viernes, 29 de junio de 2007

Los tribunales


La comunicación del público hacia los tribunales y corporaciones judiciales se hacía a través de un medio totalmente formalizado. En primer lugar, la escritura. Memoriales, representaciones, peticiones y actos de demanda tenían que ser elevados en papel a través de un procurador o abogado, quien se encargaba de la asesoría jurídica. Desde luego había que acudir a un escribano de las diferentes clases que había.
Escribanos públicos o escribanos de Cámara, que de acuerdo a que tuvieran autorización o no, podían ser llamados Escribanos Reales y en concordancia cobrar los derechos establecidos por las autoridades.

Estos recursos jurídicos debían ser presentados ante el Receptor en las horas de oficina. Esta era una especie de primera secretaría donde se clasificaban y se repartían los memoriales según su condición. Un segundo trámite era el paso por el registrador, según la vaga descripción del cargo más que todo en las actas de sesiones , quien debía despachar y registrar los documentos. A la vez que ejercía las funciones de una secretaría del despacho del tribunal, hacía las veces de notario, avalando documentos y transacciones.

No es posible saber si durante los siglos XVI y XVII existieron separadamente una sala criminal y una civil. Posteriormente sí hay indicios de que las hubo, pues los casos judiciales están separados.

La Secretaría unificaba los casos y las materias en expedientes, un archivo temático que parece hoy tan corriente pero que es uno de los elementos claves en el comienzo de la administración moderna.

El Oidor, dentro de su corriente labor judicial, estudiaba el caso en una primera instancia, en un paso que se llamaba vista, y, de acuerdo con esta primera revisión, se hacían los arreglos para la instrucción allegamiento de información del caso. Se oían las partes y se llamaban testigos a declarar. Por esta tarea se cobraba una cuota del negocio o derechos.

En 1566 se establecieron en la Real Audiencia de Santafé las mismas tarifas que regían en España.

Posteriormente se pasaba a una segunda revisión del caso que se llamaba revista.
Cómo se llegaba a la sentencia no es una materia conocida. Podría pensarse que un juez, alcalde u oidor se encargaba de un caso y llegaba a una conclusión. Sin embargo, puede haber la necesidad de confirmación colegial, de la Audiencia o del Cabildo en pleno. Podría ser lo que se llaman en el caso de la Audiencia los acuerdos privados.
Estos procedimientos pasaban por las manos de un personaje muy importante dentro de los tribunales: el fiscal, guardián de la juridicidad del procedimiento y de los acuerdos y sentencias. Además de su función de control judicial oficiaba como asesor de los Actos de la Real Audiencia o del Cabildo, según el caso. Tenía una categoría relativamente igual a la de los oidores. En estos casos, en los cuales el status no estaba muy bien definido, se presentaban conflictos por la manera como se expresaba esta jerarquización implícita en los actos públicos. Tuvo un nombre y una definición precisa: preeminencia, y fue asunto de mucha pugna.
Otro cargo importante era el “factor”. Al menos era bachiller y con un sueldo no despreciable, 200.000 maravedís al año, que eran en el siglo XVI 440 pesos de oro. Estaba encargado de lo que hoy se llamaría los suministros, el comprador y negociador de las necesidades materiales de la corporación.
En la nómina de la Real Audiencia cabía de todo. Desde la época en que se dispuso reloj se nombró un relojero con 160 pesos de sueldo anual.
Todas las decisiones, fallos, sentencias y acuerdos de la Real Audiencia eran rápidamente comunicados al público por medio de pregones que se publicaban de viva voz por las principales calles de la ciudad. El pregonero habitual era por lo general negro o mulato y se le exigía como condición que tuviera un volumen suficiente para recitar el pregón a ”altas e inteligibles voces”.
El pregonero recorría la Calle Real (hoy carrera 7a.) y en cada esquina repetía el texto. De esa manera quedaba oficialmente registrada la comunicación que la Audiencia quería dar a conocer. Para ocasiones muy especiales se utilizaban pregoneros de raza blanca.

lunes, 25 de junio de 2007

La Audiencia y el gobierno de la ciudad


Control de precios

No obstante que el abastecimiento de alimentos en Santafe fue por lo general adecuado y suficiente, no dejaban de presentarse de vez en cuando situaciones de carestía y escasez debidas a incidencias climáticas desfavorables sobre los cultivos y cosechas. En estos casos la Audiencia acudió para fijar reglamentaciones sobre precios de víveres e incluso fue más lejos, llegando a tasar los precios de artículos de producción manual tales como los de platería, herrería, sastrería, zapatería y carpintería.

