras palabras, irse acercando poco a poco al gran proyecto.
El primero de estos tramos fue el Ferrocarril de Girardot, que el Gobierno contrató en 1881 con el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros y cuyo primer trayecto de 33 kilómetros unió a este puerto sobre el río Magdalena con Tocaima. En 1887 el Gobierno quiso empalmar esta línea con la del Ferrocarril de la Sabana, que se había empezado a construir en 1882 entre Facatativá y Bogotá, para lo cual contrató la extensión de la vía desde Tocaima hasta Apulo.
En 1898 la línea llegó a Anapoima y, finalmente, en 1908 se unió con Facatativá. Fue ese el momento histórico en que los bogotanos empezaron a contar con la venturosa posibilidad de trasladarse por vía férrea hasta el río Magdalena.
En esta era de desarrollo ferroviario es digno de destacarse el hecho de que, en vista de las tremendas dificultades topográficas para el transporte de rieles importados de Honda a Facatativá en primitivos carros de bueyes, la ferrería “La Pradera” empezó a producir rieles con destino al Ferrocarril de la Sabana. Según una simpática crónica del Papel Periódico Ilustrado del 4 de agosto de 1884, los primeros rieles producidos en “La Pradera” fueron paseados en triunfo por las calles céntricas de Bogotá en un carro adornado con banderas nacionales. La primera locomotora fue subida hasta Facatativá a principios de 1889 en carros de yunta especiales y el Ferrocarril de la Sabana pudo hacer su recorrido inaugural Facatativá-Bogotá el 20 de julio de ese año.
El Ferrocarril del Norte, que debía unir inicialmente a Bogotá con Zipaquirá, empezó a construirse también en 1889, y llegó a su destino en 1898, de tal manera que en este año quedó unida por vía férrea la Sabana desde Facatativá hasta Zipaquirá, y construido un tramo del gran proyecto ferroviario que debía integrar la región central del país, teniendo a Bogotá como centro.
El Ferrocarril del Sur se empezó a construir en 1896 y rápidamente unió a Bogotá con Soacha. En 1903 llegó a Sibaté.
En esa forma, finalizando el siglo XIX, la Sabana de Bogotá contaba con algo más de cien kilómetros de vías férreas. No era mucho, pero al fin se habían empezado a materializar los proyectos ferrocarrileros tan largamente acariciados. Se trataba, de todas formas, de uno de los tramos férreos construidos a mayor altitud de los existentes en el mundo entero en ese momento.

viernes, 15 de septiembre de 2006

Bogotá sin carros y mucho arte

Conciertos de jazz y gospel, la Cátedra Internacional de Arte y talleres para niños son algunas de las sorpresas que tiene preparadas para los bogotanos la programación cultural de la Biblioteca Luis Ángel Arango los próximos 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de septiembre.
Durante esos dos fines de semana la Alcaldía de Bogotá y la Corporación La Candelaria pondrán en marcha un interesante proyecto de peatonalización del centro histórico de Bogotá.
Una inmejorable oportunidad para dejar el carro en casa y visitar los museos, las iglesias, los teatros y restaurantes que, entre muchos otros lugares interesantes, siempre hay por descubrir en la zona más antigua y con mayor actividad cultural de la ciudad.

jueves, 14 de septiembre de 2006

Por la plata baila el perro

LA COLUMNA DE OPINET
¿Acaso nuestras Fuerzas Armadas y de Policía se han corrompido al grado de ser un factor más de riesgo para la sociedad?
Supongamos que altos oficiales del Ejército sí prepararon falsos atentados con explosivos para reportar 'positivos' que les significaran el pago de recompensas a través de supuestos delatores que eran sus cómplices.
Visto así el asunto, no podría negarse su alta gravedad, pero no hay duda de que se ha despertado de nuevo un lamentable fariseísmo, una vulgar moralina de muchos sectores de la sociedad civil que han catalogado el suceso como el peor de los escándalos que han protagonizado las Fuerzas Militares de Colombia en toda su historia. Eso es una exageración y una gran inexactitud.
No cabe duda de que este es un capítulo más de episodios ampliamente conocidos como Guaitarilla, Cajamarca, Jamundí, la guaca de la Farc, los casos de tráfico de narcóticos en aviones de la FAC, en el buque escuela Gloria y las numerosas devoluciones a las mafias de incautaciones de droga. Aquí cabe señalar también los delitos de lesa humanidad que han cometido uniformados de las diversas ramas de nuestras fuerzas y delitos de menor proporción, de esos que apenas merecen un parrafito en la prensa y que son cosa de todos los días.
¿Por qué se presentan estos fenómenos? ¿Acaso nuestras Fuerzas Armadas y de Policía se han corrompido al grado de ser un factor más de riesgo para la sociedad? Valdría la pena tratar de ser justos y preguntarnos si estos hombres y mujeres que a menudo ofrendan la vida y su integridad física por todos nosotros son acaso la guardia suiza del Sumo Pontífice, o si son oriundos de Dinamarca y no de Cundinamarca, o de cualquier otra región de Colombia, como para que su comportamiento nos parezca no sólo inadecuado sino impropio del ser y el sentir de los demás colombianos.
Nosotros nos sabemos y reconocemos como gente buena, honesta y trabajadora, pero poco a poco los valores de nuestros ancestros han ido cambiando, se han ido trocando por antivalores, y la sociedad reconoce como preferible el beneficio individual rápido, casi inmediato, en lugar del esfuerzo decoroso y prolongado en el tiempo. Y resulta que las Fuerzas Armadas son un reflejo de la sociedad de la que son extractadas, una representación ni mejor ni peor, y por eso no debería extrañar a nadie que las ovejas descarriadas sean muchas, tal cual sucede con los colombianos de civil.
No hace más que unos días el país entero estaba incómodo por las penas de prisión a las que se condenaron a los infortunados soldados que encontraron decenas de millones de dólares que la guerrilla tenía enterrados en el Caguán. La simpatía que la sociedad siente por el Ejército y la animadversión que despiertan los subversivos fueron suficiente como para que la ciudadanía considerara que no había dolo en la actuación de los militares y que, por el contrario, vieran en la guaca una especie de premio para tan esforzados y heroicos compatriotas. De hecho, hasta la exitosa película que recrea los hechos («Soñar no cuesta nada»), produce la misma sensación que ya existía entre la opinión pública: que tan sólo se trató de una travesura inocente que no los hacía merecedores de un castigo.
Las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia de todos los países están expuestos a múltiples tentaciones, a cometer abusos no sólo en contra de los derechos humanos de las gentes sino contra el patrimonio público y privado. No hay Ejército en el mundo que tenga un récord intachable y los trabajos de ‘inteligencia’ están plagados, en general, de procedimientos que pueden desbordar los principios de la ética y la moral; allí el fin justifica los medios y es una esfera de la política de los Estados que recuerda esa frase que dice que la política es como las salchichas, son deliciosas pero es mejor no preguntar cómo se hacen.
Si se comprueba la actuación dolosa de los oficiales deberán recibir un castigo acorde con la gravedad de los hechos y será necesario replantear la política de las recompensas, pero que no venga nadie ahora a rasgarse las vestiduras y a darse golpes de pecho. Nadie puede tirar la primera piedra en una administración pública corrupta, en una sociedad corrupta donde todos tenemos un precio. Repugna el cinismo de muchos congresistas que han puesto el grito en el cielo a pesar del mal ejemplo que dan a diario. Repugna tanta hipocresía en un país donde, por la plata, baila el perro y baila el gato.

