La Audiencia y el gobierno de la ciudad

Control de precios

No obstante que el abastecimiento de alimentos en Santafe fue por lo general adecuado y suficiente, no dejaban de presentarse de vez en cuando situaciones de carestía y escasez debidas a incidencias climáticas desfavorables sobre los cultivos y cosechas. En estos casos la Audiencia acudió para fijar reglamentaciones sobre precios de víveres e incluso fue más lejos, llegando a tasar los precios de artículos de producción manual tales como los de platería, herrería, sastrería, zapatería y carpintería.

Caminos y puentes

Preocupación primordial de la Audiencia en esta época fue la de mejorar dentro de lo posible la salida de Bogotá al Magdalena, que entonces era precaria hasta hacerse casi intransitable en ciertos meses del año. El primer problema grave con que se topaba el viajero que salía de la ciudad era la interrupción del camino por el río Bogotá a la altura de Fontibón. Luego, al salir de la Sabana, el camino se hacía hasta tal punto impracticable que ni siquiera las mulas podían transitarlo. Según los encomenderos, la calidad de los caminos hacía insustituible el “lomo de indio” como medio de transporte. De ahí que en una comunicación en la que la Audiencia apremiaba al Cabildo, le exigía “adobar los caminos de manera que se pueda caminar con recuas”. Esta declaración demuestra de manera concluyente la triste verdad de que en ese momento los indios no podían ser reemplazados por mulas para el transporte de mercancías y pasajeros.
El problema de la carencia de puentes era también extremadamente agudo. Hacia 1558 la parte baja y anegable del Occidente sabanero se convertía en una casi insalvable barrera acuática, especialmente en el punto de confluencia de los ríos Fucha, San Francisco y Bogotá. Ante la carencia de puentes era preciso apelar a balsas y otras diversas formas de vado. La Audiencia insistió especialmente en el puente de Fontibón e inclusive acusó al Cabildo de negligencia por la demora en emprender la obra.
También presionó la Audiencia al Cabildo para que a lo largo de los caminos se construyeran especies de rudimentarias rancherías que sirvieran para alojar a los viajeros en las noches. El Cabildo, por su parte, replicó que no era su obligación construir estos “tambos” y argumentó que la generosa hospitalidad de los encomenderos sustituía con ventaja las posadas camineras.
La resistencia obstinada de los cabildantes ante los mandatos de la Real Audiencia llevó a ésta a solicitar a España un Juicio de Residencia contra el Cabildo en bloque. Este denunció airadamente las intromisiones indebidas de la Real Audiencia en su jurisdicción. Como siempre debido a su apatía administrativa, el Cabildo sufrió las presiones de instancias superiores en materias como esta.

Conflicto de jurisdicciones

Esta pugna se hizo especialmente aguda en el campo de los asuntos realmente estratégicos, que era donde ambos contendientes luchaban por adquirir y conservar la mayor supremacía que fuera posible. En el fondo, como ya lo sabemos, se movía el viejo conflicto entre el poder local de los encomenderos y la potestad real representada por la Audiencia. Los asuntos estratégicos a que nos hemos referido eran en lo fundamental tres: los indígenas, el reparto de tierras y los fueros del Cabildo. Lógicamente las dos partes en pugna eran conscientes de que quien prevaleciera en esos tres campos inclinaba de manera decisiva la balanza del poder en su favor.
En cuanto a la autonomía del Cabildo, la contienda entre las dos partes fue también empecinada. Los cabildos indianos conservaban aún poderes que ya habían perdido los de España. Sin embargo esa misma tendencia se observó, aunque en forma un poco tardía, entre nosotros. Por ejemplo, al finalizar el siglo XVI el Cabildo de Santafé había perdido mucho del poder de su primera época debido en esencia a un paulatino deterioro político y económico. La suerte política del Cabildo corrió pareja con la declinación de la significación y prestancia de los encomenderos. El Cabildo mantendrá en toda su historia una lucha por recuperar parte de su autonomía. Esto incluía preferencialmente la facultad de nombrar sus propios alcaldes y el mantenimiento de una exclusividad en el manejo de la ciudad. En ambos aspectos salió mal librado. Esta situación rebotó sobre el desempeño del Cabildo. La dignidad de cabildante empezó a dejar de ser apetecida por los vecinos influyentes. El precio del regidor no subió, hubo ausentismo y los alcaldes fueron remisos a aceptar sus responsabilidades. El proceso siguió adelante hasta llegar a las reformas borbónicas, que cercenaron más todavía los poderes y atribuciones de los cabildos.