Caminos y puentes

Preocupación primordial de la Audiencia en esta época fue la de mejorar dentro de lo posible la salida de Bogotá al Magdalena, que entonces era precaria hasta hacerse casi intransitable en ciertos meses del año. El primer problema grave con que se topaba el viajero que salía de la ciudad era la interrupción del camino por el río Bogotá a la altura de Fontibón. Luego, al salir de la Sabana, el camino se hacía hasta tal punto impracticable que ni siquiera las mulas podían transitarlo. Según los encomenderos, la calidad de los caminos hacía insustituible el “lomo de indio” como medio de transporte. De ahí que en una comunicación en la que la Audiencia apremiaba al Cabildo, le exigía “adobar los caminos de manera que se pueda caminar con recuas”. Esta declaración demuestra de manera concluyente la triste verdad de que en ese momento los indios no podían ser reemplazados por mulas para el transporte de mercancías y pasajeros.
El problema de la carencia de puentes era también extremadamente agudo. Hacia 1558 la parte baja y anegable del Occidente sabanero se convertía en una casi insalvable barrera acuática, especialmente en el punto de confluencia de los ríos Fucha, San Francisco y Bogotá. Ante la carencia de puentes era preciso apelar a balsas y otras diversas formas de vado. La Audiencia insistió especialmente en el puente de Fontibón e inclusive acusó al Cabildo de negligencia por la demora en emprender la obra.
También presionó la Audiencia al Cabildo para que a lo largo de los caminos se construyeran especies de rudimentarias rancherías que sirvieran para alojar a los viajeros en las noches. El Cabildo, por su parte, replicó que no era su obligación construir estos “tambos” y argumentó que la generosa hospitalidad de los encomenderos sustituía con ventaja las posadas camineras.
La resistencia obstinada de los cabildantes ante los mandatos de la Real Audiencia llevó a ésta a solicitar a España un Juicio de Residencia contra el Cabildo en bloque. Este denunció airadamente las intromisiones indebidas de la Real Audiencia en su jurisdicción. Como siempre debido a su apatía administrativa, el Cabildo sufrió las presiones de instancias superiores en materias como esta.

Conflicto de jurisdicciones

Esta pugna se hizo especialmente aguda en el campo de los asuntos realmente estratégicos, que era donde ambos contendientes luchaban por adquirir y conservar la mayor supremacía que fuera posible. En el fondo, como ya lo sabemos, se movía el viejo conflicto entre el poder local de los encomenderos y la potestad real representada por la Audiencia. Los asuntos estratégicos a que nos hemos referido eran en lo fundamental tres: los indígenas, el reparto de tierras y los fueros del Cabildo. Lógicamente las dos partes en pugna eran conscientes de que quien prevaleciera en esos tres campos inclinaba de manera decisiva la balanza del poder en su favor.
En cuanto a la autonomía del Cabildo, la contienda entre las dos partes fue también empecinada. Los cabildos indianos conservaban aún poderes que ya habían perdido los de España. Sin embargo esa misma tendencia se observó, aunque en forma un poco tardía, entre nosotros. Por ejemplo, al finalizar el siglo XVI el Cabildo de Santafé había perdido mucho del poder de su primera época debido en esencia a un paulatino deterioro político y económico. La suerte política del Cabildo corrió pareja con la declinación de la significación y prestancia de los encomenderos. El Cabildo mantendrá en toda su historia una lucha por recuperar parte de su autonomía. Esto incluía preferencialmente la facultad de nombrar sus propios alcaldes y el mantenimiento de una exclusividad en el manejo de la ciudad. En ambos aspectos salió mal librado. Esta situación rebotó sobre el desempeño del Cabildo. La dignidad de cabildante empezó a dejar de ser apetecida por los vecinos influyentes. El precio del regidor no subió, hubo ausentismo y los alcaldes fueron remisos a aceptar sus responsabilidades. El proceso siguió adelante hasta llegar a las reformas borbónicas, que cercenaron más todavía los poderes y atribuciones de los cabildos.

Una ciudad letrada

En el momento histórico en que Santafé se consolida como el centro político y administrativo del Nuevo Reino, lógicamente empieza a cambiar en la misma forma la índole de sus habitantes quienes, de guerreros trashumantes y promotores de empresas conquistadoras, se van convirtiendo en burócratas y en gentes de hábitos civiles y sedentarios. Fue esa, por lo tanto, la época de transición en la que, los oidores, los letrados y los funcionarios burocráticos fueron desplazando y sustituyendo a los broncos y arbitrarios conquistadores de antaño.
La burocracia española, omnipresente en los diversos aspectos de la vida urbana y rural, presentó siempre como una de sus características más acusadas, la de ser un mecanismo intrincado y frondoso como ninguno. Un ejemplo elocuente entre muchos es que en una urbe con dimensiones de aldea como era la Santafé de 1674 había, además de la Real Audiencia y de los Cabildos Secular y Eclesiástico los siguientes tribunales: de la Santa Cruzada, de Tributos y Azogues, de Bienes de Difuntos, de la Santa Inquisición, de Diezmos, de la Media Anata, de Provincia, de Ejecutorias Reales, de Papel Sellado, de lo Militar
Esto ocurría en una ciudad de segundo rango; sin embargo, era la capital y el principal centro administrativo. Esto suponía un exagerado peso de procedimientos judiciales, golillas, abogados, tribunales y juzgados con relación a sus habitantes.
Por esto Santafé y la Corona se preocuparon por aumentar el rango de la ciudad. En sus primeros dos años de vida tuvo categoría de villa y sólo en 1540 el emperador Carlos V la ascendió a ciudad. En la correspondiente cédula real se decía:
“Mandamos que agora y de aquí adelante el dicho pueblo se llame e intitule la Ciudad de Santafé; y que goce de las preeminencias y prerrogativas e inmunidades que puede y debe gozar siendo ciudad.”
En su calidad de tal empezó a gozar del derecho a poseer armas y divisas para sus estandartes, banderas y sellos. Ellas fueron:
“Un águila negra, rampante y coronada, en campo e oro, con una granada abierta en cada garra y por orla aIgunos ramos de oro en campo azul”.
En 1550, como ya se dijo, se instaló en la ciudad la Real Audiencia, para finalmente, en 1564, recibir otra importante consagración al ser erigida como sede arzobispal.
La instalación de la Real Audiencia en Santafé fue el comienzo de una proliferación realmente cancerosa de cargos públicos. Por todas partes empezaron a aparecer escribanos y letrados. En cuanto a los oidores, se les dotó con una jugosa renta de 800.000 maravedís y se exigió para ellos el tratamiento de “Muy magnífico señor licenciado ”. Durante las solemnes ceremonias públicas se sentaban en sillas destacadas y especiales, se les colocaban mullidos escabeles para el descanso de sus pies y se les honraba con abundante incienso. Para fines del siglo XVIII se elevó aún más el tratamiento ordenándose que a los “ministros togados se dé el tratamiento de Señoría, de palabra y por escrito”.
La ceremonia de posesión de los oidores revestía una solemnidad especial. Los asistentes lucían sus atuendos más lujosos y el nuevo oidor pronunciaba una larga y sofisticada oración de juramento ante Dios y el Sello Real.
Todos los movimientos de los oidores eran de hecho una ceremonia. En el trayecto de su casa hacia la sede de la Real Audiencia iban precedidos cada uno por dos alguaciles que portaban sendas pértigas como símbolo de autoridad. El Presidente de la Audiencia llevaba espadín debajo de la capa y peluca blanca para cubrirse la cabeza. Las labores de la Audiencia empezaban a las siete de la mañana; a las nueve los funcionarios volvían a sus casas para tomar un refresco. A las diez y media celebraban su cotidiana audiencia pública que terminaba a las dos de la tarde, hora a la cual regresaban a su casa para almorzar en forma abundante, dormir luego una prolongada siesta y dedicarse luego al juego del ropillo o truco, precursor del actual billar.