miércoles, 13 de septiembre de 2006

El valor de los hechos en el periodismo

A proposito de las indirectas del presidente Uribe
La supuesta información filtrada a los medios en el caso de los atentados de Bogotá y los reproches del presidente a la prensa con respecto a investigaciones que adelanta la fiscalía (alocución televisada el domingo 10 de septiembre) ofrecen una oportunidad para considerar el valor de las pruebas, los hechos y las verdades del periodismo investigativo. Un campo verdaderamente relevante para la teoría de la argumentación. Particularmente porque entraña una realidad compleja y delicada que compromete la integridad de personas e instituciones. ¿Qué determina que una filtración de la prensa pueda considerarse "investigación"? ¿Cuándo una investigación requiere filtración? ¿Qué tipo de objeciones debe tener el periodismo para investigar cuando su trabajo puede obstaculizar las investigaciones de autoridades competentes? ¿Qué distingue propiamente una filtración de una investigación?
Abordamos un campo relevante para estudio en las Facultades de Comunicación y Periodismo. Porque este caso presenta todos los ingredientes del debate público: tema, ponente y oponente. Existen hechos contundentes (carros bomba, heridos y muertos) acciones que tuvieron resultados comprobables (activar los detonantes, ordenar y cumplir con un objetivo criminal). Tenemos además jerarquía de valores: la verdad, los testimonios de testigos presenciales, la confianza pública. Valores concretos: dar la cara al país, investigar la veracidad de los testimonios, acusar a los responsables. Todavía más importante para la autocrítica de la prensa: el valor de las pruebas, la cantidad de información necesaria para calificar culpables, el tiempo y los precedentes, como parte de las pruebas que se utilizan para informar.
El presidente Uribe en su alocución estableció un sesgo diferenciado entre filtración e información. Y reprobó directamente la relación entre el investigador de la fiscalía y el periodista filtrado que obtuvo datos concretos. Tanto como sugerir investigaciones en ambos sentidos. En el televidente quedó una sensación de ligera desconfianza con el medio. Si el periodista no es calificado por una autoridad como investigador, sino como "filtrado", se devalúa su información. La semántica del concepto "filtración" tiene una connotación negativa en este caso. Relaciona indirectamente al medio con el rumor no confirmado. Y la información obtenida de las fuentes como un contenido amañado. Con lo cual se restringe el alcance de la prueba pública dada por los medios de opinión.
Sin embargo, debemos atender al carácter político del discurso presidencial. Al insistir reiteradamente en las declaraciones del fiscal general, en el sentido del carácter no concluyente ni determinante de las investigaciones, la falta de pruebas contundentes para no llamar a declarar a los inculpados, y la falta de hechos que relacionaran a éstos con los hechos sucedidos, el presidente protege su imagen y las instituciones con el testimonio autorizado del experto. Ese largo y extenso preámbulo de la alocución, acompañado del rostro sombrío tenía una finalidad retórica. Que luego le permitió atenuar para la crítica el sinsabor de los casos referidos de Guaitarilla, Cajamarca, Honda y Jamundí.
El carácter de presunción que tiene el acontecimiento criminal de Bogotá, no resta fuerza alguna al análisis que han presentado los medios sobre estos hechos. Primero, porque aunque es cierto que una persona debe ser escuchada antes que ser condenada dentro de un Estado de Derecho, también es cierto que la prensa no ha alegado plenos poderes para condenar. Queda en el aire todavía que pueda corroborarse la información. Los medios han atendido al carácter de las pruebas que manejan los organismos de seguridad encargados de controlar la investigación. Y las pruebas en derecho son controvertibles mientras no exista un fallo condenatorio. Segundo, los alcances internos y externos del caso, representan la gravedad política que se notó en el presidente, está en riesgo su programa político inmediato (seguridad democrática), la estabilidad institucional y la reputación moral de las FF. AA.
Pero el grueso de la argumentación presidencial no puede ocultar los daños. Y lo que el periodismo puede aprender en este caso importa:
-1 La noticia se debe manejar con fuentes autorizadas, pero cuando en la información se comprometen víctimas y daños a la integridad de la vida humana el periodista tiene el desafío de superar escrúpulos.
-2 La noticia debe permitir una ampliación referencial de los tipos precedentes. Y en este caso el periodismo se ha dirigido desde el acto criminal de Bogotá hacia casos relativamente apaciguados por el mandatario como los de Cajamarca y Guaitarilla
-3 La prensa ha actuado con las pruebas obtenidas dentro de un marco razonable. Si para el presidente el valor de las pruebas hasta ahora recogidas no es concluyente, para el periodismo este carácter no concluyente, no debe obligarlo a actuar con una mordaza frente a unos hechos dolorosos.
Fernando Estrada Gallego