Una ciudad letrada

En el momento histórico en que Santafé se consolida como el centro político y administrativo del Nuevo Reino, lógicamente empieza a cambiar en la misma forma la índole de sus habitantes quienes, de guerreros trashumantes y promotores de empresas conquistadoras, se van convirtiendo en burócratas y en gentes de hábitos civiles y sedentarios. Fue esa, por lo tanto, la época de transición en la que, los oidores, los letrados y los funcionarios burocráticos fueron desplazando y sustituyendo a los broncos y arbitrarios conquistadores de antaño.
La burocracia española, omnipresente en los diversos aspectos de la vida urbana y rural, presentó siempre como una de sus características más acusadas, la de ser un mecanismo intrincado y frondoso como ninguno. Un ejemplo elocuente entre muchos es que en una urbe con dimensiones de aldea como era la Santafé de 1674 había, además de la Real Audiencia y de los Cabildos Secular y Eclesiástico los siguientes tribunales: de la Santa Cruzada, de Tributos y Azogues, de Bienes de Difuntos, de la Santa Inquisición, de Diezmos, de la Media Anata, de Provincia, de Ejecutorias Reales, de Papel Sellado, de lo Militar
Esto ocurría en una ciudad de segundo rango; sin embargo, era la capital y el principal centro administrativo. Esto suponía un exagerado peso de procedimientos judiciales, golillas, abogados, tribunales y juzgados con relación a sus habitantes.
Por esto Santafé y la Corona se preocuparon por aumentar el rango de la ciudad. En sus primeros dos años de vida tuvo categoría de villa y sólo en 1540 el emperador Carlos V la ascendió a ciudad. En la correspondiente cédula real se decía:
“Mandamos que agora y de aquí adelante el dicho pueblo se llame e intitule la Ciudad de Santafé; y que goce de las preeminencias y prerrogativas e inmunidades que puede y debe gozar siendo ciudad.”
En su calidad de tal empezó a gozar del derecho a poseer armas y divisas para sus estandartes, banderas y sellos. Ellas fueron:
“Un águila negra, rampante y coronada, en campo e oro, con una granada abierta en cada garra y por orla aIgunos ramos de oro en campo azul”.
En 1550, como ya se dijo, se instaló en la ciudad la Real Audiencia, para finalmente, en 1564, recibir otra importante consagración al ser erigida como sede arzobispal.
La instalación de la Real Audiencia en Santafé fue el comienzo de una proliferación realmente cancerosa de cargos públicos. Por todas partes empezaron a aparecer escribanos y letrados. En cuanto a los oidores, se les dotó con una jugosa renta de 800.000 maravedís y se exigió para ellos el tratamiento de “Muy magnífico señor licenciado ”. Durante las solemnes ceremonias públicas se sentaban en sillas destacadas y especiales, se les colocaban mullidos escabeles para el descanso de sus pies y se les honraba con abundante incienso. Para fines del siglo XVIII se elevó aún más el tratamiento ordenándose que a los “ministros togados se dé el tratamiento de Señoría, de palabra y por escrito”.
La ceremonia de posesión de los oidores revestía una solemnidad especial. Los asistentes lucían sus atuendos más lujosos y el nuevo oidor pronunciaba una larga y sofisticada oración de juramento ante Dios y el Sello Real.
Todos los movimientos de los oidores eran de hecho una ceremonia. En el trayecto de su casa hacia la sede de la Real Audiencia iban precedidos cada uno por dos alguaciles que portaban sendas pértigas como símbolo de autoridad. El Presidente de la Audiencia llevaba espadín debajo de la capa y peluca blanca para cubrirse la cabeza. Las labores de la Audiencia empezaban a las siete de la mañana; a las nueve los funcionarios volvían a sus casas para tomar un refresco. A las diez y media celebraban su cotidiana audiencia pública que terminaba a las dos de la tarde, hora a la cual regresaban a su casa para almorzar en forma abundante, dormir luego una prolongada siesta y dedicarse luego al juego del ropillo o truco, precursor del actual billar.
La Real Audiencia atendía una infinidad de litigios, ninguno de los cuales podía ser llevado ante el tribunal sino por intermedio de un abogado. Por sencillo que el caso fuera, el litigante tenía que ponerlo forzosamente en manos de un jurista. De otra parte, como los letrados cobraban siempre a manera de emolumentos determinados porcentajes del valor de los pleitos, la Audiencia, instituyó el cargo de Abogado de Pobres cuya misión, como lo indicaba su título, era la de representar ante los tribunales a los vecinos carentes de recursos.