La Real Audiencia
atendía una infinidad de litigios, ninguno de los cuales podía ser llevado ante el tribunal sino por intermedio de un abogado. Por sencillo que el caso fuera, el litigante tenía que ponerlo forzosamente en manos de un jurista. De otra parte, como los letrados cobraban siempre a manera de emolumentos determinados porcentajes del valor de los pleitos, la Audiencia, instituyó el cargo de Abogado de Pobres cuya misión, como lo indicaba su título, era la de representar ante los tribunales a los vecinos carentes de recursos.

viernes, 22 de junio de 2007

La Real audiencia


La instalación de la Real Audiencia de Santafé, en 1550, fue un acontecimiento decisivo en la historia de las instituciones del Nuevo Reino de Granada. Hasta ese momento dicho territorio dependió de la Audiencia de Santo Domingo. Por lo tanto, al crearse la de Santafe el vasto territorio del Nuevo Reino quedó separado de la jurisdicción de Santo Domingo.
La instalación de la Audiencia significó el inicio de la creación de un poder supralocal que intentaba someter, sostenido en una juridicidad y en una visión nacional, el particularismo encomendero.
El advenimiento de la Real Audiencia puede considerarse como el relevo del período turbulento de la Conquista y del imperio arbitrario de sus grandes capitanes, por el de las instituciones y el ordenamiento jurídico. En otras palabras, las audiencias trajeron a estos reinos en una forma mucho más concreta y definitiva la presencia de la autoridad real.
Igual que el Consejo de Indias, las audiencias americanas estaban organizadas como autoridades colegiadas. En un principio se componían de cuatro oidores y un fiscal. En forma rotativa cada año un oidor debía realizar viajes de inspección administrativa y judicial por las provincias que estaban sometidas a su jurisdicción.
Tenía como modelo las cancillerías reales de Castilla; no obstante, las audiencias que operaron de este lado del océano recibieron poderes mucho más amplios que sus similares metropolitanas. La Corona comprendió muy bien que era preciso dotar a las audiencias de las indias con la autoridad necesaria para hacer frente a poderes de facto tan fuertes y arrogantes como el de los conquistadores, para quienes todos los metales y todas las tierras de América no bastaban para recompensar sus trabajos, luchas, esfuerzos y sacrificios en la conquista del Nuevo Mundo.
Por otra parte, frente a la Iglesia las audiencias tenían plenos poderes para designar jueces de instrucción y fallar en querellas sobre el derecho de patronato real y otras regalías de la prole. Inclusive estaba permitido presentar a las audiencias recursos de apelación contra normas y disposiciones promulgadas por virreyes y gobernadores.
En resumen, la misión de las audiencias en la primera fase del régimen colonial fue en esencia salvaguardar el ordenamiento jurídico de estos reinos y representar eficazmente en ellos la autoridad real.
En el intento por representar la soberanía del Rey, sus funcionarios muchas veces usufructuaron de su posición y crearon otro núcleo adicional de interés. De ahí la complejidad y prolijidad de las primeras luchas, de sus frecuentes pugnas y conflictos tanto con la Iglesia como con los cabildos.
El 7 de abril de 1550 fue la fecha histórica en que se estableció la Real Audiencia en Santafé. Componían su primera nómina los oidores Juan López de Galarza, Beltrán de Góngora y Miguel Díaz de Armendáriz. Como fiscal fue nombrado Pedro Escudero, como escribano Alonso Téllez, como regidor mayor Juan de Mendoza y como portero Gonzalo Velásquez.
Una cédula real expedida en julio de 1549 dispuso y ordenó minuciosamente todos los detalles del protocolo que debería rodear la instalación de la Audiencia, así como la entrada a la ciudad del Sello Real, símbolo supremo de la potestad monárquica. El recibimiento de dicho Sello por parte de la Audiencia era una clara representación de cómo este alto tribunal recibía en delegación la plenitud de la autoridad del Rey. En consecuencia, el Sello Real hizo su entrada solemne en la ciudad sobre el lomo de un caballo espléndidamente enjaezado y protegido por un palio. Alrededor del Sello marchaban los regidores portando las varas que simbolizaban su autoridad. El Sello fue depositado con el mayor respeto en la sede de la Audiencia, que entonces estaba en la Plaza de las Yerbas (hoy Parque de Santander). Esta sede fue provisional puesto que pronto la Audiencia se trasladó a una casa en el costado Sur de la Plaza Mayor. En esta forma los habitantes de Santafé fueron por primera vez testigos de una pomposa representación pública destinada a dar a los vasallos ultramarinos una idea visible y tangible de la Majestad Real.
Durante sus primeros años de funcionamiento la Audiencia se dedicó de manera febril a toda suerte de tareas encaminadas a organizar y reglamentar la vida y las actividades de los granadinos. Cabe destacar cómo en todo momento mantuvo entre sus prioridades esenciales la protección de los indígenas en cuanto a tributos y servicios personales. Se iniciaba así una lucha larga y encarnizada entre los antiguos conquistadores y nuevos encomenderos, y la autoridad real respecto a los naturales. Bien sabido es cómo para los primeros los indios no eran nada distinto de bestias de carga en tanto que para la Corona, aquí representada por la Real Audiencia, los nativos tenían que ser considerados y tratados como vasallos libres de la monarquía. Ya hacía casi medio siglo que Isabel la Católica había fijado y sentado las bases de este pensamiento eminentemente humanitario en el texto de su última voluntad, dictado en el Castillo de La Mota en 1504.
Lógicamente, la autoridad de la Real Audiencia no era omnipotente. Por el contrario, su funcionamiento estaba celosamente vigilado por la Corona a través de visitadores, en cuya conducta se vieron todos los matices, puesto que a la par con algunos que se distinguieron por su probidad y rectitud a toda prueba, los hubo también despóticos, corruptos y prevaricadores. Su intervención y sus conflictos llenaron de chismes la ciudad. Muchas veces dividieron a Santafé en dos partidos.
Hubo casos como el de un oidor Mesa que fue degollado en la Plaza Mayor por el mismo verdugo que él había contratado. En esta primera época hubo no pocos oídores que fueron enviados presos a España por faltas supuestas o reales.
Todos estos factores contribuyeron a enredar y a dificultar la administración pública y fueron muchas las oportunidades en que la Audiencia tuvo que avenirse a las presiones del poder local representado por el Cabildo u otras fuerzas locales. La Audiencia no fue en esta primera época tan sólo el instrumento inflexible de la ley y de la de la voluntad real. En muchos asuntos tuvo que ceder a los intereses creados y transar con ellos su definición.
Puede decirse que los grandes asuntos y problemas respecto a los cuales titubeó a menudo la autoridad de la Audiencia fueron: Tasación de los tributos indígenas, legislación sobre el trabajo indígena (servicios personales, movilización,. etc.), repartición de tierras en la Sabana, relaciones con el Cabildo y jurisdicción sobre el gobierno ciudadano.