martes, 12 de septiembre de 2006

Epidemias, Aseo y alcantarillado


En el aseo y obras públicas bogotanas de principios del siglo XIX desempeñaron un papel de notable relevancia los presidiarios. Estos eran conducidos al lugar de trabajo sujetos con cadenas y grillos y ataviados con unas indumentarias especiales de diversos colores llamativos con el fin de asentar su identificación en caso de fuga.
Era frecuente que los transeúntes, al pasar cerca a ellos, les dirigieran toda clase de insultos y baldones a los cuales estos respondían con igual o mayor procacidad. La situación de los presos comunes por otra parte era singular, puesto que los que no recibían alimentos de sus familiares se veían en la obligación de mendigarlos por las rejas de la cárcel.
En 1807 el virrey Amar y Borbón destinó a los presidiarios de Santa Fe a la construcción del nuevo camellón que debía unir la ciudad con el Puente del Común y con Zipaquirá. Huérfana entonces la capital de sus presidiarios no creyó poder soportar por mucho tiempo sin quién velara por el aseo y ornato, razón por la que el cabildo reclamó al Virrey, a fines de 1808, la devolución del presidio, pues su falta “ha sido y es perjudicialísima a la ciudad porque sin ellos no se puede conseguir su continua limpieza precisa para el aseo; ... y trayendo funestas consecuencias a la capital su carencia, no es justo que esté privada por más tiempo de los medios de lograr el aseo tan recomendado y necesario para la salud pública. El camino puede continuar sin este socorro, y la ciudad no puede asearse sin él.
Para esto se estableció el presidio privativamente, y ya no es tolerable por más tiempo su falta ni puede cumplirse con la limpieza prevenida de los puentes que sin ella están en riesgo de arruinarse, como el de Lesmes, porque el cabildo no tiene otro arbitrio ni fondos de que echar mano ”.
El Virrey no se dio por enterado de la protesta por lo que el alcalde Luis Caicedo y Flórez no tuvo más remedio que apelar a la cárcel de mujeres del Divorcio, y así, según cuenta el cronista José María Caballero, las presas fueron sacadas a barrer las calles a principios del siguiente año de 1809, junto con las “mujeres que cogían de noche o por cualquier otra causa ”.
Durante la época en que el pacificador Morillo implantó en Bogotá el ominoso régimen del terror, los patriotas que se salvaron del patíbulo fueron los encargados de trabajar en las obras públicas de la ciudad. Fueron ellos quienes, encadenados y engrillados, terminaron la tarea de adoquinar la Plaza Mayor.
Patriotas ilustres como Luis Eduardo Azuola, Pantaleón Gutiérrez y José Sanz de Santamaría fueron compelidos por la fuerza a trabajos como el ya descrito y a otros como la construcción de los puentes de San Juanito y El Carmen y la reparación del de Lesmes.
Ya durante el régimen republicano se produjeron medidas tan pintorescas en materia de aseo como la orden de capturar cerdos, pollos y gallinas que anduvieran errando sin dueño por las calles para remitirlos a las cárceles con el objeto de que sirvieran de alimento a los presos.” Cuentan algunos viajeros cómo, además de los presos, había en Bogotá agentes de aseo tan acuciosos como la lluvia, los gallinazos y los cerdos. La primera barría las inmundicias y los dos segundos las devoraban.
Por otra parte, las acequias de agua corriente que corrían por el centro de las principales calles, y que habían sido abiertas con un claro objetivo de salubridad y limpieza, se convirtieron en un vehículo propagador de la más repugnante suciedad debido a que a partir de las ocho de la noche aproximadamente las sirvientas salían de las casas al amparo de la oscuridad para verter en ellas los cubos y demás recipientes en los cuales durante el día se habían acumulado toda clase de basuras y detritus orgánicos.
Bien vale transcribir textualmente la descripción que hizo el norteamericano William Duane a propósito del desaseo en las calles bogotanas:
“Desde allí el balcón de su casa situada en la plazuela de San Francisco veíamos a veces a unas pobres indias de mantones y faldas azules, que cuando se sentían impelidas al cumplimiento de alguna necesidad natural, no mostraban ninguna vacilación -sin mirar en torno suyo ni preocuparse de que alguien las observara- en agacharse sobre la yerba durante breves momentos y, mirando hacia atrás. seguir de largo muy tranquilamente, tan inocentes de haber cometido una falta indecorosa como puede sentirse un bebé en el regazo de la madre”.
Por su parte, el francés Boussingault expresaba su repugnancia por la costumbre de los hombres de cumplir sus necesidades al aire libre, en los huertos de las casas o en las orillas de los riachuelos que cruzaban la ciudad, y la de las mujeres de utilizar vasos portátiles o bacinillas. Se refería, además, con similares expresiones de asco al uso generalizado de arrojar las inmundicias a los patios traseros con la única esperanza de que los gallinazos se encargaran de la limpieza.
Otro grave problema de salubridad que debieron de afrontar las autoridades bogotanas fue el de la abundancia de perros callejeros que presentaban continuamente la temible amenaza de la hidrofobia en tiempos anteriores, aún en muchos años, al maravilloso descubrimiento de Pasteur.
En algunas oportunidades se recurrió a los reclusos para capturar y sacrificar a los perros vagos. Otras veces la municipalidad trajo y pagó indios para perseguir y matar a los perros a lanzazos.
Un aspecto que impresionó mucho al coronel John Hamilton, Ministro Plenipotenciario de Inglaterra en Colombia fue la diligencia y minuciosidad con que los chulos limpiaban de desechos la Plaza Mayor después del mercado.
En 1832 la municipalidad ordenó perentoriamente que la servidumbre de las casas llevara las inmundicias hasta los ríos para arrojarlas allí, lo que suscitó la siguiente recomendación de el Constitucional de Cundinamarca del 21 de agosto del mismo año:
“La Municipalidad debe costear en cada puente dos letrinas públicas que desemboquen directamente sobre el río, para que el pueblo infeliz tenga donde practicar sus imperiosas diligencias, y así se evitaría que lo hiciese en las calles... En el origen de las acequias que corren por la ciudad también se podrían hacer unos estanques grandes con sus correspondientes compuertas, para detener las aguas de las 5 a las 7 de la mañana, y de las 4 hasta las 5 1/2 de la tarde en cuyas horas soltándose limpiarían las basuras que se harán arrojar en los caños, y no habría necesidad de que los presidiarios gastasen el tiempo en limpiarlos ”.
Por decreto del 4 de julio de 1842 el presidente Herrán determinó que el presidio de Bogotá se trasladara a Ibagué, destinándolo a trabajar en el camino que se abría por la montaña del Quindío, con lo cual obligó a la capital a enfrentar de manera distinta lo concerniente a sus problemas de limpieza, ornato y obras públicas. Por este motivo el jefe político del cantón, con fecha 26 de febrero de 1843, invitó a licitación a los que quisieran celebrar un contrato con la ciudad para recoger las basuras de las calles mediante el pago de $365 anuales, y sepultar los cadáveres en el cementerio por otros $182 anuales. Era la primera vez que se intentaba organizar estos servicios sin el concurso de los presidiarios.
En previsión de lo que pudiera suceder, el jefe del cantón publicó el mismo día un bando en que, bajo pena de multa y arresto, mandó que cada ciudadano velara por la limpieza del frente de su casa. Pero como ni el sistema de contratacion con particulares ni el mandato contenido en el bando dieron resultados, el presidente Mosquera, por decreto del 25 de junio de 1845, tuvo que ordenar de nuevo el establecimiento del presidio en Bogotá. Por lo pronto la capital no podía prescindir de los presidiarios.
En 1849 se desató una mortífera epidemia de cólera sobre el litoral Atlántico de nuestro país y el río Magdalena. En esa zona se calcula que dejó más de 20.000 muertos. No obstante, los bogotanos se sintieron tranquilos en la certeza de que estarían protegidos contra el temible flagelo por la barrera de los 2.640 metros de altura y el saludable frío sabanero. No sabían cuán engañados estaban. Después de diezmar sin piedad a los habitantes de la zona norte, el cólera emprendió lentamente el ascenso de las alturas andinas, las cuales no fueron la muralla infranqueable en que confiaban los capitalinos. Comenzaron a presentarse casos a principios de marzo de 1850. Algunos médicos, con el ánimo de tranquilizar a la ciudadanía, declararon que el cólera no podría germinar a estas alturas y que los casos que se habían detectado eran de simple “colerín”. Por supuesto, no había tal. Según testimonio de Salvador Camacho Roldán en sus Memorias, se dieron 150 casos, la mayoría de ellos mortales. Por fortuna, posteriormente sí hubo una relación entre clima y epidemia, pues entró el invierno y todos los enfermos que habían sobrevivido a los embates iniciales del mal se salvaron.
Una vez que cesó la epidemia, tanto las autoridades como la población, bajo el efecto del tremendo susto, se percataron de la necesidad de emprender dinámicas y eficaces campañas de aseo y salubridad a fin de poner la ciudad a salvo de futuras calamidades como la que acababa de pasar. Se limpiaron los muladares, se asearon los caños y se recogieron con esmero las basuras.
Lamentablemente, toda esta febril actividad no fue más que una efervescencia efímera. Al cabo de poco tiempo se había olvidado el cólera y la capital de Colombia había retornado a sus hábitos inveterados de incuria y desaseo.
Hacia 1854 el norteamericano Isaac Holton encontró que una de las causas básicas de la letal insalubridad crónica de Bogotá eran los habitáculos de las gentes menesterosas, constituidos por piezas o “tiendas” con puerta a la calle pero sin acceso a los patios interiores de las casas que las habían arrendado, donde estaban los excusados. Holton visitó a su lavandera, que vivía en un cuarto de estos, y se admiró de lo que encontró:
“¿ Y dónde está la puerta para entrar al patio de la casa? Naturalmente que no hay puerta ni derecho a tenerla. ¡Bonita cosa sería que una guaricha, por el sólo hecho de haber arrendado este miserable cuartucho, tuviera derecho a pasearse por el patio! Entonces, ¿ qué puede hacer? ¿A dónde puede ir? Porque ni en sueños existe ninguna clase de comodidad moderna, ni siquiera alcantarillado. Fuera de su cuartico, apenas tiene libertad para ir a las calles, a los lotes vacíos y a las orillas del río. No culpemos entonces a la pobre mujer acuclillada al borde del río; hace todo lo que puede para guardar el decoro. El número de familias que vive en las mismas condiciones de mi lavandera excede en mucho al de las que viven realmente bien”.
En 1855 el Gobernador de la provincia, Emigdio Briceño, dirigió al Cabildo un memorial en el que no vacilaba en calificar a Bogotá como la ciudad con el aspecto “más asqueroso y repugnante” que podía conocerse y se refería no sólo a las numerosas epidemias que ya se habían abatido sobre ella, sino a las que podían seguir presentándose como consecuencia del alarmante desaseo urbano. De hecho el tifo, la disentería y la viruela constituían en Bogotá la principal causa de mortalidad.