Durante esta primera época el Cabildo tuvo una intervención más política que administrativa. En su afán por asegurar intereses y prerrogativas, faltaron fondos y voluntad de administrar la ciudad. Ante este vacío, la Audiencia llevó la iniciativa en muchos puntos.

miércoles, 20 de junio de 2007

El Cabildo


Los conquistadores españoles fueron en América muy celosos de constituir cabildos como principal forma de autoridad en cada nuevo núcleo urbano. La fundación de ciudades, de manera semejante a lo sucedido en España, fue la legitimación del territorio conquistado. En particular los cabildos, como primera forma de autoridad civil que existió en el Nuevo Mundo. Los conquistadores debían ceder su poder militar a un órgano formal en las ciudades.
Esta la razón en que se basan quienes no aceptan el año de 1538 como fecha de fundación de Santafé. Ellos afirman que lo que se hizo en ese año fue el establecimiento de un ‘asiento militar’, sin que se cumplieran los requisitos para una fundación permanente. Esta primera fundación adoleció de fallas fundamentales y tan sólo se formalizó con la llegada de Belalcázar y Federman a la Sabana.
En
1538 aún no se establecieron lotes para casas de gobiernos, templos y otras construcciones de primera importancia, ni se fijó el alcance de los ejidos o tierras comunales del municipio. Lógicamente Quesada sintió temor ante el advenimiento de estos dos presuntos y poderosos competidores, y por ello se apresuró a perfeccionar jurídicamente la fundación y afirmar sus derechos como conquistador de la Sabana. En ese momento sí se adelantaron todas las diligencias encaminadas a perfeccionar legalmente la fundación de la ciudad: se trazaron las calles, se marcaron las cuatro esquinas de la Plaza Mayor, se lotearon las manzanas, se plantó el rollo de la justicia y, lo más importante de todo, se designó el Cabildo, asignándole sede en la Plaza Mayor junto con la Catedral y la cárcel.
La primera acta del Cabildo de Santafé (13 de agosto de 1538) que se conoce es apócrifa, imprecisa y no fue expedida en Santafé. Por lo tanto, es de suponer que el primer registro que se tiene de una sesión oficial del Cabildo es del 13 de mayo de 1539 mediante el cual se nombra a Hernán Pérez de Quesada como Gobernador, Capitán y Justicia Mayor.
En la práctica, en esa época los cabildos eran la única autoridad efectiva en las tierras recién conquistadas y, como es de suponerse, estaban compuestos por los más prestigiosos capitanes de la Conquista que, al mismo tiempo, fueron los primeros titulares de grandes encomiendas.
Durante los primeros años el Cabildo de Santafé estuvo integrado por capitanes. Este poder militar se adobaría muy sólidamente a otras privilegiadas condiciones sociales. En esta primera época aunarían el rango de cabildantes (regidores) y usufructuarios de encomienda. En otras palabras, los cabildos eran el gran reducto en el que se agrupaban los encomenderos para defender sus privilegios contra otros poderes que eventualmente podían interferir o recortar sus fueros: el eclesiástico, el de la Real Audiencia o el de los Visitadores, que ejercían la autoridad por directa procuración del monarca.
Los cabildos, que en principio no fueron cosa distinta de omnipotentes “sindicatos” de conquistadores y encomenderos, se vieron bien pronto enfrentados al poder de la Real Audiencia que, en verdad, era la representación del poder real. De ahí los frecuentes choques entre los dos organismos.
Los comienzos de la Colonia fueron la edad dorada de los cabildos en cuanto a influjo y poder político y económico. Una prueba fehaciente de ello es que los cabildos americanos de esa época mantuvieron permanentemente una relación directa con la metrópoli en forma de representantes que vigilaban en España los intereses de sus respectivos cabildos. Estos funcionarios recibieron el nombre de Procuradores.
Para los cabildos resultó excepcionalmente oneroso el mantenimiento de sus procuradores en la Corte. Sin embargo, hicieron el esfuerzo debido a que esa representación les permitió muchas veces dar batallas exitosas contra la Real Audiencia, especialmente en lo tocante a la jurisdicción sobre los indios, que para los cabildantes la mayoría de ellos encomenderos era vital.
Estas peleas por jurisdicción y decisiones de facto se centraron en los dos puntos más importantes de la primera época de vida ciudadana: el manejo de la distribución de tierras y el control sobre los indígenas.
En cuanto a la asignación y reparto de tierras, aunque teóricamente los cabildos no estaban facultados para ejercer estas funciones, el de Santafé distribuyó de hecho una porción muy grande de las tierras de la Sabana.
De
manera particular para Santafé, existe una cédula real que prohíbe al Cabildo otorgar “mercedes de tierras” a partir del 30 de septiembre de 1557. Como en otros asuntos, frente a la norma primó el poder real. Tabulada la información sobre tierras, de doce registros que otorgan mercedes entre 1548 y 1590, ocho de ellos (el 96 %) tiene como origen el Cabildo de Santafé.
En una materia tan estratégica como el control sobre los indígenas, estos choques fueron frecuentes y a menudo pugnaces. Lógicamente la tendencia de los cabildos en este campo era la de usar y abusar por todos los medios posibles de la fuerza de trabajo mínima, en tanto que las audiencias representaban la política humanitaria y proteccionista de la Corona respecto a los naturales.
Una cédula real fechada en 1547 prohibía específicamente al Cabildo de Santafé cualquier intervención en materias indígenas. Por otra parte, la Audiencia asumió, a partir de 1551, la defensa oficiosa de los indígenas. Después de muchas intervenciones contradictorias del máximo mediador (el Rey), puede verse que tan sólo hasta 1592, la Real Audiencia recuperó la jurisdicción real sobre los asuntos indígenas.
La intervención más destacada del Cabildo fue en materia de regulación urbana. Aunque no de manera exclusiva, definió un amplio repertorio de asuntos, dentro de las cuales se destacan los siguientes:
Abastecimiento (carne, trigo), Regulación de pesos y medidas, control de precios, mantenimiento de caminos y calles (empedrado), construcción de infraestructura (puentes, terraplenes), administración de ejidos, dehesas y propios, servicios públicos (abasto de aguas, aseo, alumbrado), mantenimiento de las carnicerías, regulación del comercio interno (tiendas, pulperías), administración de justicia y de policía, funciones protocolarias en las celebraciones públicas, organización de las fiestas públicas.

sábado, 16 de junio de 2007

El nacimiento de la ciudad


Hasta mediados del siglo XVIII tanto la Sabana como Santafé fueron, en términos cuantitativos, predominantemente indígenas. No obstante, en 1757 el visitador Verdugo y Oquendo encontró que en la zona central prevalecían los llamados “vecinos” sobre los indígenas. En ese entonces, en los 80 pueblos de las jurisdicciones de Santafé, Tunja y Vélez había 59.323 “vecinos” y 28.367 indígenas. Sólo un 33 % de la población era indígena.
Entre 1595 y 1640, la población indígena de la Sabana disminuyó de 42.457 habitantes a 33.333, o sea, un 21.5%. Tal reduccion se hizo se hizo menos aguda pasado el primer tercio del siglo XVII y siguió bajando hasta mediados del siglo XVIII.
Esta tendencia histórica a la disminución se debe a la excesiva carga de trabajo que pesaba sobre los aborígenes, así como a las deserciones que aquélla provocaba. Sólo a partir del siglo XVIII, cuando las obligaciones de trabajo forzoso desaparecieron, empezó a reducirse esta situación y se observó un cierto incremento de la población indígena de la Sabana.
Santafé entró a la segunda mitad del siglo XVIII con 15.000 habitantes lo cual, ya le confería el rango de ciudad. Esto significa una mayor presencia de las funciones urbanas y administrativas, los servicios públicos, el estilo de vida, la diferenciación espacial y la intensidad de su papel político.
Se puede, entonces, asociar este desarrollo demográfico de Santafé a un cambio cualitativo: empieza a desempeñar un papel de ciudad tanto en términos genéricos como en el refuerzo de su función como capital del Virreinato. Y en efecto, este pasaje hacia una más compleja categoría coincide con los cambios de todo tipo que experimenta a partir de 1780. Estos incluyen, sumariamente: aumento en la construcción de infraestructura urbana (puentes de acceso y urbanos) y vial (empedrados y alcantarillados); nuevos servicios públicos (alumbrado público, acueductos y pilas); vigilancia nocturna (rondas); recreación (Coliseo Ramírez); salubridad (ampliación del hospital), y seguridad social (hospicio real). Estamos ante el nacimiento de una verdadera ciudad.

miércoles, 13 de junio de 2007

Arboles del Parque Nacional

El día de hoy, he recibido un poema a manera de comentario, que pienso, merece ser publicado como un articulo, con el fin de compartirlo con todos los amables lectores.
De antemano mil gracias a Ennio Prada Madrid por tan fiel testimonio de nuestro queridisimo Parque Nacional.