Para 1856 encontramos que del aseo de la ciudad se encargaban treinta presidiarios. El 6 de agosto de ese año el Cabildo acordó que estos reclusos, para la recolección de las basuras, emplearan carretillas que pudieran ser manejadas cada una por dos hombres, y determinó que “el conductor de la carretilla tocará en cada casa, tienda u otro edificio habitado, a efecto de recibir la basura”.
Las autoridades continuaron realizando esfuerzos por superar el problema del desaseo en la capital. En 1859 se promulgó un decreto que ratificó la antigua orden de que las basuras y excrementos sólo se arrojaran en los caños callejeros únicamente desde las diez de la noche hasta las cuatro de la mañana, pero que preferentemente se acudiera para estos menesteres a los muladares de los extramuros de la ciudad. “Los ciudadanos interesados en que la manzana o cuadra en que habitan, se halle con la debida limpieza, pueden ocurrir al despacho de la alcaldía, a fin de ser nombrados celadores y recibir instrucciones sobre el particular”.
Sin embargo, la situación no cambiaba a juzgar por el siguiente texto de Don José María Cordovez Moure:
“Por en medio de las calles que tienen dirección de oriente a occidente, y en algunas de norte a sur, descendían caños superficiales cuyo principal alimento eran los desagües de las casas adyacentes, de manera que cuando soltaban el contenido salía en confuso tropel fétida aglomeración de materias fecales que esparcían nauseabundas miasmas... En los puentes de la ciudad existían muladares centenarios ..., con la circunstancia especial de que esos sitios suplían para el pueblo las funciones de los actuales inodoros”.
El 2 de junio de 1862 Medardo Rivas, Gobernador del Distrito Federal, dio un plazo perentorio de 15 días a todos los bogotanos para que asearan las calles correspondientes al frente de sus casas, bajo apremio de multa o arresto. Con base en este decreto, Cenón Padilla, el activo alcalde del barrio de Las Nieves, apenas se cumplió el plazo, procedió a declarar incursos en la multa de $25 a todos y cada uno de los habitantes del sector por infracción del decreto del Gobernador, y determinó, para hacer efectiva la multa con destino al aseo del barrio, que se pagara en adelante a la Alcaldía un cuarto de real semanal por cada puerta de casa, tienda o solar. Con estos fondos creó una “Compañía de Salubridad Pública”, compuesta por los vagos de ambos sexos de la parroquia de Las Nieves, a los que obligó a trabajar en el aseo del sector mediante una asignación de real y medio de sueldo por día, y de dos reales para los que se engancharan voluntariamente. Con procedimiento tan singular el alcalde Padilla logró establecer durante algún tiempo en el barrio de Las Nieves el impuesto de aseo y dio ocupación a los vagos del lugar.
Por acuerdo del 10 de febrero de 1872 la Municipalidad de Bogotá mandó de nuevo al Jefe Municipal nombrar anualmente entre los vecinos un celador por cada manzana con las funciones de agente de policía para los efectos del aseo. Determinó, asimismo, permitir los excusados sin agua dentro de las casas, siempre que tuvieran por lo menos un metro de profundidad, que se mantuvieran bien tapados y que se les echara cada día una porción de cal o de cisco de carbón vegetal. Sin embargo, pese a tanta reglamentación, la ciudad seguía tan sucia como siempre. Una de las causas fundamentales de que no se hallaran soluciones de fondo para el gravísimo problema era la carencia de un alcantarillado subterráneo.
El primer tramo de alcantarillado auténticamente subterráneo se construyó en 1872 a lo largo de la actual calle 10 entre las plazas de Bolívar y del Mercado, (hoy carreras 10 y 11). Fue esta la primera alcantarilla que inició el proceso de sustitución de los sucios y antihigiénicos caños de superficie, que el diplomático argentino Miguel Cané describía así en 1882:
“Aunque de poca profundidad, los caños bastan para dificultar en extremo el uso de los carruajes en las calles de Bogotá. Al mismo tiempo comparten con los chulos las importantes funciones de limpieza e higiene pública que la Municipalidad les entrega con un desprendimiento deplorable ”.
Por esa época se continuaban construyendo reducidos tramos de alcantarillado, sin orden ni planificación alguna; por lo tanto, el problema higiénico seguía siendo angustioso. Llegaron a proponerse soluciones ciertamente curiosas como la del ingeniero Manuel H. Peña, en 1885, que consistía en disponer que en cada casa se destinara un tonel de regular tamaño, lleno de agua hasta la mitad para depositar en él todos los detritos orgánicos que evacuara la familia durante el día. En las primeras horas de la noche, el recipiente de las inmundicias sería colocado en la puerta principal, donde lo recogería un servicio especial de recolección, cuyos trabajadores, después de vaciarlo, lo retornarían a sus dueños.
El alcalde Higinio Cualla, en su informe anual al Gobernador del Distrito Federal, publicado en el Registro Municipal del 23 de julio de 1886, propuso una solución que en lo fundamental tampoco podía llevarse a efecto, pues chocaba con la estructura social de la capital: “Se hace indispensable que se decrete alguna providencia, que obligue a los propietarios que arriendan tiendas (piezas) para habitaciones en las calles centrales, a prestar el servicio interior de la casa a sus inquilinos, porque aun cuando se ha dispuesto colocar en las esquinas de cada cuadra rejas de hierro que se abrirán en determinada hora de la noche para que se arrojen por ellas a la alcantarilla las inmundicias, es tal el hábito de desaseo arraigado en nuestra población que se pasarán muchos años para que se acostumbren a no arrojar a las calles públicas a cualquier hora del día las inmundicias de sus viviendas y a aguardar la hora de la noche en que deben hacer la limpieza. De otro modo debe prohibirse arrendar esta clase de tiendas en la parte central de la ciudad porque mientras ellas existan sin el servicio interior, jamás podrá conservarse el aseo”.
La inauguración en 1888 del servicio de acueducto por tubería metálica y a presión permitió, desde luego, que el líquido vital llegara a un número mucho mayor de domicilios, pero presentó a la vez una contracara funesta: agravó el problema de las aguas negras ya que ahora era mucha más alta la cantidad de agua de desecho que se vertía a los caños que corrían a descubierto por algunas de las vías públicas. Hubo, por lo tanto, necesidad de agilizar la construcción de más alcantarillas subterráneas con especificaciones técnicas más cuidadosas, pues los ingenieros de la época denunciaban que, con una excepción, las alcantarillas que se habían construido eran demasiado estrechas.
Empero, y aunque hoy nos parezca entre divertido e inverosímil, las fuerzas de la ignorancia y el atraso también dieron en esta oportunidad su batalla contra el alcantarillado subterráneo y en favor de los asquerosos albañales de superficie. Y lo peor es que quienes se oponían a esta saludable innovación no eran gentes de baja condición sino, por el contrario, periodistas y personas de algún nivel de cultura. Veamos esta nota del periódico El Orden del 1 de enero de 1887:
“La ciencia y la experiencia tienen demostrado que no impunemente se pueden remover a cierta profundidad las tierras, pues de ahí se desprende un desarrollo de gases mefíticos que ponen en peligro la más robusta constitución. Conocemos un caso de viruela negra ocurrido en una señorita debilitada y predispuesta al mal por la excavación de una alcantarilla en la calle donde vivía. Por otra parte, comprendemos la construcción de tales obras en calles donde no hay tiendas (piezas de inquilinato) en que viva gente; pero en las que tal caso ocurre, con el pésimo servicio de aseo que tenemos, nos parece absurdo. Las habitaciones son para el común de las gentes una tienda que les sirve al mismo tiempo de comedor, cocina, despensa, dormitorio, etc. Estas familias no tienen más sitio en donde esparcirse que la calle, y en ella echan las basuras de sus casas, teniendo el concurso del agua de las acequias que hoy se les niega para reemplazarlas por alcantarillas”.
En 1890 ya había 170 cuadras, la tercera parte de las calles de la ciudad, que contaban con albañales subterráneos los cuales, a pesar del avance que representaban, desgraciadamente se seguían construyendo en forma caótica y desarticulada. Para 1896 Miguel Samper describía una situación enteramente nueva, refiriéndose al progreso que representaba para la capital esta primera red de alcantarillado:
“En las calles centrales las aceras están embaldosadas... Las antiguas acequias que corrían a lo largo de las calles arrastrando toda clase de inmundicias, están hoy sustituidas por alcantarillas, con lo cual se ha logrado ensanchar las calles, pues los caños las dividían en dos fajas aisladas. Ha seguido de esto la mayor atención que se consagra a los pavimentos, ya mejorando los antiguos empedrados, ya adoptando para las más concurridas calles el adoquinado o el camellón de macadam”.
Sin embargo, aún no se aclimataban los modernos excusados en las edificaciones, lo cual generaba problemas exasperantes como este que describe el Diario Oficial del 3 de mayo de 1901, en un informe del Síndico del Hospital de La Merced:
“A la escasez de agua en el hospital se añade que los excusados son secos y sin desague a alcantarilla alguna. Para arreglarlos y limpiarlos sería necesaria una gran obra de albañilería que costaría muchísimo... Por el momento he resuelto echarles cal viva y condenarlos, porque el depósito que se encuentra en ellos sin salida desde el tiempo de la Colonia... produciría una infección en todo el barrio. Estos lugares los sustituiré con excusados portátiles que se vaciarán en un profundo hoyo que se irá cubriendo diariamente con cal viva, ceniza, tierra, etc.”.
En 1882, según lo pudo constatar el alemán Alfred Hettner, las calles bogotanas todavía eran barridas por presidiarios que salían a ejecutar este menester custodiados por soldados. Entonces, como ahora, eran constantes las quejas de la ciudadanía contra la irregularidad y la indolencia de los carros recogedores de basura. Hay cosas que en verdad no son nuevas bajo el sol.
En 1883, el Alcalde de Bogotá pedía que se enviaran cien reclusos diarios para las faenas de aseo reforzando, por supuesto, el número de gendarmes requeridos para vigilarlos. La capital de Colombia dependía todavía de sus presidiarios para no ahogarse en basuras y desechos.
En 1884 el Municipio, impotente ante el problema de las basuras, apeló al viejo recurso de siempre: contratar este servicio con empresarios privados. En efecto, así lo hizo con los señores Teófilo Soto y Manuel Forero, quienes se comprometieron a mantener limpia la ciudad recorriéndola con quince carros de mulas y bueyes por un estipendio de $1.800.oo mensuales.
Lentamente se fue organizando por contratistas particulares en los años siguientes un cuerpo encargado del aseo, pagado con un impuesto municipal que se llamó “de aseo, alumbrado y vigilancia”. Gracias a este impuesto, a principios de 1901 cincuenta carros realizaban diariamente la recolección de las basuras en Bogotá, además de un promedio de 76 barrenderos y 13 sobrestantes. Cuarenta reclusos se encargaban cada 15 días de limpiar los cauces y riberas de los ríos y arroyos que atravesaban la ciudad. Por último, según acuerdo No. 23 de 1902, el Concejo de Bogotá reasumió el ramo de aseo de la capital.