Arboles del Parque Nacional.

Pasivos y majestuosos se asoman los centenarios seres gobernantes de otros tiempos.
Las cicatrices que deja el paso del eterno devenir cubren absolutamente su piel.
Las tonalidades y sus fragancias evocan la belleza y perfección de un ayer olvidado.
Testigos silenciosos y cómplices de innumerables escenas de la realidad urbana, han establecido una relación de simbiosis con los implacables verdugos de su propia existencia.
El estudiante, el gay, la vendedora, el vigilante y el transeúnte común son acompañados en su paso por el parque por las germinaciones de legendarios emperadores de la escencia de la vida misma.

Ennio Prada Madrid

martes, 12 de junio de 2007

Las primeras calles empedradas


Tal como ocurrió con otros elementos básicos de la civilización urbana, el empedrado de las calles llegó tarde a Santa Fe. Las noticias que hay sobre estas obras vitales de progreso datan del siglo XVIII.
Hasta entonces las calles santafereñas, igual que si fueran trochas agrestes, reflejaban crudamente los altibajos del clima sabanero. En verano, las ráfagas de viento que bajaban de los boquerones vecinos levantaban en las mal llamadas calles, agresivas nubes de polvo que hacían el ambiente irrespirable.
Por el contrario, en invierno, quien no dispusiera de buenas cabalgaduras, o al menos altas y gruesas botas, se veía abocado a zozobrar en el magma lodoso que cubría el suelo. La preocupación por los empedrados coincidió en Santa Fe con los períodos de mayor impulso en la construcción.
El
primero, que cubrió las primeras décadas del siglo XVII, dispuso de amplia mano de obra indígena. Durante esos años, las autoridades coloniales volvieron su atención de manera muy especial hacia la necesidad de convertir estas vías primitivas y cuasi selváticas en auténticas calles mediante el adoquinado.
En 1603 la Real Audiencia se pronunció sobre un ambicioso plan de empedrado que comprendía prácticamente todas las vías importantes de la ciudad. No hubo resultados inmediatos. Pero algo más tarde, en 1614, el dinámico y acucioso presidente Juan de Borja volvió sobre este problema y dispuso de nuevo el empedrado de las calles. Y así, con altibajos y largas interrupciones, se iniciaron estas obras esenciales.
En 1759 se concluyó el empedrado de numerosas calles y de la Plaza Mayor. Siempre, desde luego, apelando a los particulares, ante la inveterada indigencia de las arcas virreinales. Fuera de estas iniciativas oficiales, la autoridad tendría que delegar en las casas particulares el empedramiento de los frentes de las calles habitadas.
El intento por mover a los particulares para que arreglasen sus correspondientes predios públicos fue difícil de poner en práctica; no obstante, tuvo una efectividad moderada. Y según puede colegirse, esta nueva modalidad se abrió paso con ciertas dificultades. El Virrey y su Audiencia, como en muchos otros casos, metió baza para “excitar” al Cabildo para que se encargara de “la compostura y empedrado de las calles por hallarse tan necesitadas de este reparo”.
Una referencia muestra que en 1788 el Fiel Ejecutor, Justo de Castro (Diputado de Empedrados y Aseo) suspendió sus trabajos ante supuestas trabas interpuestas por varios vecinos, así como por conventos y eclesiásticos, pues éstos se negaban a “la obligación en que estaba todo el vecindario de empedrar y asear la parte de calle que les pertenezca”.
Una vez empedradas las calles, surgía el grave problema de su mantenimiento, el cual se hacía imperioso debido al deterioro que causaban los carruajes y las bestias.
La incuria en el mantenimiento agravaba muchas veces el estado de las calles. El adoquinado era objeto de vandalismo, quitaban y sacaban las piedras sin volverlas a reponer, lo cual dejaba las restantes flojas y destruidas, las que a su vez eran destrozadas con facilidad por los carruajes y caballerizas, como consecuencia final se hacian grandes hoyos que llenaban las calles de lodasales y basura, sirviendo estas de tropieso a los que pasaban por ellas con incomodidad, peligro y desaseo de la ciudad.
Este y otros problemas desembocaron en uno peor, que describió en forma dramática Don Manuel de Hoyos, regidor de Santafé, en un memorial dirigido al Virrey:
“Hago presente a V. E. que las casas y calles están llenas de inmundicias, o por mejor decir, convertidas en muladares que apestan; que los cerdos y demás animales corren en manadas por las calles principales; que por las noches no se puede caminar sin tropezar a cada paso con los burros que hacen su alojamiento, o en los zaguanes o junto a las paredes, que es por donde se camina para aprovechar mejor el piso. Los perros incomodan de noche, no menos que de día, habiendo llegado el caso de acometer uno al señor don Juan Martín, superintendente de la Real Casa de Moneda con grave peligro de su salud. Los carros y maderas arrastrados por las calles y las perjudiciales chicherías han arrancado las piedras de las calles, dejando el piso desigual e incómodo, a lo que también ha contribuido la frecuencia con que se abren las cañerías y el poco discernimiento con que esto se ejecuta, causándoles un considerable quebranto a los vecinos que gastaron su dinero en los empedrados, y a mí el dolor de ver introducido el desorden, detenido mi trabajo y aún perdidos muchos pesos que invertí en estas obras por el bien público. Por último, concluyo manifestando a V. E. que la salud pública padece mucho con este abandono, pues respirándose un aire corrompido, no es posible dejar de contraerse muchas enfermedades, y aún las fiebres que han ocurrido en los días pasados se atribuyen a otra causa, de que probablemente resultarán peores consecuencias, si la autoridad de V. E. no pone término a tan grave mal, haciendo que los cuerpos encargados de la policía salgan del letargo en que yacen... ”
No obstante, el panorama desolador que muestra este informe, a fines del siglo XVIII se produjeron algunos avances en el mejoramiento de las vías públicas. En 1789 el Virrey expidió un decreto por el cual se conmina (so pena de cárcel) a los vecinos de las vías principales, no sólo a remendarlas, sino a empedrarlas de nuevo cuando estuviesen deterioradas. Por su parte, las autoridades iniciaron el empedrado de los lugares y calles correspondientes a edificios públicos. De acuerdo con esta iniciativa, se emprendieron y concluyeron las siguientes obras:

- Empedrado del Cuartel de la Guardia de Caballería
- Hechura del caño que corría por delante del Palacio
- Empedrado de los dos costados de la Capilla del Auxiliar
- Empedrado del Palacio Viejo
- Empedrado de los dos costados de la calle Egipto y la de la Biblioteca.

En 1790 ya el Virrey había dispuesto que se hicieran los empedrados correspondientes a todas las posesiones de Su Majestad. En 1802 se hizo un contrato con el maestro mayor de albañilería, Manuel Galeano, con el siguiente presupuesto: para la Calle de la Real Audiencia, 80 pesos; para la Calle de la Real Casa de la Moneda, 50 pesos; para las dos siguientes, 60 pesos. El costo total de esta importante obra fue de 190 pesos

jueves, 7 de junio de 2007

Pilas, fuentes y chorros


Además de los acueductos anteriormente reseñados, que sólo abastecían algunas residencias privilegiadas y de las pocas casas que poseían aljibe propio, el resto de la población tenía que apelar a las pilas o fuentes.
Algunas pilas eran manantiales de origen natural y otras derivaciones de las acequias de los conventos y de las casas principales. Las pilas y chorros principales de la época colonial se mantuvieron hasta bien entrado el siglo XIX.
Fueron ellos el chorro de San Agustín, los chorritos del Rodadero y de Padilla, el cual debe su nombre a Don Zenon Padilla, quien lo descubrió en 1864.
Además de los chorros, proveían de agua las pilas de la Plaza Mayor, San Francisco, San Victorino y Las Nieves.
Las pilas eran puntos obligados de reunión y tertulia, especialmente entre las aguateras que concurrían a llenar sus múcuras y vasijas todos los días y que fueron descritas así por el argentino Miguel Acné, a mediados del siglo XIX:
“En el centro, una fuente tosca, arrojando el agua por numerosos conductos colocados circularmente. Sobre una grada, un gran número de mujeres del pueblo, armadas de una caña hueca, en cuya punta había un trozo de cuerno que ajustaba el pico del agua que corría por el caño asi formado, siendo recogida en un ánfora tosca de tierra cocida. Todas estas mujeres tenían el tipo de indio marcado en su fisonomía; su traje era una camisa, dejando libres el tostado seno y los brazos, y una saya de paño burdo y oscuro, en la cabeza, un sombrero de paja, todas descalzas.

sábado, 2 de junio de 2007

Los primeros acueductos


La incidencia del agua sobre la decisión de Jimenes de Quesada de fundar la ciudad cerca de los cerros de donde bajan los ríos y quebradas, asi como las perspectivas de aprovisionamiento de agua constituyeron un factor decisivo para decidir en qué sitio se debía fijar y desarrollar cualquier asentamiento urbano. Y Santafé, desde luego, no fue una excepción. La abundancia de agua, y especialmente la presencia de los ríos Vicachá y Manzanares (San Francisco y San Agustín) fueron elementos contundentes, era necesario que fundar la nueva ciudad al lado de estas magníficas fuentes del líquido vital. Además, las Leyes de Indias eran perentorias en cuanto a la obligación de establecer las urbes siempre cerca de buenas fuentes de agua y en climas propicios para la vida y la salud de los futuros moradores.
En los primeros años la provisión de agua se obtuvo en Santafé de la manera más rudimentaria y primitiva. Los indios al servicio de los conquistadores la traían hasta las casas de éstos en grandes cántaros que cargaban sobre sus hombros haciendo penosos recorridos de hasta un cuarto de legua. Pero al poco tiempo la situación se agravó debido a que los desechos de la ciudad y los que generaban los lavanderos de ropa que se instalaban en las riberas, fueron enturbiando las limpias aguas, debido a lo cual los amos blancos compelieron a los indios a remontarse más en direcciones de las fuentes, buscando aguas no contaminadas, con lo que se recargaba el trabajo de los aguadores. Pero los indios, en expresión de velada resistencia, optaron por traer el agua de los sitios más cercanos desmejorando notoriamente su calidad. Ante esta grave circunstancia, no hubo otra alternativa que impulsar la construcción de una fuente en la Plaza Mayor.
Como la ciudad carecía de bienes propios, surgió la iniciativa de costear la fuente con un impuesto de sisa a las ventas de carne. El nuevo impuesto fue asperamente controvertido y los vecinos más destacados de la ciudad propusieron a la Audiencia que se decretara más bien una derrama o contribución extraordinaria para la construcción de la fuente. Esta idea se impuso y en 1584 se emprendió la obra en el sitio que ocupaba el rollo o picota donde se ejecutaba o castigaba a los delincuentes e infractores de la ley. Precisamente, el oidor Alonso Pérez de Salazar, que fue el principal impulsador de la pila, había hecho espantable gala de crueldad al desorejar y desnarigar a más de dos mil infelices en el mencionado rollo. En la comunicación en que la Audiencia anunciaba la iniciación de la obra, se advertía a los vecinos que aquellos que quisieran disponer del beneficio de pajas de agua (conducción del líquido hasta sus casas), deberían pagar una suma extra para gozar de tan cómodo servicio. De inmediato se dio comienzo a la construcción de la pila, rematada en el ápice por el legendario “mono” , que permaneció en este sitio por casi tres siglos, hasta que hubo de ceder su lugar a la estatua del Libertador, obra del italiano Tenerani. De allí pasó a la Plazuela de San Carlos, hoy Rufino José Cuervo, más tarde al Museo Nacional, y finalmente al Museo Colonial, en cuyo patio principal se encuentra hoy.