sábado, 9 de septiembre de 2006

Los inicios de la medicina


Las herramientas con que se contaba en el Nuevo Reino de Granada para hacer frente a dolencias, plagas, epidemias y demás enemigos de la salud humana, eran tan primitivas e ineficientes como las de muchos siglos antes.
Los conceptos fundamentales de la medicina eran básicamente los mismos que prevalecían en España por esa época.
Seguían en plena vigencia los conceptos fundamentales de Hipócrates y Galeno. Según la doctrina hipocrática, el organismo humano tenía cuatro agentes activos o “Humores”: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla.
De acuerdo con la tesis del maestro griego, cada uno de estos humores tenía una complexión: la sangre caliente y húmeda; la flema fría y húmeda; la bilis negra, fría y seca; y la bilis amarilla, caliente y seca. También afirmaba Hipócrates que los tres órganos más importantes del cuerpo -corazón, cerebro e hígado- eran, respectivamente, seco y caliente, húmedo y frío y caliente y húmedo. Un cuerpo normal y saludable tendría entonces abundancia de calor y humedad.
Sin embargo, Hipócrates aceptaba que este equilibrio podría variar según las diferentes personas, por lo cual podía haber complexiones esencialmente calientes, húmedas, frías o secas.
La salud sería, en consecuencia, el resultado de la buena armonía y adecuado equilibrio entre estas cualidades. Al producirse cualquier desequilibrio vendría el dolor y aparecerían los quebrantos de salud. De ahí que las principales terapias encaminadas a balancear estos elementos eran las purgas, los eméticos, las sangrías y las ventosas.
A pesar de las limitaciones de la medicina colonial, estas escasas luces estuvieron ajenas en nuestro medio. Por diversas razones, antes del siglo XIX no se pudo establecer en regla una cátedra de medicina y mucho menos estructurar un plan de formación académica.
Por supuesto, hubo muchos intentos. Desde el siglo XVI los dominicos solicitaron autorización al Virrey para que se pudieran establecer estudios académicos. Durante el siglo XVII hubo también amagos que no se concretaron.
El médico Enríquez de Andrade intentó iniciar una cátedra de medicina ad honorem pero desistió por diferentes razones.
Con la fundación del Colegio del Rosario, se incluyeron dentro del plan algunos cursos de medicina encadenados a los de jurisprudencia y filosofía. En 1651 los demás cursos habían empezado a funcionar, menos el de medicina “por no haber persona idónea para desempeñarla “. Aún en el siglo XVIII se encuentran intentos igualmente frustrados. En 1733, en momentos en que en Europa ya empezaban a darse pasos decisivos en el camino hacia la medicina moderna, el médico italiano Francisco Fontes, que por extraños designios vino a parar a esta remotísima ciudad, ofreció sus servicios para ocupar la cátedra que se hallaba vacante en el Rosario. La oferta le fue aceptada, pero el italiano hubo de retirarse de ella al poco tiempo al no inscribirse ni un estudiante debido a que la sociedad santafereña consideraba que el ejercicio de la medicina era propio sólo de personas de baja condición social.
Más tarde, en 1760, la cátedra fue ocupada por un personaje llamado Román Cancino quien, aunque no tenía título de médico, sí poseía algunos conocimientos. Más tarde falleció Cancino y lo reemplazó un doctor Juan de Vargas, que regentó una cátedra de medicina elemental en forma irregular y accidentada.
Ya en plena Ilustración, el Arzobispo Virrey Antonio Caballero y Góngora trató de reestructurar la cátedra de medicina imprimiéndole un carácter más serio y científico. El fracaso de la iniciativa fue total.
Por aquella época, ese brillante visionario de la realidad política, económica y social del Nuevo Reino que fue Pedro Fermín de Vargas escribía sobre este tema:“Es un dolor que habiendo en Santafé tanta cátedra de teología que es muy poco necesaria en estos países, no se haya puesto cuidado en una tan útil al hombre como es la de medicina”.
Resulta pertinente anotar aquí que este concepto fue herencia directa de la España posterior a la reconquista, en la cual los oficios prácticos eran ejercidos por moriscos y judíos conversos o sus descendientes. En consecuencia, la práctica de cualquiera de esas actividades hacía sospechosos a quienes las ejercían de llevar sobre sí el deprimente estigma de cristianos nuevos.
Por el contrario, el cristiano viejo sin mancha de sangre sarracena o judía era guerrero, eclesiástico, letrado, o señor de la tierra.
En América Latina este menosprecio hacia las actividades prácticas como la medicina, perdió las connotaciones de tipo ético-religioso para adquirir otras de carácter puramente social.
En 1801, cuando ya el Nuevo Reino estaba recibiendo desde hacía varios años el benéfico influjo del sabio Mutis, fue nombrado un sacerdote de apellido Isla para montar y organizar en el Rosario una cátedra seria de medicina.
El padre Isla diseñó un plan de estudios de ocho años, destinando cinco para estudios teóricos y tres para práctica. Se introdujeron clases de anatomía, fisiología y patología en un intento por emancipar los estudios de la tradicional tutela hipocrática.
El padre Isla llevó a sus estudiantes del período práctico al hospital de San Juan de Dios y alcanzó a graduar a siete, con lo cual puede decirse que se iniciaba en firme la actividad profesional en el campo de la medicina en Bogotá.