En sus comienzos, el agua era traída a la fuente desde el río San Agustín, pero bien pronto este suministro fue insuficiente, sobre todo en tiempo de verano. Por lo tanto, se hizo patente la necesidad de reforzar esta corriente con aguas del río Fucha. Sin embargo, se tropezó con la consabida dificultad de la penuria fiscal, la que, a su vez, fue suplida con los aportes de los vecinos. En 1681 se comenzó a encauzar las aguas del Fucha hacia la pila de la Plaza Mayor. La obra fue lenta en extremo, sufrió varias interrupciones y sólo hacia 1738 quedó concluida. Pero posteriormente fue necesario unir las aguas del Fucha con las del San Agustín (o Manzanares), tal como lo acordó el Cabildo el 9 de enero de 1741 al ordenar que “los regidores de aguas se junten esta tarde para supervigilar que se encañe el agua antigua del río Manzanares con la que viene del río Fucha por ser ambas pocas, separadas, y necesitarse reunirlas para el abastecimiento de la ciudad... ”. Este acueducto fue el primero de la ciudad y se conoció en aquella época con el nombre de Aguavieja.
Con solemnes ceremonias se inauguró en 1757 el acueducto de Aguanueva, que conducía agua desde el boquerón del San Francisco hasta la pila de la Plaza Mayor. Este acueducto tuvo una larga vida y prestó servicios a la ciudad hasta finales del siglo XIX, cuando ya se estaban instalando tuberías de hierro. Al principio su acequia corría a la intemperie, pero más tarde fue recubierta con cal y piedra. En 1863, el inspector y administrador del Ramo de Aguas, Ambrosio López, rendía un minucioso informe sobre los perjuicios que estaba ocasionando para el aprovisionamiento de agua la acumulación de piedras, cascajo, arena y otros elementos en el interior de la acequia y sobre la necesidad apremiante de poner remedio a esta situación.
En cuanto al acueducto de San Victorino, la idea de construirlo para satisfacer urgentes necesidades, se remonta a finales del siglo XVII cuando los vecinos del sector enviaron una representación en este sentido al Cabildo. Sin embargo, tuvo que pasar un siglo antes de que se iniciara en serio. Se determinó que la pila de San Victorino sería abastecida por las aguas del río Arzobispo, se trazó la ruta de la acequia, que iniciaba su curso en las faldas de Monserrate, y finalmente se dio al servicio en 1803. Fue así como, dentro de las más precarias condiciones, estos acueductos proveieron malamente de agua a esta capital hasta finales de siglo XIX. A estos dos acueductos, y especialmente a los particulares que se les derivaban, puede llamárselos con más acierto acequias, pues eran unas zanjas, algunas con su piso revestido en lajas. El agua corría por la superficie, al aire libre, en las márgenes de las calles y en ocasiones atravesando en diagonal por huertas y solares. Para tener una idea aproximada de las dimensiones de las acequias, recurrimos a los datos que nos ofrece un documento fechado el 10 de junio de 1785 y firmado por el capuchino Fray Dionisio de Valencia, referente a la acequia que conducía el agua al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Esta acequia tenía, en su parte más estrecha, tres de dos y medio de profundidad y once dedos de diámetro, y en su parte más ancha cuatro dedos y medio de profundidad y un palmo de diámetro.

Los acueductos eran de mala construcción, consistiendo en un canal excavado al aire libre en las tomas de agua de algunos de ellos y prolongados hasta cierta extensión. Estos canales se convertían en una cañería de piedras redondas o apenas recortadas colocadas sin cimiento alguno o con mala mezcla de cal, grasa y arena, en las cercanías de la ciudad, y en un canal de ladrillo o de piedras a medio labrar, con mal cimiento, dentro de la ciudad misma, dando lugar a evaporaciones, infiltraciones y pérdidas de más de la mitad del agua aprovechable, absorbiendo los residuos de las materias orgánicas y excrementicias del suelo permeable, y dando origen a enfermedades del estómago, sobre todo en las épocas de calor.