viernes, 8 de septiembre de 2006

Bienal de Arquitectura rinde homenaje a Bogotá como megalópolis

Cuatro ciudades de América Latina, Caracas, Bogotá, San Paolo y Ciudad de México, figuran entre las 16 grandes megalópolis invitadas a la 10 edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia, que abre sus puertas al público el próximo domingo bajo el lema ''Ciudad, arquitectura y sociedad''.
Las ciudades escogidas son lugares en los que palpita la mutación urbana global y constituyen un abanico de todas las condiciones urbanas contemporáneas.
La primera Bienal de Arquitectura en 20 años dedicada al papel de la ciudad es ante todo un viaje por los cinco continentes, por sus urbes más emblemáticas, desde la tecnológica Shanghai y la pobladísima Tokío hasta la equilibrada Londres o la "accesible" Bogotá.
Es una exposición para estudiar más que para ver, e invita a la ciudad de las aguas a importantes sociólogos, reconocidos urbanistas y populares administradores locales para que reflexionen sobre el vínculo que existe entre la arquitectura y la sociedad.
Para ilustrar los desafíos del crecimiento urbano en América Latina, se han identificó cuatro ciudades ejemplares por su capacidad de innovación, de cambiar y de tomar decisiones que las han transformado.
Esta Muestra se inicia con una descripción de las ciudades del mundo y termina con un desafío a ellas: contribuir a cambiarlo''.
La construcción en Sao Paolo de 100 escuelas públicas terminó por reducir el nivel de criminalidad de la ciudad.
Bogotá por haber transformado su movilidad, al cerrar calles enteras y reservarlas sólo a peatones, crear pistas para las bicicletas e introducir el sistema de buses llamado ''Transmilenio''.
La defensa del ''derecho universal del uso común'', es decir del llamado espacio público, es considerado clave para las experiencias vividas por Caracas, Ciudad de México, Bogotá y San Paolo para integrar al más pobre y al diferente.
Escuelas, bibliotecas, centros de deportes y artísticos transformaron la vida de sus habitantes y su modo de relacionarse con la ciudad.
Indicativa la presentación para cada metrópoli. Ciudad de México: ''¿Crecimiento ilimitado?''; Bogotá: ''La ciudad accesible''; Caracas: ''Modernidad e informalidad''; San Paolo: ''Un motor en el Nuevo Mundo''.
Preocupados por las estimaciones que indican que en el 2050 el 80% de la población del planeta vivirá en ciudades, importantes arquitectos, desde la innovativa iraní Zaha Hadid hasta el renombrado Norman Foster, pasando por los italianos Renzo Piano y Massimiliano Fuksas, se interrogarán en debates y mesas redondas organizados durante los dos meses del certamen sobre el nuevo modelo de metrópolis que está emergiendo en el globalizado siglo XXI.
En los magníficos y amplios espacios expositivos del Arsenale, la antigua fábrica de barcos venecianos y en los pabellones nacionales de Jardines, se desarrolla la enorme exposición, que se cerrará el próximo 19 de noviembre, tras haber convocado la flor y nata de la arquitectura mundial.
En 3000 metros cuadrados, repartidos por bloques, desfilan las imágenes de las 16 megalópolis, con sus datos estadísticos, fotografías de autor, tomas desde satélites con sus colores verdes y rojos, proyectos arquitectónicos realizados o por hacer y gráficos tridimensionales.
A la entrada, en un moderno anfiteatro, se proyectaran continuamente imágenes de las grandes capitales del mundo escogidas y una sala con maquetas blancas con picos montañosos indicaran la impresionante densidad de cada urbe.
Notable el de Ciudad de México, la segunda ciudad más poblada del mundo después de Tokío con 35 millones de habitantes.
Además de las cuatro capitales latinoamericanas, se puede admirar el crecimiento de Los Ángeles y Nueva York en las Américas, de Shanghai, Bombay y Tokío en Asia, Johannesburgo, El Cairo en África y Estambul en el Mediterráneo, de Londres, Barcelona, Berlín y Milán en Europa.
Unos 50 pabellones nacionales expondran en los Jardines y por primera vez la Bienal se extenderá a Sicilia, para ilustrar el papel de la ciudad-puerto.

jueves, 7 de septiembre de 2006

La plaza de mercado y el tigre


Uno de los grandes problemas de salubridad que afrontaron las autoridades capitalinas hasta 1864, fue el del tradicional mercado de los viernes en la Plaza Mayor, luego Plaza de Bolívar. Las condiciones de desaseo en que se realizaba el expendio de los víveres eran aterradoras, y más aun cuando, concluidas las ventas, repulsivas bandadas de chulos se cernían sobre el lugar para darse su festín de desperdicios e inmundicias.
Varias veces la Municipalidad prohibió la realización del mercado en la Plaza de Bolívar trasladándolo a las de San Francisco y San Agustín; pero los tozudos mercaderes, luego de poco tiempo, retornaban a su sitio predilecto para ensuciarlo y envilecerlo como siempre.
La preocupación por este horrible foco de insalubridad en pleno corazón de la capital se tradujo en una concesión que la Cámara Provincial otorgó en 1848 al señor Juan Manuel Arrubla para construir una plaza de mercado cubierta y usufructuarla por 50 años. Sin embargo, el privilegio no se pudo explotar por falta de un lote céntrico adecuado. Al fin, en 1856, el señor Arrubla adquiríó el huerto del Convento de la Concepción, doscientos metros al oeste de la Plaza de Bolívar. En consecuencia, volvió a solicitar el privilegio; pero debido a que las condiciones que exigió resultaron inadmisibles para el Cabildo, las partes no llegaron a ningún acuerdo y el proyecto naufragó.
Por lo pronto, Arrubla construyó en el solar un circo de madera para presentar en él diversos espectáculos populares. El más memorable de todos fue uno que atrajo de manera especial la atención de los bogotanos: la lucha de un toro contra un tigre. Las opiniones estaban divididas sobre cuál de las dos fieras sería la vencedora en el combate. La mayor parte de los espectadores vaticinaba una victoria contundente del tigre agregando que, no contento con derrotar a su contendor, el felino se daría un opíparo banquete de carne taurina. No obstante, la realidad fue otra. El astado arremetió furiosamente contra el tigre sin darle la mínima oportunidad de un solo zarpazo defensivo. Ante las violentas embestidas del toro, el tigre no hizo cosa distinta de escapar lleno de pavor. Y fue así como en uno de esos brincos, el aterrado felino saltó fuera del cercado sembrando el pánico entre los asistentes, que huyeron en tropel según cuenta Cordovez Moure. Una señora que saltó de un palco de tercera fila cayó a horcajadas sobre los hombros de un caballero. Las gentes daban alaridos y divulgaban la especie de que precisamente ese tigre había sido cebado con carne de niños indígenas, por lo cual era mucho más temible. La urbe de cuarenta mil habitantes quedó desierta en pocos minutos. Las gentes despavoridas trancaron las puertas y ventanas de las casas y se armaron con lo que pudieron, incluidos cuchillos de cocina, vetustos arcabuces y antiquísimas armas blancas arrancadas de las panoplias familiares para hacer frente al tigre. A todas estas, el pobre felino, que aún no se había repuesto del susto atroz que le dieron los testarazos de su enemigo, vagaba como un perro mostrenco por las calles desoladas de la capital. Curiosamente, hubo un insólito grupo de ciudadanos a quienes no llegó el fragor de la estampida colectiva y estaban libándose unas copas en alguna cantina de la ciudad. De repente, los sorprendió el inesperado ingreso de la fiera fugitiva que, con la mayor mansedumbre fue a refugiarse debajo del mostrador, acaso creyendo que allí se salvaría de las mortíferas cornadas de su adversario. Todos entraron en pánico, menos Don Cenón Padilla quien, sin perder la calma, sacó su revólver, buscó al tigre en su improvisada madriguera y le pegó cinco tiros en la cabeza.
Finalmente, en 1861, el señor Arrubla pudo llegar a un acuerdo con la Municipalidad respecto a la plaza de mercado cubierta, emprendió la construcción y en 1864 la inauguró con el nombre de Plaza de la Concepción, permitiendo desde entonces la erradicación definitiva del mercado de los viernes de la Plaza de Bolívar.

miércoles, 6 de septiembre de 2006

Regresa Jazz al parque

Vuelve una nueva edición del siempre esperado Festival Jazz al Parque, evento organizado por el Instituto de Cultura y Turismo y que en su versión número 11 trae invitados de España, Venezuela, Holanda y Colombia.
Todos los amantes de los sonidos del Mississippi podrán asistir de manera gratuita el domingo 17 de septiembre al Parque de Los Novios (Calle 63 No 38A-10), donde se presentarán Yakaré de Barcelona ( España), Caluma Jazz, la Banda de la Armada Nacional, Primero Mi Tía, C.A.L.E Jazz, Joel Marquez y Manos Calientes de Venezuela y Nueva Manteca de Holanda.
El Festival Jazz al Parque tendrá además dos jornadas en la Universidad Nacional: el lunes 18 de septiembre a las 11:30 a.m en la Plaza Ché Guevara, donde estarán Trío La Red, Dos Generaciones de Venezuela, Grupo Moncada de Barranquilla y Nueva Manteca de Holanda.
El martes 19 la cita será en el Auditorio León de Greiff a las 6:00 p.m con Manuel Borda Quintero.

martes, 5 de septiembre de 2006

Los lugares de juego


Existieron en Santafé lugares destinados para el juego, que tenían el carácter de lícitos y permanentes, donde se practicaba el “truco”, especie de billar. Los jugadores, provistos de tacos o “bolillos” golpeaban la bola con uno de dos objetivos: introducirla por una de las troneras abiertas en varios sitios de la mesa o hacerla pasar por unos arcos que se denominaban “barras”. Igualmente, en los patios de barra se jugaba a la pelota siguiendo el procedimiento vasco.
Ante la inexistencia de noticia alguna referente al juego del “turmequé”, es probable que no existiera como juego urbano en la Colonia o que su difusión fuera posterior. Estos patios eran frecuentados por gentes de “baja condición “ que carecían en sus viviendas menesterosas de lugares adecuados para entretenerse.
Los juegos permitidos, tanto como los ilícitos, fueron contemporáneos de la fundación de la ciudad. En 1555 la Real Audiencia, preocupada por la excesiva afición de los santafereños a toda laya de juegos, restringió el juego de pelota o bolos en los días de trabajo. Posteriormente prohibió del todo su práctica en días laborables y limitó las apuestas a un tope de diez pesos oro.
Los patios de barra se hallaban por toda la ciudad, pero abundaban más en el sector central. En torno a la Plaza Mayor había patios de barra o pelota. A principios del siglo XVIII hubo uno muy célebre conocido con el nombre de “El Canelón”.
Según la opinión de la Audiencia, la proliferación de gente “vagamunda y ociosa” influía en la excesiva afición por el juego, así como en la inseguridad callejera, ya que estos rufianes hacían lo que fuera preciso para procurarse los dineros que luego invertirían en los juegos de azar, sin excluir el asalto o el hurto. La pasión por este vicio funesto hacía que criados y esclavos robaran a sus amos para escaparse a la mesa de juego; que los estudiantes abandonaran sus libros y deberes; que los artesanos descuidaran sus labores, todos ilusionados con el repentino golpe de suerte que los redimiría. Se configuró entonces, aparte de los robos a casas y comercios, una práctica que bien podríamos considerar como un antecedente del “raponazo”, que consistía en que los maleantes arrebataban a los hombres sus sombreros y a las damas sus mantillas a fin de malvender estos objetos y contar con dinero para alimentar el vicio del juego. A su vez, las autoridades no dudaban en señalar la relación muy estrecha que había entre los lugares de juego y la compraventa de mercancías robadas.
Llegaron a darse, inclusive, casos tan absurdos y paradójicos como el de un patio de barra que funcionaba bajo los auspicios del Convento de Nuestra Señora del Carmen para que sus proventos sirvieran de renta destinada a las monjas. El piadoso destino del patio no impedía que dentro de él circularan profusamente toda clase de objetos mal habidos. Las autoridades entraron en sospechas y practicaron un allanamiento sorpresivo. Hallaron dentro del patio cerca de cien clientes, todos los cuales trataron de escapar, no sin antes arrojar por sobre las tapias y por una ventana los objetos comprometedores. Luego de arrestar a no pocos parroquianos del patio, los alguaciles dispusieron “picar” el campo y decretar su cierre. No obstante, el convento no cejaría en su empeño por reabrirlo. Argumentaba el prior tener fincados en el “patio” más de 4.000 patacones que un padre deseoso de tener a sus hijas en el convento les había puesto como dote. La Audiencia, en un gesto de ingenuidad, aceptó la reapertura del patio con la condición de que en su recinto “no se permitieran juegos ilícitos”.
En un informe de las autoridades se hacía constar que en su casi totalidad los asistentes de los patios eran “mestizos, mulatos, negros esclavos” que abandonaban sus quehaceres por “estarse encerrados en dichos patios de barras de la mañana a la noche”.
El Cabildo, por su parte, fue un enemigo encarnizado de los patios pero poco fue lo que logró para erradicarlos. Además, no sólo los patios constituían problema. Lo peor en este sentido era, como ya lo dijimos, el arraigado hábito de los dados y las barajas que se podían jugar en cualquier sitio recatado (cocinas, chicherías, trastiendas y otros lugares insalubres y sórdidos).
En el año de 1703 el Cabildo arremetió en debida forma contra los patios de barra declarándolos virtualmente ilegales al imponer 50 días de cárcel y una sanción pecuniaria a los patrocinadores de patios con un aditamento de azotes si el culpado era de, humilde condición.
También, existían establecimientos de mayor categoría donde se practicaba el truco (billar). En ellos eran permitidos los juegos de damas, tablas reales y chaquete, así como el ajedrez. Pero había limitaciones tales como la prohibición de que asistieran hijos de familia y criados y jornaleros en días laborables.
En 1718 el Arzobispado, que veía con angustia la vida disipada de los clérigos y en especial su afición desmedida por el truco, logró que las autoridades impusieran multas de doce pesos a los dueños de establecimientos que admitieran en ellos la presencia de eclesiásticos.
Los salones donde se jugaba el truco estaban situados de preferencia en torno a la Plaza Mayor. Lógicamente, los viernes, días de mercado, su actividad se incrementaba al máximo, así como la de las chicherías. Por ejemplo, en la manzana primera de la calle del comercio se encontraban abiertas, hacia finales del XVIII, en los números 40, 41, 45 y 47, cuatro mesas de truco y, billar más o menos agrupadas en un sólo sector.
Por otra parte, los festejos religiosos y otros regocijos públicos eran las grandes ocasiones para que los santafereños dieran rienda suelta a su pasión por el juego. Durante las carnestolendas, las chirriaderas, las corridas de toros y las fiestas de Corpus, San Pedro, Egipto, Nuestra Señora del Campo y otras, llegaban en tropel los bisbiseros y otros empresarios de juegos a instalar sus tenderetes en lugares estratégicos.
El bisbis, un juego muy común en ciudades coloniales, era una especie de ruleta y se llevaba a cabo en un tablero o lienzo dividido en casillas con números y figuras, en cada una de las cuales colocaban los jugadores apuestas. Sacado a la suerte el número de una de aquéllas, el banquero pagaba al jugador favorecido su apuesta multiplicada, mientras que los demás perdían las suyas.
En estas ocasiones los santafereños, sin distinción de rangos, clases o razas, se agolpaban ante estas mesas, donde apostaban sumas tan gruesas que muchas veces los llevaban a la total bancarrota. Dice un documento:
“Poco tiempo hace que una infeliz mujer con ocasión semejante vendió su casa con perjuicio de los hijos y lo consumió en ese juego entregándolo a las manos de los bisbiseros. Y de estos ejemplares dolorosos se podrían recordar muchos”.
Existen numerosas cédulas reales sobre juegos. Unas limitan drásticamente el monto de las apuestas, otras prohíben las casas de juego, otras proscriben el juego a los funcionarios públicos aun en sus residencias particulares.

Bogotá: la ciudad reinventada

Por Josep Maria Montaner y Zaida Muxí, publicado en el suplemento Culturas de La Vanguardia el 10 de agosto de 2006.

La ciudad de Bogotá es un ejemplo de creatividad y de continuidad de las políticas urbanas de diferentes gobiernos. Desde el año 1994, en que ganó las elecciones municipales Antanas Mockus, el alcalde pedagogo, profesor de matemáticas y filósofo, se inició un proceso de recuperación urbana por y para los habitantes de Bogotá que hasta hoy va expandiéndose y que ha generado una ciudad moderna, que ha afrontado todos los problemas de la ciudad contemporánea partiendo de la realidad y soñando una ciudad posible para los ciudadanos reales, una experiencia apasionante, de la que se puede aprender mucho.
En un país y en una ciudad donde el miedo y la inseguridad habían hecho casi imposible la vida urbana, se planteó un ambicioso y realista proyecto de futuro. Mockus heredó una hacienda municipal muy saneada, logro del anterior alcalde, y decidió que el primer paso debía consistir en la transmisión de unos nuevos valores urbanos y de convivencia. Este profesor universitario, entre radical y liberal, entendió que las mejoras urbanas han de ir a la par con los cambios de mentalidad. Se han de hacer obras y se ha de dotar a la ciudad de un sentido social y cultural, y ambos procesos se han de planificar concienzudamente. De esta manera, las calles y los espacios públicos se convirtieron en escenarios sin solución de continuidad donde ciudadanos convertidos en actores y en mimos callejeros enseñaban cómo usar cívicamente la ciudad, empezaban a transmitir una nueva idea de vida urbana: cívica y solidaria.
En la segunda etapa, bajo el gobierno municipal de Enrique Peñalosa, llegó el momento de actuar construyendo. Se desplegó un amplio abanico de acciones que se articularon entorno a la política de creación de bibliotecas públicas; la reurbanización y recuperación del espacio público; la recuperación de las rieras que descienden de las altas montañas; la construcción de la primera línea de autobuses públicos, el Transmilenio; y la recuperación del casco fundacional, el barrio de la Candelaria.
El Plan de Bibliotecas Públicas consiste en medio centenar de bibliotecas de barrio y cuatro de grandes dimensiones. Dos de éstas han sido encargadas a los mejores arquitectos colombianos: la del Parque Simón Bolívar, proyectada por Rogelio Salmona, y la del Tintal, por Daniel Bermúdez. Este último arquitecto también es autor de la cuarta gran biblioteca y su teatro de la opera anexo, que está actualmente en proyecto.
El espacio público se ha convertido en el lugar de la convivencia urbana y las calles principales, cada domingo, se convierten en itinerario de ciclistas. Con la urbanización de las rieras se consigue enmarcar a la ciudad como espacio de paseo verde. El Transmilenio se inspira en los ómnibus de Curitiba, pero la idea se ha mejorado con dos carriles de bus en cada sentido, lo que permite que circulen diversas líneas al mismo tiempo y que puedan adelantarse, y se han diseñado unas modernas marquesinas en superficie, livianas y transparentes. La restauración y revitalización del barrio colonial de la Candelaria ha sido muy adecuada, mejorando la calidad de la vivienda, introduciendo equipamientos públicos, favoreciendo la instalación de lugares para la cultura como pequeños teatros y galerías de arte.
En la tercera etapa, nuevamente electo Antanas Mockus, se incorporó el proceso de autogestión participativa para proyectos de escala barrial. En esta ocasión la participación de los ciudadanos ha sido a través de los grupos de vecinos que toman las decisiones respecto a los proyectos de los espacios y edificios públicos de su barrio. Con pequeñas ayudas para cada barrio y sector, los ciudadanos fueron estimulados para que se pusieran de acuerdo en la decisión sobre determinados proyectos urbanos modestos pero necesarios: plazas, escaleras, pasarelas, equipamientos, jardines, etc., que serán seleccionados, proyectados, gestionados y realizados por el ayuntamiento y que cada día del año, en algún rincón de Bogotá, el alcalde iba inaugurando.

El modelo Barcelona
Además de estos proyectos barriales y cotidianos, se han promovido grandes obras estructuradotas de la ciudad, como la Alameda El Porvenir, de17 kilómetros, con tres franjas una para bicicletas, otra verde y con bancos y otra para peatones que va uniendo barrios a partir de un equipamiento emblemático como la Biblioteca Pública del Tintal. Todos los proyectos han generado un impacto muy positivo en la ciudad, siendo hoy un ejemplo de urbanismo. El llamado modelo Barcelona no ha sido copiado literalmente en sus formas y mobiliario, sino que ha sido entendido como proceso de lectura, reconocimiento, análisis y actuación en una determinada ciudad. De esta manera, en Bogotá han demostrado una ejemplaridad poco frecuente: una gran capacidad para conocer y admirar un modelo que ha sido releído en clave local. Actuando y proyectando desde y para Bogotá se ha creado, por ejemplo, un nuevo tipo de pavimento para aceras basado en el ladrillo de la zona, investigando y desarrollando una mezcla duradera de cemento y tierras, apta para el clima y atractiva visualmente. Además de ser un elemento de identidad para la ciudad, la obra pública revierte en la creación de empleo local.
En sus dos etapas de intervención, Mockus ha insistido especialmente en la calidad del espacio público como lugar esencial de la vida urbana. Para ello ha sido necesario crear muchos espacios públicos allí donde los ciudadanos lo piden y es posible, pero también es necesario velar por su calidad. Para ello desde la alcaldía se ha luchado para que no proliferen los eventos que privatizan el uso del espacio público y para controlar a los vendedores informales, incorporándolos a mercados y contenedores más permanentes. De esta manera se libera el espacio público y no se deja crecer una economía paralela que se considera una competencia desleal para la economía legal de los comerciantes.
La clave de los proyectos en Bogotá, iniciada por Mockus, ha sido la de inventar una nueva relación entre la teoría universitaria y la práctica urbana, entre el proceso intelectual de imaginar y las dinámicas sociales. Cada una de las intervenciones en la ciudad recoge una larga herencia intelectual y cultural cualificada de sociólogos, geógrafos, antropólogos, arquitectos y urbanistas colombianos.
Cada uno de los grandes proyectos como la opción de estructurar los barrios con bibliotecas fue previamente pensada desde el mundo universitario, especialmente desde el Observatorio de Cultura Urbana, formado por sociólogos, urbanistas e historiadores como Juan Carlos Pérgolis, Alberto Saldarriaga, y otros que actuaba como grupo culto pensante que iba observando, pensando y haciendo propuestas en sintonía con el Ayuntamiento: una ocasión privilegiada para pensar de raíz, desde la sabiduría y el ingenio, la ciudad contemporánea. Además del Observatorio desde otras universidades el pensamiento e investigación sobre la ciudad y sus habitantes es una constante, destacando Armando Silva con sus trabajos de resignificación de la ciudad, estudios a posteriori de los efectos de la renovación urbana, o Doris Tarchopulos y Olga L. Ceballos, quienes desde la Universidad Javeriana han estudiado a fondo la relación entre vivienda y ciudad. De esta manera, estos últimos gobiernos municipales han conseguido que una larga tradición de pensar, imaginar y construir la ciudad de Bogotá encuentre la manera de realizarse.
Uno de los enclaves de más difícil actuación eran los barrios del Cartucho y de Santa Inés, donde se ha realizado a partir de1998 el Parque Tercer Milenio, en el área urbana lindera con el centro histórico, justo alla donde Le Corbusier, Sert y Wiener presentaron entre 1947 y 1950 sus propuestas para la plaza de Bolívar, en el corazón del Plan Piloto de Bogotá, que se basó en crear grandes bulevares verdes, realizado en una ínfima parte pero presente en la ciudad centenares de veces imaginada y proyectada. Hacia el sur se extienden los barrios más desfavorecidos, habiéndose convertido en guarida de narcotráfico, venta de armas, prostitución y documentaciones falsas. La decisión fue actuar implacablemente en términos de elementos construidos, hacer desaparecer el tejido. Esta decisión de fuerte impacto y muy visible fue acompañada por una política real de redes complejas de servicios sociales para que quienes quisieran pudieran insertarse en la legalidad. Se crearon, por ejemplo, programas laborales para drogodependientes en obras públicas y reconocimiento médico con carnet médico para las prostitutas.
La última etapa, la que está ahora completándose, es la del alcalde Luis Eduardo Garzón, procedente de la izquierda colombiana y que, sin romper con la magnífica tradición urbana, ha intentado dejar su impronta con proyectos aún más sociales: su política se ha centrado en realizar nuevas escuelas y en modernizar las existentes.
Doce años de políticas públicas continuadas han hecho que la Bogotá de principios del siglo XXI sea un referente y promete una oportunidad de cambio para los habitantes hasta hace poco más olvidados.
Bogotá es hoy una ciudad admirable, espléndida y acogedora; un envidiable ejemplo para las envejecidas ciudades europeas, lastradas por la inercia y la burocracia, que pueden ver como una ciudad de recursos económicos limitados y con graves problemas de partida, pero con una gran formación intelectual, una capacidad imaginativa inagotable y una sociedad civil vitalista, se ha convertido en un laboratorio de experimentación urbana fiel a lo que sus ciudadanos desean, a la Bogotá que entre todos llevaban años imaginando y que ahora se está haciendo posible.